Inocencia y experiencia

Los viajes de Mingliaotsé: 1. La razón de la fuga

2009-06-18T00:00:00.004+02:00

T'u Lung (alias T'u Ch'ibshui): Los viajes de Mingliaotsé

Capítulo I. La razón de la fuga

Mingliaotsé ejerció la política un tiempo, y se cansó de las costumbres del mundo, de tener que decir cosas contra su corazón y de cumplir ceremonias contra las buenas formas.

¿Qué es "decir cosas contra su corazón"? Un huésped y su visitante se hacen una gran reverencia y después de unas pocas frases triviales acerca del tiempo no se atreven a hacer más comentarios. Personas que encontramos por primera vez nos estrechan la mano e insisten en que son nuestros amigos del alma, pero después de haberse separado de nosotros les somos y nos son completamente indiferentes. Cuando alabamos a una persona la comparamos al santo Poyi, y tan pronto como se marcha y nos da la espalda le comparamos al ladrón Cheh. Y cuando estamos sentados, cómodamente, gozando una conversación, tratamos de conservar una seca dignidad, aunque tenemos tanto que nos gustaría decir; y parloteamos acerca de nobles ideales, pero tenemos conductas inmorales. Por el temor de que abrirnos el pecho sería revelar la verdad, y que decir la verdad haría daño, echamos a un lado esos pensamientos y dejamos que la conversación derive sin objeto hacia temas triviales. A veces llegamos a ser actores y a suspirar o gritar para ocultar nuestros pensamientos, de manera que nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca y nuestra nariz ya no son nuestros, y nuestro furor, nuestra alegría, nuestra risa y nuestras censuras ya no son auténticas. Tal es la convención establecida en la sociedad, y no hay manera de rectificarla.

Y, ¿qué es "cumplir ceremonias contra las buenas formas"? Al tratar con nuestros semejantes de cualquier rango que sean, hacemos reverencias y saludos el día entero, aunque sean viejos amigos nuestros. Sin razón nos disociamos de algunos, como si fuesen enemigos mortales, e igualmente sin razón tratamos de acercarnos a otros, aunque no tengan verdadera afinidad con nosotros. Apenas ha abierto la boca un noble cuando ya decimos: "¡Sí, señor!", vociferando, porque solo necesita alzar una mano para que rueden nuestras cabezas. Observamos a dos personas que se visitan recíprocamente, y aunque les indigne verse las caras pasan los días ocupados en desmontar de sus caballos y dejarse sus tarjetas de visita uno al otro. Pero visitar a un amigo para preguntar por su bienestar no debería ser solamente una fórmula vacía.

Tarjeta de visita del político chino Li Sung Chang

¿Quisieron que fuese así los reyes antiguos que establecieron estas ceremonias? Nos ponemos las túnicas y los cinturones con la sensación de ser monos enjaulados, hasta el punto que cuando un piojo nos pica en el cuerpo y sentimos comezón en la piel no podemos rascarnos. Y cuando marchamos ociosamente por las calles tememos desobedecer la ley. Inmediatamente, nuestros ojos miran a nuestra nariz, y no osamos dirigir la vista más allá de una breve distancia, y si miramos más allá de una breve distancia, otras personas nos mirarán para tratar de saber qué estamos haciendo. Cuando queremos acomodarnos, y la sensación es intensa, no nos atrevemos a detenernos sin alguna excusa. Los políticos siempre tienen presente la espada por delante y la crítica de los demás por detrás. Las estaciones fría y cálida les causan molestias en el cuerpo, y el deseo de posesiones y el temor de la pérdida les causan molestias en el corazón. Así sufren pérdidas mayores que las que vienen del simple temor de ser incorrectos. Hasta los espíritus más nobles y caballerescos, que tienen cierto sentido de sabio desencanto y se complacen en ser lo que son, caen en la trampa una vez que son políticos. Por eso, por el deseo de emancipar su corazón y liberar su voluntad, Mingliaotsé se dispone a viajar por el País de los Indiferentes.

Acaso diga alguien: "He oído que el discípulo de Tao vive en la calma y no se siente solo, y vive en una muchedumbre y no siente el ruido. Vive en el mundo y no es del mundo, carece de esclavitud y no necesita la emancipación, y pronto crece de su axila izquierda un sauce, y un pájaro hace nido en la cima de su cabeza. Esto es lo más alto de la cultura de la quietud y la emancipación. Ser un sirviente en la cocina, o recoger desperdicios del suelo, es propio de las profesiones más bajas; pero el santo no se perturba por ellas. ¿No hace usted que su espíritu sea sirviente de su cuerpo, cuando teme las restricciones de la vida oficial, y cede al deseo de viajar por lugares inusitados?"

Y Mingliaotsé responde: "Quien ha logrado el Tao puede meterse en el agua sin mojarse, saltar a las llamas sin quemarse, caminar sobre la realidad como si fuera un vacío y viajar por un vacío como si fuera la realidad. Puede estar cómodo doquiera se encuentre, y solo en cualquier ambiente. Esto es natural en él. Pero yo no he logrado el Tao; yo soy solamente un amante del Tao. Quien ha logrado el Tao es dueño de sí, y para él se disuelve el universo. Arrojadle en la compañía de los ruidosos y los sucios, y será como una flor de loto que crece en agua fangosa, que es tocada por ella pero no sufre mácula. Por lo tanto, no tiene que elegir dónde ir. Yo no soy todavía competente para esto, porque soy como un sauce que sigue al viento: cuando está quieto el viento, quieto estoy yo, y cuando se mueve el viento, también me muevo. Soy como arena en el agua: limpia o fangosa según lo sea el agua. He logrado a menudo la pureza y la quietud por un día entero, y las he perdido luego en un momento; y a veces he logrado la pureza y la quietud por un año y las he perdido en un día. No me ha sido posible dejar todo y no perturbarme por las cosas materiales que me rodean. Si un emperador pudiera seguir el Tao, ¿por qué tuvieron que ir Ch'ao Fu y Hsü Yu a la colina Chi y al río Ying? Si un príncipe pudiera seguir el Tao, ¿por qué tuvo que ir Sakyamuni a los Himalaya? Si un duque pudiera seguir el Tao, ¿por qué tuvo Chang Liang que pedir licencia como enfermo? Y si un político de menor cuantía pudiera seguir el Tao, ¿por qué tuvo que renunciar T'ao Yüanming a su cargo? Voy a emancipar mi corazón y a liberar mi espíritu, y a viajar por el País de los Indiferentes".

"Hazme saber de tus viajes", dice el amigo, y Mingliaotsé responde:

"Quien viaja lo hace para abrir los oídos y los ojos, y distender el espíritu. Explora los Nuevos Estados y viaja por los Ocho Países Bárbaros, con la esperanza de poder juntar la Esencia Divina, y conocer grandes taoístas, y poder comer de la planta de eterna vida, y encontrar el tuétano de las rocas. Cabalgando en el viento y navegando en el éter, va fríamente por doquiera el viento le lleve. Después de estas andanzas vuelve, se encierra y se sienta a mirar una lisa pared, y de esta manera termina su vida. No soy yo uno de los que han logrado el Tao. Me gustaría alojar el espíritu dentro del cuerpo, nutrir mi virtud con dulzura y viajar por el éter convirtiéndome en un vacío. Pero no me es posible. Traté de alojar el espíritu dentro del cuerpo, pero de pronto desapareció fuera; traté de nutrir mi virtud con la dulzura, pero de pronto se convirtió en intensidad de sentimiento; y traté de ambular por el éter manteniéndome en el vacío, pero de pronto surgió en mí un deseo. Y así, pues, incapaz de encontrar la paz dentro de mí, utilicé el ambiente externo para calmar mi espíritu, e incapaz de encontrar deleite dentro del corazón, pedí al panorama que lo deleitara. Extraños, pues, fueron mis viajes".

Las muy ricas horas: Las bicicletas son para el verano (mayo.2009)

2009-05-10T02:26:00.012+02:00

Como siempre, las bicicletas son para el verano.

Bueno, para la primavera también valen. En fin, que ya he empezado a coger la bici. Necesita una pequeña reparación, pero de momento espero que aguante hasta que tenga ganas de llevarla al taller. Y, mañana por la mañana, me voy con Fonso en bici, a la Capital, a comprar el periódico. Así que, ¿qué mejor canción que el magnífico híbrido que hizo Elvis, de las dos grandiosas canciones: Bicis para dos, y bicis rotas, de Paul y Tom...

...Así que las bicis son para el verano. Pero entre tanto, sí, ha llegado mayo florido; y ayer llegó la primavera a un parlamento, cuando un político de estos tiempos se atrevió a tomar posesión de su cargo hablado de las cosas importantes de la vida:

Mayo

Mira, ha entrado mayo,
Ha extendido su párpado azul sobre el puerto
Ven, y hablaremos de las cosas de siempre,
Del valor que tiene ser amable,
De la necesidad de arreglárnoslas con las dudas.
De cómo llenar los huecos que tenemos dentro,
Ven, siente en tu rostro la mañana,
Cuando estamos tristes, todo parece oscuro;
Cuando estamos fuertes, el mundo se desmigaja.
Cada uno de nosotros guarda algo desconocido de las vidas ajenas.

Kirmen Uribe

Nada dos veces

Nada sucede dos veces
Y es lo que determina
Que nazcamos sin destreza
Y muramos sin rutina
Ningún día se repite,
Ni dos noches son iguales
Ni dos besos parecidos,
Ni dos citas similares
Entre sonrisas y abrazos
Verás que la paz se fragua
Aunque seamos distintos
Cual dos gotas de agua.

Wislawa Szymborska

Pero yo quería poner dos canciones de primavera, hibridadas después en una sola. Bueno, quizá no sean de primavera; pero qué sé yo, he nacido sin destreza porque nada sucede dos veces.

Paul McCartney: Junk (Bicycles for two):

Tom Waits & Cristal Gayle: Broken bicycles
De la gran peli One from the heart (Corazonada):

Y el híbrido: Elvis Costello & Anne Sofie: Broken bicycles / Junk:

Y ahora la letra hibridada:

Broken Bicycles

Broken bicycles, old busted chains

Rusted handlebars, out in the rain

Somebody must have an orphanage for

All these things that nobody wants anymore

September's reminding July

It's time to be saying goodbye

Summer is gone, our love will remain

Like old broken bicycles out in the rain

Junk

Motorcars, handlebars

Bicycles for two

Broken-hearted jubilee

Parachutes, army boots

Sleeping bags for two

Sentimental jamboree

"Buy! Buy!" says the sign in the shop window

"Why? Why?" says the junk in the yard

Broken Bicycles

Broken bicycles, don't tell my folks

'Cos all those playing cards pinned to the spokes

Laid out like skeletons out on the lawn

The wheels won't turn when the other half's gone

Seasons can turn on a dime

Somehow I forget every time

For the things that you've given me

Will always stay

They're broken

But I'll never throw them away

Bicis rotas / El trasto

Bicis rotas, viejas cadenas quebradas

Manillares oxidados, afuera en la lluvia

Alguien debería tener un asilo para

Todas esas cosas que ya nadie quiere

Septiembre se acuerda de julio

Es hora de decir adiós

El verano se ha ido, nuestro amor quedará

Como viejas bicis rotas afuera en la lluvia

Coches, manillares

Bicis para dos

Aniversario del corazón roto

Paracaídas, botas militares

Sacos de dormir para dos

Festival sentimental

"Compre! Compre!" -dice el cartel del escaparate

"Por qué? Por qué?" -dice un trasto del patio

Bicis rotas, no les digais a los míos

Por qué todos esos naipes descartados

Abandonados como esqueletos afuera en el pasto

Las ruedas ya no rodarán cuando la otra mitad se haya ido

Las cosas cambian tan de pronto

No sé cómo siempre lo olvido

Pues las cosas que me has dado

Siempre quedarán

Están rotas

Pero nunca las tiraré

Ojalá yo sea capaz de no tirar nunca las cosas que me habéis dado.

Linda Apple
Bicycle ride
Óleo, 2007
Daily painters

Videodrome: Mi infancia son recuerdos

2009-05-04T00:00:00.006+02:00

Videodrome de Radio 3 (2 de mayo de 2009)

Programa dedicado a las dos mejores películas de la historia del cine español

Suicide is painless

2008-07-12T11:21:00.004+02:00

Y es que resulta difícil creer que sea el título de una canción enormemente optimista.
Y que la letra la escribiera un niño de catorce años:

Suicide is painless

Johnny Mandel (música) y Mike Altman (letra)

Through early morning fog I see

Visions of the things to be

The pains that are withheld for me

I realize and I can see...

That suicide is painless

It brings on many changes

And I can take or leave it if I please.

I try to find a way to make

All our little joys relate

Without that ever-present hate

But now I know that it's too late, and...

That suicide is painless

It brings on many changes

And I can take or leave it if I please.

The game of life is hard to play

I'm gonna lose it anyway

The losing card I'll someday lay

So this is all I have to say.

That suicide is painless

It brings on many changes

And I can take or leave it if I please.

The only way to win is cheat

And lay it down before I'm beat

And to another give my seat

For that's the only painless feat.

That suicide is painless

It brings on many changes

And I can take or leave it if I please.

The sword of time will pierce our skins

It doesn't hurt when it begins

But as it works its way on in

The pain grows stronger... watch it grin, but...

That suicide is painless

It brings on many changes

And I can take or leave it if I please.

A brave man once requested me

To answer questions that are key

Is it to be or not to be

And I replied 'oh why ask me?'

That suicide is painless

It brings on many changes

And I can take or leave it if I please.

'Cause suicide is painless

It brings on many changes

And I can take or leave it if I please.

...And you can do the same thing if you please.

El suicidio no duele

A través de la niebla matinal

Veo visiones de lo que será

De los dolores que me esperan

Soy consciente y veo...

Que el suicidio no duele

Que ofrece tantos cambios

Y que puedo cogerlo o tomarlo, como quiera.

Intento encontrar una forma de relacionar

Todos nuestros pequeños placeres

Sin ese odio sempiterno

Pero sé que ya es tarde, y...

Que el suicidio no duele

Que ofrece tantos cambios

Y que puedo cogerlo o tomarlo, como quiera.

El juego de la vida es duro

Y de todas formas lo voy a perder

Un día sacaré la carta perdedora

Y esto es todo lo que puedo decir.

Que el suicidio no duele

Que ofrece tantos cambios

Y que puedo cogerlo o tomarlo, como quiera.

La única forma de ganar es hacer trampas

Y dejarlo antes de la caída

Y ceder a otro mi sitio

Es la única derrota indolora.

Que el suicidio no duele

Que ofrece tantos cambios

Y que puedo cogerlo o tomarlo, como quiera.

La espada del tiempo perforará nuestra piel

Al principio no duele

Pero a medida que va encontrando su camino hacia dentro

El dolor crece y crece... encáralo con una sonrisa si quieres, pero sabe...

Que el suicidio no duele

Que ofrece tantos cambios

Y que puedo cogerlo o tomarlo, como quiera.

Un hombre valiente me pidió

Responder a las preguntas clave

Se trata de ser o no ser

Y le dije "oh, por qué preguntarme a mí?"

Que el suicidio no duele

Que ofrece tantos cambios

Y que puedo cogerlo o tomarlo, como quiera.

Que el suicidio no duele

Que ofrece tantos cambios

Y que puedo cogerlo o tomarlo, como quiera.

...Y tú puedes hacer lo mismo, como quieras.

Jenny la Pirata

2008-06-04T00:06:00.001+02:00

Pirate Jenny,
de la
Ópera de cuatro cuartos,
con letra de Bertolt Brecht y música de Kurt Weill,
cantada por Lotte Lenya

Y por Nina Simone

You people can watch while I'm scrubbing these floors
And I'm scrubbin' the floors while you're gawking
Maybe once ya tip me and it makes ya feel swell

In this crummy Southern town
In this crummy old hotel
But you'll never guess to who you're talkin'.
No. You couldn't ever guess to who you're talkin'.

Then one night there's a scream in the night
And you'll wonder who could that have been
And you see me kinda grinnin' while I'm scrubbin'
And you say, "What's she got to grin?"
I'll tell you.

There's a ship
The Black Freighter
With a skull on its masthead
Will be coming in
You gentlemen can say, "Hey gal, finish them floors!
Get upstairs! What's wrong with you! Earn your keep here!”
You toss me your tips and look out to the ships
But I'm counting your heads as I'm making the beds
Cuz there's nobody gonna sleep here, honey
Nobody
Nobody!

Then one night there's a scream in the night
And you say, "Who's that kicking up a row?"
And ya see me kinda starin' out the winda
And you say, "What's she got to stare at now?"
I'll tell ya.

There's a ship
The Black Freighter
turns around in the harbor
shootin' guns from her bow
Now
You gentlemen can wipe off that smile off your face
Cause every building in town is a flat one
This whole frickin' place will be down to the ground
Only this cheap hotel standing up safe and sound
And you yell, "Why do they spare that one?"
Yes.
That's what you say.
"Why do they spare that one?"

All the night through, through the noise and to-do
You wonder who is that person that lives up there?
And you see me stepping out in the morning
Looking nice with a ribbon in my hair
And the ship
The Black Freighter
runs a flag up its masthead
and a cheer rings the air

By noontime the dock
is a-swarmin' with men
comin' out from the ghostly freighter
They move in the shadows where no one can see
And they're chainin' up people
and they're bringin' em to me
askin' me,
"Kill them NOW, or LATER?"
Askin' ME!
"Kill them now, or later?"

Noon by the clock and so still by the dock
You can hear a foghorn miles away
And in that quiet of death
I'll say, "Right now.
Right now!"

Then they'll pile up the bodies
And I'll say,
"That'll learn ya!"
And the ship
The Black Freighter
Disappears out to sea
and
on
it
is
me

Jenny la Pirata

Vosotros mirad cómo limpio estos suelos
Y limpio los suelos mientras vosotros estáis papando moscas
Quizá alguna vez me golpeáis y eso os hace inflaros
En esta ciudad sureña de mala muerte
En este viejo hotel de mala muerte
Pero nunca sabréis con quién habláis
No. Nunca podréis saber con quién habláis.

Entonces una noche un grito en la noche
Y os preguntaréis quién podrá haber sido
Y me veréis riendo mientras friego
Y diréis: “¿Qué le hace reírse”
Os lo diré.

Resulta que un barco
El Carguero Negro
Con una calavera en el palo vigía
Vendrá
Vosotros caballeros decís: “¡Oye, chica! ¡Termina los suelos!
¡Sube! ¡Qué te pasa! ¡Gánate el sustento!
Me dáis vuestros golpes y miráis los barcos afuera
Pero yo voy midiendo vuestras cabezas mientras hago las camas
Pues no habrá nadie que duerma aquí, cielitos
Nadie
¡Nadie!

Entonces una noche un grito en la noche
Y decís: “¿Quién es el que arma tal escándalo?”
Y me veís plantada en la ventana
Y decís: “¿A qué está esperando ahora?”
Os lo diré.

Resulta que un barco
El Carguero Negro
Da la vuelta en el puerto
Disparando desde proa
Ahora

Vosotros caballeros podéis barreros esa sonrisa de la cara
Pues todos los edificios de la ciudad han caído
Todo este lugar será echado abajo
Y sólo este hotel barato quedará en pie, seguro y sólido
Y decís: “¿Por qué perdonan éste?”
Sí.
Eso decís.
“¿Por qué perdonan éste?”

Toda la noche en medio, en medio del ruido y el jaleo
Os preguntáis quién vive aquí
Y a la mañana me véis salir fuera
Guapa con mi cinta en el pelo
Y el barco
El Carguero Negro
Iza una bandera a lo alto del mástil
Y un clamor hiende el aire

Hacia mediodía el muelle
Es un enjambre de hombres
Saliendo del carguero espectral
Se mueven en las sombras donde nadie puede verlos
Y encadenan a la gente
Y me la traen

Preguntándome
“¿Los matamos AHORA, o LUEGO?”
¡Preguntándome A MÍ!
“¿Los matamos ahora, o luego?”

Mediodía en el reloj y el muelle tranquilo
Se oye una sirena a millas de distancia
Y en esa quietud mortal
Diré: “Ahora.
¡Ahora!”

Luego apilarán los cuerpos
Y diré:
“¡Así aprenderéis!”
Y el barco
El Carguero Negro
Desaparece en el mar
y
en
él
voy
yo

Vino

2008-06-03T00:42:00.001+02:00

Lilac Wine,
de James Shelton,
cantada por Jeff Buckley

I lost myself on a cool damp night
I gave myself in that misty light
Was hypnotized by a strange delight
Under a lilac tree

I made wine from the lilac tree
Put my heart in its recipe
It makes me see what I want to see
And be what I want to be

When I think more than I want to think
Do things I never should do
I drink much more that I ought to drink
Because it brings me back you

Lilac wine is sweet and heady,
Like my love
Lilac wine, I feel unsteady,
Like my love

Listen to me, I cannot see clearly
Isn't that she, coming to me
Nearly here

Lilac wine is sweet and heady,
Where's my love
Lilac wine, I feel unsteady,
Where's my love

Listen to me, why is everything so hazy
Isn't that she, or am I just going crazy, dear

Lilac wine, I feel unready for my love
Feel unready, for my love.

Vino de lilas

Me perdí en una fría y húmeda noche
Cedí en esa luz neblinosa
Quedé hipnotizado por un encanto extraño
Bajo un lilo

Hice vino de las lilas
En la fórmula puse mi corazón
Me hace ver lo que quiero ver
Y ser lo que quiero ser

Cuando pienso más de lo que quiero pensar
Y hago cosas que no hubiera hecho
Bebo mucho más de lo que debiera beber
Porque te me devuelve

El vino de lilas es dulce y fuerte,
Como mi amor
Vino de lilas, me siento vacilar,
Como mi amor

Escucha, no veo claro
¿No es ella?, volviendo a mí
Cerca de aquí

El vino de lilas es dulce y fuerte,
Dónde está mi amor
Vino de lilas, me siento vacilar,
Dónde está mi amor

Escucha, porqué es todo tan difuso
¿No es ella?, o me estoy volviendo loco, sin más, cariño

Vino de lilas, no me siento preparado para mi amor
No me siento preparado, para mi amor.

La balada de Lucy Jordan: siempre le quedará París

2008-06-02T00:01:00.000+02:00

The ballad of Lucy Jordan
Marianne Faithfull

The mornin' sun touched lightly
On the eyes of Lucy Jordan
In her white suburban bedroom
In her white suburban town
As she lay there, neath the covers
Dreamin' of a thousand lovers'
Til the world turned orange
And the room went spinnin' round

At the age of thirty-seven
She realised she'd never ride
Through Paris in a sportscar
With the warm wind in her hair
So she let the phone keep ringing
As she sat there softly singin'
Pretty nurs'ry rhymes she'd memorised
In her daddy's easy chair

Her husband he was off to work
And the kids were off to school
And there were on so many ways
For her to spend the day
She could clean the house for hours
Or rearrange the flowers
Or run naked down the shady street
Screamin' all the way

At the age of thirty-seven
She realised she'd never ride
Through Paris in a sportscar
With the warm wind in her hair
So she let the phone keep ringing
As she sat there softly singin'
Pretty nurs'ry rhymes she'd memorised
In her daddy's easy chair

The evenin' sun touched gently on
The eyes of Lucy Jordan
On the rooftop where she climbed
When all the laughter grew too loud
And she bowed and curtseyed to the man
Who reached and offered her his hand
And led her down to the long white car
That waited past the crowd

At the age of thirty-seven
She knew she'd found forever
As she rode along through Paris with the warm wind in her hair ...

La balada de Lucy Jordan

El sol de la mañana acariciaba suavemente
Los ojos de Lucy Jordan
En su cama blanca de la ciudad dormitorio
En su ciudad dormitorio blanca
Mientras yacía allí, bajo las mantas
Soñando con mil amantes
Hasta que el mundo se volvió naranja
Y el cuarto se puso a dar vueltas

A la edad de treinta y siete
Se dio cuenta de que nunca
Atravesaría París en un coche deportivo
Con el viento cálido en el pelo
Así que dejó el teléfono sonar
Mientras se sentaba allí, cantando en voz baja
Bellas canciones de cuna que recordaba
En el sillón de su padre

Su marido había salido a trabajar
Y los niños habían salido al colegio
Y tenía ella tantas formas
De pasar el día
Podía limpiar la casa horas y horas
O arreglar otra vez las flores
Gritando todo el tiempo

A la edad de treinta y siete
Se dio cuenta de que nunca
Atravesaría París en un coche deportivo
Con el viento cálido en el pelo
Así que dejó el teléfono sonar
Mientras se sentaba allí, cantando en voz baja
Bellas canciones de cuna que recordaba
En el sillón de su padre

El sol de la tarde acariciaba dulcemente
Los ojos de Lucy Jordan
En el tejado al que se subió
Cuando su risa se hizo demasiado estridente
Y ella saludaba y hacía una reverencia
Al hombre que la alcanzó y le ofreció su mano
Y la condujo al largo coche blanco
Que esperaba al otro lado de la multitud

A la edad de treinta y siete
Supo que lo había encontrado para siempre
Mientras atravesaba París con el viento cálido en el pelo ...

El hombre de negro

2008-06-01T00:01:00.002+02:00

Johnny Cash
Man in black

Well, you wonder why I always dress in black,
Why you never see bright colors on my back,
And why does my appearance seem to have a somber tone.
Well, there's a reason for the things that I have on.

I wear the black for the poor and the beaten down,
Livin' in the hopeless, hungry side of town,
I wear it for the prisoner who has long paid for his crime,
But is there because he's a victim of the times.

I wear the black for those who never read,
Or listened to the words that Jesus said,
About the road to happiness through love and charity,
Why, you'd think He's talking straight to you and me.

Well, we're doin' mighty fine, I do suppose,
In our streak of lightnin' cars and fancy clothes,
But just so we're reminded of the ones who are held back,
Up front there ought 'a be a Man In Black.

I wear it for the sick and lonely old,
For the reckless ones whose bad trip left them cold,
I wear the black in mournin' for the lives that could have been,
Each week we lose a hundred fine young men.

And, I wear it for the thousands who have died,
Believen' that the Lord was on their side,
I wear it for another hundred thousand who have died,
Believen' that we all were on their side.

Well, there's things that never will be right I know,
And things need changin' everywhere you go,
But 'til we start to make a move to make a few things right,
You'll never see me wear a suit of white.

Ah, I'd love to wear a rainbow every day,
And tell the world that everything's OK,
But I'll try to carry off a little darkness on my back,
'Till things are brighter, I'm the Man In Black.

Loquillo y los Trogloditas
El hombre de negro

Voy de negro y te preguntas el por qué
porque no visto otros colores sé muy bien
que mi apariencia puede resultar sombría y gris
tengo razones para vestir así

Llevo el negro por los pobres y también
por los vencidos puestos contra la pared
Lo llevo por el preso,
que paga el sueldo de
una ley hecha a medida del poder.

Llevo el negro por aquellos que jamás
hicieron caso a Cristo al proclamar
que existe un camino de Amor y de Piedad
hablo claro, tú me entenderás

Voy de negro por la injusta soledad
de los viejos y los que acabarán
fríos como piedras después de cabalgar
mientras alguien se hace rico en su sofá

Voy de negro por el joven que caerá
en la guerra creyendo tener detrás
a Dios y a su madre de su lado
y no es verdad.
es la carne del juego de un general

Sé que hay cosas que nunca estarán bien
pero nada es imposible mírame
yo canto esta canción
¿ que puedes hacer tú ?
Mira hacia dentro y carga con tu cruz

Quiero enseñar un arco iris al cantar
pero en mi espalda cae la oscuridad
y hasta que la luz no brille de verdad
voy de negro, de negro me verás.

Historia de las dos o tres Españas

2008-05-23T17:23:00.018+02:00

Serie de artículos en Inocencia y experiencia sobre la historia contemporánea de España:

La España de finales del siglo 18 y principios del 19: 1789-1808

Guerra y revolución: 1808-1815

El reinado de Fernando 7º: absolutismo versus liberalismo: 1814-1833

Las regencias; la implantación del régimen liberal: 1834-1843

E l reinado efectivo de Isabel 2ª: moderantismo y progresismo: 1843-1868

El sexenio democrático: 1868-1874

Alfonso 12 y la restauración: los gobiernos conservadores: 1875-1881

El bipartidismo y el turno político: la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena: 1881-1902

La pérdida de las colonias ultramarinas; la crisis de fin de siglo: 1895-1902

El reinado de Alfonso 13; la regeneración del sistema: Maura y Canalejas: 1902-1912

Crisis e incapacidad del sistema de la restauración: 1913-1923

La dictadura de Primo de Rivera y el fin de la monarquía: 1923-1931

La segunda República española: el bienio republicano-socialista: 1931-1933

La segunda República española: el gobierno radical-cedista y el del Frente Popular: 1933-1936

La Guerra Civil española: 1936-1939

El franquismo nacionalsindicalista: 1939-1950

El franquismo nacionalcatólico: 1950-1960

El franquismo en la década prodigiosa: 1960-1969

El franquismo tardío: 1969-1975

La transición española: la monarquía del 18 de julio y la Constitución de 1978: 1975-1978

La monarquía constitucional: 1979-1982

Los gobiernos de Felipe González: 1982-1996

La primera legislatura del Partido Popular: 1996-2000

Francisco de Goya y Lucientes
Saturno devorando a sus hijos

Goya en Inocencia y experiencia

La primera legislatura del Partido Popular: 1996-2000

2008-05-23T13:17:00.001+02:00

Las elecciones generales del 3 de marzo de 1996

Rota la asociación con CiU, el PSOE no pudo aprobar, a finales de 1995, los presupuestos del Estado de 1996, y convocó por ello elecciones generales anticipadas. El PP tenía muchas posibilidades de ganar, quizá incluso con mayoría absoluta; basó su discurso en la denuncia de la corrupción. El PSOE, por su parte, fundó su campaña electoral sobre la definición del PP como heredero del franquismo, y sobre la crítica de su programa como un proyecto de desmantelamiento del estado del bienestar.

El PP ganó, efectivamente, pero por una mayoría relativa muy alejada de la absoluta, y la derrota del PSOE no fue tan dura como se había esperado por el grave descrédito de sus últimos gobiernos. IU obtuvo una leve mejora en sus resultados. Como venía siendo habitual, la distribución de la representación entre los partidos nacionalistas y regionalistas no varió sustancialmente. Al PP le costó mucho conseguir un acuerdo de gobierno, retrasándose por tanto la investidura de José María Aznar; pero finalmente lo logró con el apoyo de CiU, PNV y Coalición Canaria. El contenido del pacto de gobierno comprendía: una política económica orientada al cumplimiento de los requisitos de convergencia europea (contención del déficit público y la inflación, y liberalización); mantenimiento del estado del bienestar; y desarrollo del sistema autonómico y potenciación de la financiación propia de las instituciones regionales. Aunque en la campaña electoral la denuncia de la corrupción había sido un elemento importante, la moderación de la derrota del PSOE indica que pudo no deberse tanto a las prácticas ilegales de parte de sus miembros como a la crisis interna del partido y al agotamiento de su programa político. Las posibilidades de recuperar el gobierno dependerían, por tanto, de la consecución de una nueva cohesión, y de la renovación del proyecto político.

Los miembros más importantes del nuevo gobierno fueron los siguientes: procedentes de la derecha, Francisco Álvarez Cascos como vicepresidente y ministro de la Presidencia, Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía y Hacienda, y Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas; y procedentes del centro (UCD y CDS), Jaime Mayor Oreja en Interior, y Javier Arenas en Trabajo y Asuntos Sociales. Este gobierno se mantuvo bastante estable durante toda la legislatura, con ligeros cambios cuyo objetivo era ofrecer una imagen más centrista. La necesidad de desplazar el partido hacia el centro procedía de la dependencia parlamentaria respecto al nacionalismo y el regionalismo moderados; pero también de la pequeñez de la diferencia de voto respecto al PSOE, que obligaba a seguir acercándose al sector centrista del electorado de este último. De hecho, la política general fue de centro, y esencialmente continuista respecto a la última legislatura del PSOE. Las diferencias principales se produjeron en dos aspectos: se dio una dirección muy distinta a la política exterior, y el crecimiento económico del período no se correspondió con una redistribución justa de la riqueza mediante el aumento del gasto social.

La política exterior y de defensa

El gobierno del PP consolidó la política precedente de integración de España en las intervenciones militares internacionales. En este sentido, se mantuvo la presencia española en Bosnia-Herzegovina. Pero, sobre todo, se participó directamente en la campaña de bombardeo aéreo con la que comenzó la Guerra de Serbia, promovida por la OTAN en 1999; después, España intervino así mismo en la fase de ocupación. Esta participación tan directa se ejecutó sin la aprobación en Cortes. Formaba parte del proyecto del PP (apoyado, no obstante, por el PSOE en el parlamento) de la integración plena en la estructura militar de la OTAN, que había sido aprobada en el primer año de gobierno del PP.

Esta activa implicación se debía a un claro alineamiento, en política exterior, con Estados Unidos, en contraste con la independencia que habían mantenido los gobiernos de UCD y PSOE. La integración plena en la OTAN y las intervenciones militares no fueron las únicas consecuencias de este alineamiento. También lo fue la política exterior general en Iberoamérica. Así, por ejemplo, se mantuvo una cierta tensión con Cuba, en contraste con las buenas relaciones desarrolladas por los gobiernos anteriores. Por otra parte, la posición del gobierno fue ambigua respecto a los procesos penales realizados en la Audiencia Nacional por Baltasar Garzón contra Augusto Pinochet y varios responsables de la dictadura militar argentina. En estos y otros países, una parte importante de la población fue muy favorable a este concepto no territorial de la justicia; pero otra lo denunció como una nueva forma de imperialismo, lo que incluso fue puesto en relación con el gran volumen de inversiones de capital español en la región.

Respecto a la estructura y características del ejército, este gobierno culminó el proceso de modernización y profesionalización. Uno de sus aspectos más importantes fue la abolición del servicio militar obligatorio, aprobada en 1998 y que debía ser completa a principios del siglo 21. En relación con esto hay que situar el gran incremento de la objeción de conciencia. Pero también debe tenerse en cuenta que el importante movimiento social contra la OTAN, que tenía una base globalmente pacifista o antimilitarista, había ido reduciéndose gradualmente al objetivo de supresión del servicio obligatorio. Esto explica que las sucesivas intervenciones en campañas militares en el exterior (Kuwait e Iraq, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Kosovo) no suscitasen una oposición social muy importante, como tampoco lo hizo la plena integración en la OTAN. Por el contrario, al centrarse el movimiento pacifista-antimilitarista en el objetivo de abolición del servicio militar obligatorio, no había hecho más que retornar a la tradición popular española de oposición a las quintas, que se había reorganizado siempre automáticamente cada vez que se emprendían campañas exteriores.

La política económica y social

Un aspecto importante de la política exterior está relacionado precisamente con la económica y social. Así, respecto a la Unión Europea, el gobierno de Aznar continuó el programa de convergencia económica iniciado por González, culminándolo con éxito. La política económica de contención ejecutada por Rodrigo Rato no solo consiguió cumplir los criterios de convergencia, sino que tuvo importantes consecuencias macroeconómicas: se consiguió una gran estabilidad, sobre la base de un desarrollo continuo en niveles ligeramente superiores a los medios de la Unión Europea, con lo que la tradicional diferencia de riqueza de España respecto a aquélla se fue reduciendo gradualmente; ejemplo de ello fue el incremento sostenido de la renta per capita siempre por encima de su crecimiento medio en la unión. Esto coincidió con un aumento muy notable de la inversión española en el exterior (principalmente en Iberoamérica y el norte de África), que por primera vez superó a la inversión extranjera en España. Así, España pasaba de ser un país importador a exportador de capitales, esto es, por fin una potencia económica expansiva. En este último fenómeno destacaron las inversiones de antiguas grandes empresas públicas enajenadas por el Estado. Bajo Felipe González, esta privatización había sido habitualmente parcial; el PP la hizo total en numerosas empresas, y además con gran rapidez, a fin de incrementar la eficiencia y competitividad de la economía nacional mediante la capacidad de incentivación de estas empresas, que por su antigua condición monopolística o privilegiada podían empujar al conjunto de la actividad económica.

Esta política económica se ejecutó, generalmente, en combinación con el acuerdo con CCOO y UGT sobre el mercado de trabajo, partiendo del mantenimiento del estado del bienestar. Así, hubo varias reformas de la regulación general de las condiciones de trabajo, acordadas con ambos sindicatos y con las organizaciones patronales. El objetivo era el fomento de la creación de empleo mediante la relajación de las obligaciones empresariales respecto al trabajador. Su resultado fue efectivamente una gran creación de empleo, al coste de que se trataba principalmente de contratación precaria y de que la inestabilidad llegó a estar muy vinculada con el aumento de la siniestrabilidad laboral. Además, se redujo la proporción de desempleados que recibían subsidio de paro, a pesar de que el volumen global del gasto social se mantuvo.

El terrorismo en la segunda mitad de los años noventa

En esta cuestión también se mantuvieron las líneas generales del último gobierno del PSOE, especialmente en cuanto a la depuración de la corrupción y los procedimientos policiales ilegítimos en el Ministerio de Interior, y en cuanto a las tres direcciones de la lucha antiterrorista: colaboración con Francia, negociación-reinserción, y represión policial y judicial. Sobre todo, la cooperación con Francia y la actividad policial dieron resultados muy notables, habida cuenta de que eran procesos que venían consolidándose desde hacía muchos años. El conjunto de procedimientos antiterroristas se completó ahora con una ofensiva judicial contra las redes de apoyo social, financiación y propaganda de ETA.

Sin embargo, ETA continuó con la estrategia de acciones muy selectivas. La principal novedad en esta legislatura fue que estas actuaciones suscitaron gran rechazo social e importantes movilizaciones, de modo que la sociedad española fue abandonando su tradicional pasividad en la lucha antiterrorista, implicándose en ella mediante el apoyo a la política gubernamental. Esta actitud se denominó entonces espíritu de Ermua, habida cuenta de que su mayor expresión fue la movilización contra el secuestro y asesinato de un concejal de ese municipio en julio de 1997.

Esta generalización del rechazo al terrorismo fue interpretada por los partidos nacionalistas vascos (PNV, Eusko Alkartasuna y Herri Batasuna, esta última ahora con una nueva denominación debido al proceso de ilegalización del aparato político y social de ETA) como una deslegitimación por parte de PSOE y PP del nacionalismo en general. Por ello, promovieron una nueva estrategia de cooperación para la solución negociada del terrorismo y la integración de ETA en la acción política, pero con tendencia a excluir del proceso precisamente al PP y al PSOE, y a dirigirse hacia el objetivo común de la independencia. Estos fueron los acuerdos tomados en el Pacto de Estella, firmado en septiembre de 1998 por PNV, EA, HB y la federación vasaca de IU.

Inmediatamente tras este acuerdo, ETA anunció una tregua. Aunque el gobierno la denunció como una simple parada táctica para reorganizarse, lo cierto es que la presión policial se redujo, y se inició una negociación directa entre el gobierno y ETA que fracasó en el primer momento y se detuvo entonces.

Otra consecuencia del distanciamiento entre los partidos regionales y los estatales, fue que en las elecciones autonómicas de 1998 se rompió la alianza de gobierno entre el PSOE y el nacionalismo moderado; en su lugar, el nuevo gobierno estuvo formado exclusivamente por PNV y EA. Sin embargo, los partidos estatales habían mejorado su representación parlamentaria en esta convocatoria, aunque seguían teniendo menos escaños que el conjunto de los grupos integrados en el Pacto de Estella. Se iba, por tanto, polarizando la política vasca entre independentistas y autonomistas.

La crisis del PSOE: la travesía del desierto

Puesto que el PP, en las elecciones de 1996, se había quedado lejos de la mayoría absoluta, el PSOE confió inicialmente en que su asociación con los partidos regionales se rompería, y se convocarían nuevas elecciones que serían favorables al mismo PSOE. Esto retrasó la necesaria revisión de la propia crisis y del proyecto político por parte de este partido. Y lo cierto fue que el gobierno del PP no solo no se desestabilizó, sino que fue el primero que completó una legislatura desde la aprobación de la Constitución de 1978. Entre tanto, el PSOE no pudo ejercer una oposición eficaz.

En 1997, en un congreso del PSOE, Felipe González no presentó su candidatura a la secretaría general, y forzó también la retirada de Alfonso Guerra para propiciar la renovación. Sin embargo, fue elegido secretario general Joaquín Almunia, y ni él ni el resto de miembros de la nueva dirección representaban renovación alguna. Consciente de esto, Almunia convocó elecciones primarias dentro del partido, para la designación por todos los afiliados del próximo candidato a la presidencia del gobierno. Se presentaron dos opciones: el propio Almunia, apoyado por los dirigentes del partido y por González; y Josep Borrell, en representación de la base que aspiraba a una renovación efectiva, pero también carente de un proyecto político nuevo.

Borrell fue elegido candidato, lo que suscitó una gran expectación en el electorado socialista, esperando por fin la renovación con un programa más izquierdista. Sin embargo, ocurrió con Borrell algo similar a lo acontecido con Hernández Mancha once años antes: en su primer enfrentamiento parlamentario con el presidente del gobierno fue claramente derrotado, al centrar su oposición precisamente en los puntos más fuertes de la gestión gubernamental. En este caso, además, el debate probó que la asociación del PP con los partidos nacionalistas era muy sólida, y que por tanto no se podrían esperar elecciones anticipadas.

Por otra parte, entre las elecciones primarias de la primavera de 1998, y la dimisión de Borrell como candidato en la primavera de 1999 (para evitar implicar al partido en un nuevo caso de corrupción que afectaba a unos antiguos colaboradores suyos), hubo un conflicto de liderazgo entre aquél y Joaquín Almunia. Esto, que contrastaba con la fuerte dirección ejercida durante veinticuatro años por Felipe González, agravó la crisis interna y la desorientación política del partido. Así pues, finalizado el liderazgo carismático aprobado en el Congreso de Suresnes, el PSOE no tuvo solidez para reemplazarlo por la acción organizativa cohesionada. Cuando finalmente se convocaron las elecciones generales para el 12 de marzo de 2000, Almunia era nuevamente el candidato oficial.

Las elecciones generales del 12 de marzo de 2000

Almunia, consciente de su debilidad como candidato, decidió actuar en base a la distribución real del voto en grandes bloques desde la transición: en efecto, en todas las elecciones generales el voto de izquierda había superado al de derecha, incluso cuando resultaron gobiernos de UCD o PP. Por ello, propuso un pacto a Izquierda Unida para la asociación con fines de gobierno. La propuesta de Almunia consistía en que IU no presentara candidaturas al Congreso de los Diputados en las provincias en que nunca había obtenido ninguna representación (que eran aproximadamente dos tercios del total), a fin de evitar la dispersión del voto; a cambio, se elaboraría un programa de gobierno conjunto y se garantizaría la presencia de IU en el Senado en listas compartidas. IU, cuyo candidato era ahora Francesc Frutos, consideró que las condiciones propuestas le resultaban excesivamente perjudiciales. El acuerdo tendría que negociarse; pero como la propuesta había sido tardía ya no quedaba tiempo dentro de los plazos electorales. No hubo, por tanto, pacto, excepto el compromiso de apoyo de IU a la investidura de Almunia, a cambio de un programa conjunto basado en el mantenimiento del estado del bienestar, y en una reforma fiscal más favorable a las rentas del trabajo.

En estas elecciones, el PP obtuvo la mayoría absoluta. Tanto IU como PSOE perdieron representación, este último con un gran descenso, indicio importante del rechazo del electorado a su crisis interna y su falta de proyecto político.

Los gobiernos de Felipe González: 1982-1996

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Cronología general de las legislaturas del PSOE

Elecciones generales (resultados para el Congreso de los Diputados):

28 de octubre de 1982: mayoría absoluta.

12 de marzo de 1986: referéndum sobre la OTAN.

22 de junio de 1986: mayoría absoluta.

29 de octubre de 1989: mayoría absoluta, pero con un solo diputado de diferencia.

6 de junio de 1993: mayoría relativa; acuerdo de gobierno con CiU.

3 de marzo de 1996: mayoría relativa del Partido Popular.

Las elecciones generales de 1982

Desde los congresos de 1979, el PSOE era un partido de centro izquierda, que competía por una parte del antiguo electorado de UCD. Ofrecía un programa de gobierno muy moderado, que no pondría en peligro a la Iglesia, el ejército ni la gran empresa privada. A cambio de ello, tenía un proyecto de modernización y eficiencia, basado en la culminación del desarrollo constitucional iniciado por Adolfo Suárez: consolidación democrática y autonómica, sometimiento de las fuerzas armadas al poder civil, culminación de la integración en Europa y en las relaciones internacionales globales, y solución de la crisis económica. Todo ello dirigido por un partido que, a diferencia de la UCD, parecía cohesionado y garantizaba la gestión eficaz. En cierto modo, el PSOE se convertía en el heredero de UCD, aunque a partir de 1989 la presión sindical le hizo adoptar una política más próxima a la socialdemocracia. En efecto, las elecciones de 1982 transformaron profundamente el mapa parlamentario, sin la que la dirección general de la política nacional cambiara de orientación en los aspectos fundamentales.

En octubre de 1982, el PSOE obtuvo poco más de doscientos diputados; la Coalición Popular, cuyo principal componente era AP, obtuvo algo más de la mitad, recibiendo a su vez también una parte importante de los antiguos votos de UCD, la cual quedó en una posición muy desplazada; más marginal aún fue la de Centro Democrático y Social y PCE. Los partidos nacionalistas y regionalistas no modificaron sustancialmente su representación, y la ultraderecha volvió a quedar fuera del Congreso de los Diputados, ahora ya definitivamente. Se consolidó, por tanto, un modelo de bipartidismo desigual, en el que la suma de diputados de los dos partidos mayoritarios se acercaba al 90% del total, aunque había una gran desproporción entre ellos, la cual iría reduciéndose en las elecciones siguientes.

El primer gobierno de Felipe González estuvo constituido por miembros moderados del PSOE, siendo los principales los siguientes: Alfonso Guerra como vicepresidente y con la función principal de articular las relaciones entre el gobierno y el partido; Miguel Boyer como ministro de Economía, Hacienda y Comercio; Carlos Solchaga en el Ministerio de Industria; Fernando Morán en Asuntos Exteriores; y Narcís Serra en Defensa. El objetivo de este gobierno era la resolución de la crisis económica mediante una política claramente liberal; el liberalismo, pero con más contenido social, se aplicaría también a las reformas institucionales y políticas; globalmente, el proceso implicaría la conversión de España en una democracia de tipo occidental moderno; y este proceso se alargaría durante el resto de la década de los ochenta.

Las reformas en la estructura del Estado, la administración, el sistema educativo y la economía

La modernización del ejército

Posiblemente la más importante de estas reformas fue la emprendida en las fuerzas armadas, imprescindible al ser el principal foco de involución política que quedaba. Narcís Serra desarrolló serie gradual de reformas estructurales, con el objetivo de asegurar el sometimiento y control del ejército por las autoridades civiles; mientras, el gobierno sancionaba decididamente a los militares que aún expresaban opiniones contrarias a la Constitución, cada vez menos por otra parte.

En este conjunto de reformas militares destacó el cambio de estatuto de la Junta de Jefes de Estado Mayor, que pasó de ser un órgano de mando autónomo de los ejércitos, a otro de asesoramiento del gobierno. Casi al mismo tiempo, el personal militar profesional fue integrado en la plantilla orgánica del Ministerio de Defensa, haciéndose más firme aún su dependencia de la estructura civil del Estado. La eliminación del corporativismo y la autonomía militares se completó con la abolición de la justicia militar, reemplazándose por una sala del Tribunal Supremo. En el aspecto político, destacó la rehabilitación de los militares disidentes depurados durante la dictadura, en especial los de la Unión Militar Democrática.

Paralelamente se desarrolló un proceso de modernización de la estructura del ejército, especialmente mediante la reducción y reorganización de su personal profesional, y la inversión en equipamiento y armamento. También se redujo el personal de reemplazo, en lo que influyó sobre todo la regulación de la objeción de conciencia.

Las reformas de la administración y la justicia

También la administración civil se modernizó, mediante una reducción de los cuerpos y escalas del funcionariado. Este proceso, sin embargo, tuvo su situación más conflictiva respecto a la reforma del poder judicial, que había sido uno de los instrumentos fundamentales de la dictadura. El medio para ello fue la Ley Orgánica del Poder Judicial, que imponía la elección parlamentaria de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, para adecuar este órgano de gobierno de la judicatura a la voluntad popular expresada en las elecciones generales. El aspecto conflictivo era que esta reforma podía afectar a la independencia del poder judicial, al someterlo al legislativo; sin embargo, parecía más consecuente con el sistema democrático que emanara de la representación parlamentaria, de acuerdo con el principio constitucional de que todos los poderes del Estado procedían del pueblo.

En este proceso reformador, se regularon derechos fundamentales como las garantías policiales y procesales de los privados de libertad. Igualmente, se legalizó el aborto en determinadas situaciones. Precisamente la Ley del Aborto fue uno de los temas más conflictivos de la época, y que reflejó más claramente la actitud de oposición de la Coalición Popular y los sectores sociales vinculados a ella y a la Iglesia: la deslegitimación del gobierno y el recurso frecuente al Tribunal Constitucional como medio de paralización de las reformas gubernamentales. El otro gran ejemplo de ello fue la reforma educativa, respecto a la cual (como en relación con el aborto) hubo una gran movilización por parte de las organizaciones católicas.

La reforma educativa

La política educativa afectó a todos los niveles de la enseñanza, y tenía el objetivo de democratizar y modernizar el sistema educativo, así como de fomentar la enseñanza pública. Uno de sus instrumentos fundamentales fue la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), dedicada a los aspectos políticos y económicos del sistema de enseñanza; destaca en ella la constitución de los consejos escolares, como órganos de gobierno de los centros, compuestos por profesores, padres y alumnos, con lo que se democratizaba su gestión. La aplicación de la reforma educativa, sin embargo, no fue fácil. Así, durante la segunda legislatura socialista (1986-1989) hubo una gran conflictividad social en la enseñanza, especialmente en los niveles no universitarios; los estudiantes reclamaron la ampliación de la gratuidad del sistema educativo y de las becas; los profesores, su reconocimiento profesional y salarial en un contexto de fuerte inversión del Estado para el incremento de los centros de enseñanza; ambos sectores reivindicaban su capacidad de negociación con el gobierno sobre las reformas a implantar y su aplicación. Fue en este contexto en el que se elaboró la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), cuya función fue el establecimiento de la estructura cíclica de la educación formal, adecuándola al sistema más extendido en la Comunidad Económica Europea, y derogando así la estructura preexistente implantada por la Ley General de Educación de 1970. Este conjunto de reformas llevó, entre otras cosas, al acceso generalizado a la enseñanza, incluyendo a sectores de la población tradicionalmente marginados de ella.

Las reformas económicas

Especialmente importantes fueron las reformas económicas para hacer frente a la crisis, que sin embargo continuaron la política iniciada por UCD en este aspecto. El proyecto básico en esta cuestión fue la reconversión industrial planificada y dirigida por el gobierno, cuyo objetivo era el cierre o la reducción de capital de la gran industria de titularidad pública con pérdidas por obsolescencia, cuyo mantenimiento pesaba muy negativamente en el déficit público (siendo este último uno de los principales problemas de la economía española). El proceso de reconversión industrial se inició en 1983, y abarcó principalmente las dos primeras legislaturas, durante las cuales hubo una gran conflictividad social, debida al coste para el empleo y los salarios de la descapitalización. En efecto, el desmantelamiento industrial afectó profundamente a determinadas comarcas, en las cuales no se desarrollaron de forma inmediata inversiones alternativas para absorber el excedente de mano de obra; y, así, a mediados de los años ochenta el desempleo superó el 20%. (Esta cuestión se completará más adelante, ya que a finales de los ochenta se produjo un distanciamiento entre los sindicatos y el gobierno que influyó en la política de las dos últimas legislaturas).

La reforma territorial

Fue también muy importante la culminación del proceso autonómico, que se produjo sobre todo en la primera legislatura, con medidas adicionales en las siguientes. Durante la mayor parte del tiempo de gobierno de Felipe González, la política autonómica se basó, como bajo la UCD, en el acuerdo entre los dos partidos mayoritarios a nivel estatal. Esto desplazó a los partidos nacionalistas de algunas negociaciones, lo que suscitó frecuentemente su rechazo. Esta política solo se modificó durante la última legislatura (1993-1996), cuando la situación de mayoría relativa del PSOE le obligó a negociar con CiU y PNV, ocasión que el Partido Popular aprovechó para oponerse a la política territorial del gobierno. Entre 1982 y 1996, pues, pero sobre todo en la primera legislatura, se elaboraron los estatutos de autonomía aún pendientes; y se negoció con cada región el traspaso de las funciones que les asignaban sus respectivos estatutos, en algunos casos provocando situaciones conflictivas, habida cuenta de que el gobierno tendía a practicar una política centralista con la intención de moderar la ejecución del proceso. Al final de éste, sin embargo, España era un Estado muy descentralizado, aunque no federal; las comunidades autónomas tenían la misma estructura básica del Estado: poder ejecutivo, legislativo y judicial, y en algunos casos un consejo consultivo similar al Consejo de Estado.

El terrorismo en los años ochenta

Los gobiernos del PSOE mantuvieron en esta cuestión la misma política desarrollada por UGT, y que tenía tres direcciones complementarias: conseguir la colaboración de Francia, donde ETA podía organizarse y preparar sus acciones en España con gran impunidad; fomentar el abandono de la lucha armada por parte de los miembros de ETA mediante su reinserción social, así como negociar con la misma organización su disolución; y reforzar la represión legislativa, policial y judicial contra quienes sostuvieran la lucha armada.

Respecto al primer objetivo político, debe tenerse en cuenta que Francia tenía un concepto de ilegitimidad respecto al régimen franquista, en especial en cuanto a los derechos humanos y políticos y las garantías procesales de los detenidos. Las ejecuciones de miembros de ETA y FRAPP en septiembre de 1975 provocaron un mayor alejamiento del gobierno francés, situación que se mantuvo durante la presidencia de Arias Navarro. Durante los gobiernos de UCD, se negoció intensamente la colaboración francesa para que reprimiera la actividad de ETA en su propio territorio. Esto se fue consiguiendo gradualmente; pero a un ritmo muy lento, habida cuenta de que Francia no confiaba aún en el carácter democrático del nuevo régimen español. Además, el gobierno francés de Valéry Giscard d’Estaing estaba también interesado en evitar que ETA emprendiese la actividad terrorista directa en Francia, motivo adicional para no reprimirla abiertamente allí. Pero en 1981 llegó a la presidencia de la República francesa François Mitterrand, del partido socialista. Cuando el PSOE a su vez obtuvo el gobierno de España, se inició una colaboración más intensa, que se iría a su vez incrementando en los años siguientes. Así, se consolidó la cooperación entre los dos ministerios del Interior, y Francia comenzó a dificultar la libertad de movimientos de miembros de ETA en su territorio; comenzó también la expulsión, bajo acuerdo de ambos gobiernos, de los más peligrosos de ellos a terceros países de Iberoamérica y África que así lo habían aceptado. Algo más tarde, se inició la extradición de los procesados reclamados en España, lo que al principio hizo que ETA emprendiese acciones armadas contra intereses franceses. En la segunda mitad de los años ochenta, Francia tuvo de nuevo un gobierno conservador, presidido por Jacques Chirac, que continuó la política socialista de colaboración con España, en un contexto de grave actividad terrorista en su territorio (ETA, GAL -solo en el momento inicial, pues poco más tarde su actividad cesó- y diversos grupos propios de Francia). A partir de ahora, la cooperación entre ambos países fue teniendo resultados cada vez mejores, produciendo un gran debilitamiento de ETA.

Simultáneamente, se producía el comienzo de la actividad de los Grupos Antiterroristas de Liberación, constituidos como forma más organizada de un terrorismo contra miembros de ETA cuyos antecedentes estaban en los grupos violentos de ultraderecha de la época de la transición (incluyendo por ejemplo a los Guerrilleros de Cristo Rey). En el caso de los GAL, había también participación de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Su actividad principal se desarrolló en Francia, donde incluyó violencia indiscriminada contra personas no vinculadas al nacionalismo vasco.

En cuanto a la negociación con ETA, fue impulsada decididamente por los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, aunque con el inconveniente de que debía ser aceptada por cada uno de los grupos en que ETA se había dividido. Este acuerdo solo se alcanzó con ETA-Polítio Militar, durante el gobierno de Calvo Sotelo, en el contexto de tendencia a la transacción favorecida por el golpe de Estado de 1981. ETA-Político Militar se disolvió, y el gobierno favoreció la reinserción social de sus miembros. Cuando el PSOE llegó al gobierno, la política de reinserción se reforzó, puesto que era precisamente una de las condiciones pedidas por Francia para la colaboración. Ahora, pudieron regresar también antiguos miembros de ETA-Militar, la cual reaccionó empleando la acción terrorista contra ellos para detener el proceso.

En la segunda mitad de los años ochenta se produjo el mayor proceso negociador entre el gobierno y ETA, conocido como conversaciones de Argel. Esta negociación tuvo varias fases, interrumpidas a causa de acciones terroristas de ETA, al contrario que las mantenidas bajo Adolfo Suárez, que coincidieron con una gran actividad violenta por parte de ETA para reforzar su posición negociadora. Finalmente, las conversaciones de Argel fracasaron, habida cuenta de que ETA exigía la modificación de la Constitución para el reconocimiento del derecho de autodeterminación.

Durante todos estos procesos, se sostuvo la actividad judicial y policial contra ETA, coordinada por la Audiencia Nacional, un un órgano especial que sustituyó al antiguo Tribunal de Orden Público sobre una base jurídica democrática. Por otra parte, durante la elaboración de la Constitución se había aprobado la primera ley antiterrorista posterior a la reforma política; esta norma se reforzó periódicamente, siempre en el sentido de hacer más eficaz la estrategia policial contra el terrorismo. Con este fin, y con el de democratizar las fuerzas de seguridad del Estado, se emprendió al mismo tiempo la reforma de la Guardia Civil y la Policía Nacional (antes Policía Armada), cuyos mandos antiterroristas se unieron. Ya a principios de los ochenta, se constituyó una policía regional en Euskal Herria, desarrollando el estatuto de autonomía. Los sucesivos gobiernos de UCD y PSOE, por tanto, no se plantearon la suspensión del proceso autonómico como reacción al terrorismo nacionalista. La fase de mayor éxito policial fue la de la estrecha colaboración con Francia en la segunda mitad de los años ochenta. Resultado de ello fue la detención de un gran número de dirigentes importantes de ETA. Por último, tras el fracaso de las conversaciones de Argel, el gobierno emprendió la política de dispersión de los presos de ETA por todo el territorio, para desmantelar su estructura organizativa en el interior de las cárceles y favorecer su opción por la reinserción.

Sí hubo una novedad introducida por el PSOE respecto a la época de Suárez y Calvo Sotelo: se trató de los pactos globales entre la mayoría de grupos políticos con representación parlamentaria para el apoyo conjunto a la lucha antiterrorista y el aislamiento social del nacionalismo violento. Estos pactos (el de Madrid y el de Ajuria Enea) se firmaron entre 1987 y 1988, rechazando adherirse a ellos Herri Batasuna.

El gobierno intentó desarrollar negociaciones similares (abandono de la lucha armada, disolución y reinserción) con los GRAPO, pero fracasaron igualmente.

Las relaciones internacionales: la Comunidad Económica Europea

En política exterior, el PSOE también continuó básicamente la política de UCD, aunque con notables matices en cuanto a la integración en la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, debido a su rechazo a la misma cuando se encontraba en la oposición. La OTAN fue uno de los problemas fundamentales de política exterior de los primeros gobiernos de Felipe González; el otro fue la integración en la Comunidad Económica Europea. Ambos implicaban la consolidación de España como una democracia según los modelos europeo occidentales.

Como ya se ha dicho, la CEE había rechazado la adhesión de España, solicitada por el gobierno de Franco en 1962. No obstante, en 1970 se había firmado un tratado conjunto de colaboración económica preferencial. Este acuerdo carecía de contenido político; pero la CEE detuvo la negociación para su prórroga en 1975, como consecuencia de las ejecuciones de septiembre de este año, momento en casi todos los países miembro de la comunidad retiraron a sus embajadores de España. El mismo distanciamiento hubo bajo la presidencia de Arias Navarro. Esta situación no cambió hasta el primer gobierno democrático posterior a la Ley para la Reforma Política, esto es, el constituido tras las elecciones de junio de 1977, una de cuyas primeras acciones fue solicitar de nuevo el ingreso en la CEE. Las negociaciones se iniciaron lentamente, y se desarrollaron más lentamente aún, en el contexto de la crisis económica mundial. A diferencia de otros países mediterráneos que solicitaron su adhesión en la misma época (Portugal, Grecia), España tenía un gran potencial agrícola que podía entrar en grave concurrencia con los de algunos países comunitarios o del Magreb que tenían relaciones preferentes con estos últimos. Por ello, hubo numerosos obstáculos en la negociación, la mayoría relativa a cuestiones agrarias y opuesta por Francia, hasta el punto de que junto al trabajo diplomático con la CEE hubo otro realizado bilateralmente entre los gobiernos francés y español. No obstante, el golpe de Estado de febrero de 1981 hizo que la CEE tomase conciencia de que debía comprometerse con la consolidación de la democracia en España, promoviendo una rápida incorporación. A partir de ahora, pues, las negociaciones serían más productivas, aunque se desarrollarían principalmente bajo el gobierno del PSOE, y serían difíciles debido a la complejidad de los acuerdos agrícolas. Por otra parte, y al igual que ocurrió respecto a la colaboración contra ETA, la coincidencia a partir de 1982 de sendos gobiernos socialistas en España y Francia contribuyó a que este último país facilitara la negociación. Además, el cambio de actitud de Felipe González respecto a la OTAN atrajo el apoyo a la integración de España de otros países importantes, como la República Federal de Alemania, donde había un gobierno democristiano. Precisamente la presidencia alemana de la CEE, en 1983, permitió un avance rápido de las negociaciones, gracias al cual se culminaron algunos de los capítulos económicos conflictivos, incluyendo el relativo al estatuto comunitario de Ceuta y Melilla. Más lentamente avanzaron los capítulos correspondientes a los temas más complicados (principalmente agricultura, pesca, industria y circulación de trabajadores); no obstante, su negociación ya no se detuvo, y en la primavera de 1985 se cerraron los últimos temas pendientes. En junio de este año, se firmó en Lisboa y Madrid la adhesión de España y Portugal, que se produciría el 1 de enero de 1986.

Las principales ventajas de la integración en la CEE eran de tipo político y económico. En el primer aspecto, implicaba el reconocimiento definitivo de la democracia española, y, sobre todo, la superación del aislamiento y el concepto de especificidad histórica de España que había sido característico (y tan negativo) durante casi toda la Edad Contemporánea. En el aspecto económico, la integración implicaba no solo el acceso a un mercado amplio, sino también la ayuda financiera de la CEE para emprender la modernización y transformación de la economía española, tan necesarias ahora que se estaba en pleno proceso de reconversión industrial. Entre los beneficios económicos, destacó el gran incremento de la inversión extranjera en España, favorecido por la política de liberalismo impuesta por las normas comunitarias. Esto permitió, por ejemplo, una gran importación de tecnología, que contribuyó a la modernización general de las estructuras productivas. Por estos motivos, para la adhesión el gobierno tuvo el apoyo de la mayor parte de la sociedad española, y de todas las fuerzas políticas importantes. Ahora bien, las ventajas económicas de la integración solo podían notarse a largo plazo, mientras que las políticas eran inmediatas.

Las relaciones internacionales: la OTAN y Estados Unidos

El cambio de opinión del gobierno y el PSOE respecto a la OTAN

Desde la constitución del primer gobierno del PSOE en 1982, éste anunció la revisión de la integración en la OTAN decidida bajo la presidencia de Calvo Sotelo. Sin embargo, el proceso fue lento y ambiguo, dado que Felipe González y algunos de sus ministros (mayoritariamente pertenecientes al sector moderado del PSOE) pretendían revisar la tradicional oposición de su partido a la pertenencia a la OTAN. No obstante, desde los primeros meses de gobierno hubo gestos puntuales de alineamiento en el modelo de defensa representado por Estados Unidos y la OTAN; ejemplo de ello fue el apoyo de Felipe González, en 1983, al proyecto de instalación de misiles nucleares en Europa en un contexto de tensión en la Guerra Fría; esta decisión fue, entre otras, la que consiguió el apoyo de la República Federal de Alemania a la integración española en la CEE. La política gubernamental vinculó desde el principio, por tanto, ambas cuestiones; y este vínculo sería uno de los principales argumentos del gobierno para conseguir la transformación gradual de la posición contraria a la OTAN en la opinión pública española y la de su propio partido.

En relación con el último aspecto, el problema de la OTAN produjo un importante debate interno en el PSOE, en el que inicialmente algunos dirigentes (como Alfonso Guerra y otros miembros del gobierno) se posicionaron a favor del abandono de la organización. Ésta fue una de las cuestiones que transformaron poco a poco las relaciones entre el partido y el gobierno. Alfonso Guerra, a pesar de ser vicepresidente del gobierno, era, sobre todo, secretario de organización del PSOE. Para Felipe González, su función principal era articular las relaciones entre el gobierno y el partido para que éste apoyase las decisiones tomadas autónomamente por aquél. Sin embargo, para el sector crítico debía mantenerse la tradición del movimiento socialista de que la iniciativa política correspondiese al partido, limitándose el gobierno a ejecutarla. En fin, entre las bases del PSOE había aún una fuerte resistencia a la permanencia en la OTAN, como también la había a la reconversión industrial emprendida por el gobierno sin garantizar la distribución proporcional de su coste social; éstas fueron las cuestiones que alteraron el concepto tradicional de la relación entre el partido y el gobierno. Finalmente, a lo largo de 1984, incluso los ministros contrarios a la OTAN fueron cambiando de opinión, y a finales de este año el gobierno presentó su política exterior en un decálogo, cuyos puntos principales eran: permanencia en la OTAN, pero no en su estructura militar; prohibición de la instalación de armas nucleares; reducción de la presencia militar estadounidense en España; negociación de la soberanía sobre Gibraltar; e incorporación a otras iniciativas de cooperación internacional de defensa. Finalizaba así una política de ambigüedad desarrollada deliberadamente por el gobierno para conseguir la aceptación gradual de la sociedad española de la permanencia en la OTAN. Pero este mismo año, en un congreso del PSOE, se intensificó el conflicto entre las dos concepciones de la relación entre el partido y el gobierno, estando ahora el sector crítico representado sobre todo por Nicolás Redondo, que era también secretario general de UGT. La gran mayoría absoluta parlamentaria favorecía, sin embargo, la pretensión de autonomía respecto al partido defendida por el gobierno.

Felipe González, como ya se ha dicho, vinculó la integración en la CEE con la permanencia en la OTAN, muy especialmente durante los dos últimos años de dichos procesos: entre el fin de la ambigüedad respecto a la OTAN, en 1984, y el referéndum de 1986, período que en su primera fase coincidió con las últimas negociaciones con la CEE (las referidas a los temas más complejos). Esta vinculación tenía un aspecto dirigido a la opinión pública española, pues el gobierno argumentó que sería difícil conseguir la admisión en la CEE si se rechazaba la contribución a la defensa común. Pero también tenía otro aspecto dirigido a la misma CEE, a la que se presionó para acelerar las negociaciones bajo la amenaza de abandono de la OTAN.

El referéndum sobre la OTAN: 12 de marzo de 1986

Resuelta en junio de 1985 la adhesión a la CEE, se inició el proceso para la celebración del referéndum sobre la OTAN, respecto al cual, sin embargo, el gobierno mantuvo la ambigüedad, aunque ahora en lo relativo a su actuación en caso de que venciera la opción por la retirada, habida cuenta de que la votación no era vinculante. Así, por ejemplo, Felipe González afirmó que se cumpliría la decisión mayoritaria resultante del referéndum, pero amenazó implícitamente al electorado de izquierda con abandonar el gobierno al no coincidir esa decisión con su propia opinión. Esto, además, servía para poner de manifiesto la carencia de un liderazgo eficaz entre los grupos de izquierda que defendían el abandono de la OTAN. En efecto, la oposición a la OTAN motivó una gran movilización popular, heredera de las del período de la transición; pero no tenía una articulación política estructurada. Una vez más, el comunismo parecía ser un elemento esencial en estas movilizaciones; pero sus resultados en las elecciones generales de junio de 1986 no reflejarían la gran base social del movimiento contrario a la OTAN. No obstante, el secretario general del PCE, Gerardo Iglesias, usó este movimiento como base para la constitución de una gran coalición a la izquierda del PSOE (Izquierda Unida); pero no consiguió aglutinar su voto.

La pregunta sometida a referéndum recogía los aspectos del decálogo de 1984 relacionados con la OTAN y Estados Unidos. Fue una pregunta muy criticada por el movimiento contrario a la OTAN, ya que vinculaba ésta con la presencia militar de Estados Unidos, como dos alternativas entre las que había que elegir una, y con un claro posicionamiento del gobierno a favor del mantenimiento simultáneo de ambas. También la Coalición Popular criticó la redacción de la pregunta, precisamente por la necesidad de elegir entre dos alternativas respecto a las que era partidaria de su mantenimiento pleno; pero también por la exclusión en todo caso de la integración en la estructura militar, por el cuestionamiento que el referéndum implicaba de la legitimidad de la decisión parlamentaria de adhesión tomada bajo Calvo Sotelo, y por la intención de debilitar al gobierno del PSOE ante las próximas elecciones generales, objetivo este último que no fue conseguido. Coalición Popular, no pudiendo tampoco solicitar el voto negativo, propuso la abstención en este referéndum.

En cierto modo, el referéndum fue adquiriendo durante la campaña un carácter plebiscitario sobre la gestión general del gobierno, y muy especialmente sobre el carácter tan presidencialista de su dirección por parte de Felipe González. El resultado fue afirmativo en algo más del 50%; la abstención fue del 40%, insuficiente para que la derecha la reclamara como un éxito propio.

Las relaciones con Estados Unidos

El decálogo de 1984 implicaba la sustitución de la vinculación defensiva bilateral con Estados Unidos, por otra multilateral, no solo con la OTAN, sino con los restantes proyectos europeo occidentales de defensa colectiva. Inmediatamente tras las elecciones de junio de 1986 (un segundo plebiscito sobre la política general de Felipe González), el gobierno inició la negociación de la renovación del convenio de cooperación con Estados Unidos, exigiendo la inclusión en él de las condiciones aprobadas en el referéndum: la reducción de la presencia militar estadounidense, y la prohibición de instalación y almacenamiento en España de armamento nuclear, aunque no de su tránsito. Estas condiciones se fueron ejecutando en los años siguientes, y con ello se modificaba sustancialmente el tipo de relación establecido por el régimen franquista: ya no se trataba de la supeditación militar de un país a los intereses estratégicos de otro a cambio de ayuda económica y reconocimiento diplomático; sino de una colaboración equilibrada en defensa de los intereses estratégicos comunes. Y, además, no sería una relación exclusiva con un solo país.

Las elecciones generales de 1986; la reorganización de los grupos políticos de oposición

Las elecciones generales del 22 de junio de 1986

Las elecciones generales de junio de 1986 no modificaron sustancialmente la composición del Congreso de los Diputados; aunque el PSOE sufrió una importante pérdida de votos y escaños, conservó la mayoría absoluta con mucha holgura; y Centro Democrático y Social recibió el voto de UCD de 1982; las variaciones más importantes se produjeron respectivamente a la izquierda y la derecha de estos grupos, pues el PCE y la Coalición Popular debieron revisar sus definiciones y estrategias, proceso que realizaron en el proceso previo y el subsiguiente a estas elecciones. El PSOE, por su parte, acudió a ellas con un balance de gobierno altamente positivo: consolidación democrática; culminación pacífica y consensuada del proceso autonómico; superación del aislamiento internacional; inclusión de valores sociales y cívicos progresistas en la legislación (por ejemplo, la regulación del aborto); comienzo de la recuperación económica tras la fase más dura de la reconversión industrial; y reforzamiento del liderazgo de Felipe González como consecuencia del éxito gubernamental en el referéndum sobre la OTAN.

Historia política de la derecha en los años ochenta: el Partido Popular

En esta década, la Coalición Popular y el Partido Popular, que le sucedió, se mantuvieron siempre entre ciento cinco y ciento seis diputados, sin poder aspirar a gobernar. Mientras el PSOE practicaba una política muy moderada y económicamente liberal para atraer el voto de centro, Coalición Popular renunció a este último en las elecciones de 1986, al presentar un programa liberal en economía, pero socialmente muy conservador (incluyendo por ejemplo la revisión del aborto y el divorcio). Además, en el referéndum sobre la OTAN había propuesto la abstención, confundiendo a la derecha nacional e internacional (por ejemplo, a la democracia cristiana europea). Finalmente, tampoco se produjo un acuerdo de cooperación entre Fraga y Suárez, que permitiese la integración del CDS en la coalición de AP, Partido Demócrata Popular y Partido Liberal. La incapacidad de la coalición para obtener el voto moderado, y su misma desorientación política (en temas como la abstención respecto a la OTAN o el programa tan conservador en una coalición con partidos moderados), junto al estancamiento electoral de 1986, provocaron una crisis interna que duró toda la segunda mitad de la década, y que culminaría que la reconstitución del proyecto político de la derecha bajo un programa, una organización y una dirección diferentes.

La crisis comenzó con el abandono de la coalición por el PDP y el PL, que sumaban un tercio de su representación parlamentaria, poco después de las elecciones. A continuación, hubo un intento de acabar con la dirección de Fraga, mediante su paso al Ayuntamiento de Madrid; este proyecto estaba encabezado por Jorge Verstrynge, su probable sucesor, que fue por ello cesado por Fraga en la secretaría general. No obstante, ante el sostenimiento de las presiones para su abandono de la presidencia, dimitió a finales del año, asumiendo la dirección provisional Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, quien debía organizar un congreso para resolver la crisis.

Este congreso se celebró a comienzos de 1987, con dos candidaturas para la presidencia: Miguel Herrero, y Antonio Hernández Mancha, teniendo este último el apoyo de Fraga y que finalmente ganó. Poco después, Hernández Mancha presentó una moción de censura contra Felipe González, y el Congreso de los Diputados le permitió intervenir en el debate sobre esta cuestión a pesar de no ser miembro del mismo (era senador). El motivo de esta autorización fue que Mancha no parecía tener la experiencia ni la altura políticas suficientes para enfrentarse a González. El debate sobre esta moción de censura fue el primer fracaso del nuevo presidente de AP, y el segundo no ser capaz de dirigir adecuadamente un partido tan dividido por disputas de liderazgo. Parte de esta división fue un serio cuestionamiento de la dirección de Mancha, hasta el punto de que un grupo importante de dirigentes regionales (fundamentalmente Mariano Rajoy en Galicia, José María Aznar en Castilla y León, y Alberto Ruiz Gallardón en Madrid) reclamaron la celebración de un nuevo congreso extraordinario para decidir una vez más sobre la presidencia.

Y éste tuvo lugar a principios de 1989. Fraga fue designado nuevamente presidente con el encargo de resolver la sucesión, para la cual se presentaba como más firme aspirante José María Aznar, elegido vicepresidente en este mismo congreso. Fue ahora también cuando se produjo una revisión profunda del programa político de AP, desviándolo por fin hacia el centro para convertirse en una alternativa de gobierno al PSOE. Se abandonó también el tradicional aislamiento del partido respecto a la democracia cristiana internacional. Muestra de todo ello fue el cambio de nombre de la organización, que ahora se llamaría Partido Popular, y que se integraría en el grupo popular del Parlamento Europeo.

Coincidiendo con este proceso, parte de los antiguos centristas de Coalición Popular, y del mismo CDS, fue pasando a incorporarse al nuevo PP. Finalmente, algo después del congreso extraordinario de 1989, Fraga decidió dedicarse a la política regional de Galicia, y propuso a Aznar como presidente, el cual fue ratificado para ello en un congreso ordinario en 1990.

Historia política de la izquierda en los años ochenta: Izquierda Unida; el eurocomunismo

Tras el referéndum sobre la OTAN, se constituyó la coalición Izquierda Unida con vistas a aprovechar la gran presencia social conseguida durante la campaña de dicho comicio. Sin embargo, el resultado electoral de IU fue bastante mediocre, limitándose a contener la profunda decadencia del PCE. Ya desde los años setenta se venían produciendo disidencias importantes respecto al proyecto eurocomunista de Santiago Carrillo, principalmente en el PSUC; la disidencia se debía principalmente a la defensa del mantenimiento del principio marxista-leninista; pero había también un sector partidario incluso del modelo soviético. En la primera mitad de los años ochenta, la división interna se intensificó y se extendió a todo el territorio, produciéndose varias escisiones.

Tras el fracaso electoral de 1982, Carrillo dimitió y fue sustituido por Gerardo Iglesias; pero esto no resolvió la profunda crisis. Así, por ejemplo, aunque Iglesias había sido defensor del eurocomunismo, fundamentó su dirección sobre el apoyo de parte de los sectores contrarios a éste, a pesar de lo cual otra parte de los disidentes se fue escindiendo del partido. Y por ello precisamente también lo abandonó el mismo Carrillo. A estas escisiones formaron todas grupos muy pequeños, pero que en conjunto significaban el fracaso del proyecto eurocomunista, uno de cuyos principios era la colaboración de formas distintas de entender la izquierda.

Puesto que esta división dificultaba aún más las posibilidades electorales, Gerardo Iglesias promovió la asociación de los distintos grupos escindidos en una candidatura conjunta, en la que participasen además otras organizaciones a la izquierda del PSOE, para atraer el voto del descontento hacia este último y el vinculado a la movilización contra la OTAN, aunque no fuese necesariamente comunista. Así, se formó la coalición Izquierda Unida a partir de los órganos de coordinación constituidos para la campaña sobre la OTAN. En ella predominaba el PCE; la integraban una parte de las organizaciones escindidas de él (con la importante excepción del nuevo partido de Carrillo), socialistas radicales, Izquierda Republicana, el Partido Humanista y el Partido Carlista. En 1988, en un congreso del PCE se rechazó la continuación de Gerardo Iglesias, que fue sustituido por Julio Anguita. Éste se apoyó en el sector más ortodoxo del PCE, y, como coordinador general de IU, rechazó la propuesta del PSOE de asociación para las elecciones de 1989, y trató de capitalizar la movilización social contra la política económica del gobierno, lo que consiguió precisamente en este año.

La reconversión industrial, el liberalismo económico y la oposición sindical

La reconversión industrial iniciada por los gobiernos de UCD fue completada por el PSOE, que dirigió además su fase más dura, la cual incluyó descapitalización en el sector público, contención salarial y del gasto social, y flexibilización del mercado de trabajo. Además, el gobierno del PSOE rechazó la negociación con los sindicatos en estas cuestiones. Por todo ello, se produjo una gran movilización obrera contra su política económica. Además, puesto que el capital privado rechazó implicarse en la reconversión, su coste económico debió ser asumido completamente por el Estado, produciéndose un gran incremento del déficit público. Finalmente, el proceso de reconversión industrial, bajo la dirección del PSOE, fue inmediato, rápido y contundente.

UGT apoyó la reconversión desde el principio; pero esperó negociarla con el gobierno, y con ello adquirir una posición de ventaja respecto a CCOO en las elecciones sindicales. Sin embargo, el gobierno sostuvo su independencia respecto al sindicato, con más fuerza incluso que respecto al partido, y no se produjo ninguna negociación en estas cuestiones. La función de UGT era, para el gobierno, mediar con la clase obrera para su aceptación de las reformas económicas. De este modo, durante la primera legislatura del PSOE la UGT se fue alejando del gobierno, y sumándose a las movilizaciones que CCOO venía promoviendo; este proceso se consolidó durante la segunda legislatura.

El PSOE, pues, en sus dos primeras legislaturas sostuvo esencialmente la política económica liberal iniciada por UCD, con la importante diferencia de que la estabilidad parlamentaria le permitió hacerlo con más energía. Además, la crisis del PCE primero, y la difícil consolidación de IU después, impidieron impidieron que hubiera una oposición de izquierda efectiva, excepto la movilización obrera. Pero, a pesar de esta última, que se dirigía principalmente contra las consecuencias sociales de la reconversión, UGT y CCOO participaron en varios acuerdos globales sobre el mercado de trabajo suscritos con las organizaciones patronales y el gobierno. El sentido de estos pactos era reforzar la política liberal del gobierno: flexibilización del mercado laboral, contención del gasto social, moderación salarial, y limitaciones a la negociación colectiva precisamente por estos acuerdos globales.

En 1985, el gobierno elaboró una modificación del sistema de pensiones que incrementaba los requisitos para su cobro y revisaba la base de cálculo según un nuevo modelo más desfavorable para los trabajadores. Ésta fue la ocasión en que UGT abandonó el apoyo al gobierno, y se unió a la oposición obrera hasta entonces dirigida fundamentalmente por CCOO, ejemplo de lo cual fue el voto negativo a la reforma de Nicolás Redondo en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, UGT no apoyó la huelga general convocada por los restantes sindicatos, en junio de 1985, y que tuvo un gran seguimiento, pero no consiguió su objetivo.

El enfrentamiento entre UGT y CCOO, por un lado, y el gobierno por otro, continuó en los años siguientes, por ejemplo contra la política de contención salarial (respecto a la cual los sindicatos reclamaban subidas superiores a la inflación para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, ahora que la crisis se iba superando) y a favor de la ampliación de la cobertura del seguro de paro. UGT y CCOO incrementaron su colaboración, hasta el punto de elaborar unas reivindicaciones comunes. Esto, además, propició un aumento de la conflictividad social, al tiempo que el PSOE iba perdiendo votos en las elecciones municipales, regionales y europeas de este período. Y ello a pesar de que se iba consolidando en algunos ámbitos la fusión del aparato del Estado con el del partido. Al contrario de lo que caracterizaba a la socialdemocracia europea, el PSOE no había constituido un bloque común con los sindicatos, al igual que las organizaciones patronales no lo habían hecho respecto a los partidos de derecha; de hecho, en las elecciones de 1986 la CEOE no apoyó el proyecto político de Coalición Popular.

Finalmente, dado que los datos macroeconómicos mejoraban desde mediados de los años ochenta, a comienzos de 1988 UGT y CCOO decidieron emprender una intensa movilización conjunta, para reclamar un cambio de la política económica en varios sentidos: fomento efectivo del empleo, distribución más justa de la riqueza nacional, y aumento de la protección social. Así, durante este año, una vez más, se produjo una gran conflictividad social. Su culminación fue la huelga general del 14 de diciembre de 1988, convocada por ambos sindicatos contra un proyecto legislativo de empleo juvenil; se adhirieron a la convocatoria no solo los demás sindicatos, sino también asociaciones sociales y culturales. Sus objetivos eran la retirada del proyecto de ley y la modificación de la política económica gubernamental en sus aspectos sociales. Ambos se consiguieron esta vez, a pesar de la firme resistencia del gobierno. Y es que la huelga fue seguida por una gran parte de los trabajadores, y tuvo incluso el apoyo de empresarios pequeños y medianos. Los sindicatos quedaron consolidados como organizaciones de representación, negociación y movilización, y además se consolidó también su política de colaboración.

La tercera legislatura del PSOE: 1989-1993

Las elecciones generales del 29 de octubre de 1989

Los sindicatos no habían planteado la huelga general del 14 de diciembre de 1988 como política, con el objetivo general de desestabilizar el gobierno. Quizá por ello, en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas poco después el PSOE no sufrió apenas retroceso. Así pues, Felipe González adelantó las elecciones generales a octubre de 1989, para evitar un deterioro mayor de la imagen del gobierno en la política nacional. El PSOE obtuvo de nuevo la mayoría absoluta, pero solo por un escaño; el PP, ahora ya bajo José María Aznar, se mantuvo en los ciento seis diputados. CDS perdió parte de su representación. Izquierda Unida, dirigida ya por Julio Anguita, recibió una alta proporción de los votos perdidos por el PSOE, e incrementó notablemente su presencia parlamentaria. Ahora bien, el PSOE pudo gobernar con gran estabilidad, gracias a un acuerdo con PNV, CiU y CDS. En cambio, IU quedó marginada de la política efectiva, excepto por el incremento de su influencia social por una cuestión puntual de política exterior: la 1ª Guerra del Golfo Pérsico.

La política social durante la tercera legislatura

Inmediatamente tras la huelga general de diciembre de 1988, el gobierno inició la modificación parcial de su política económica en el sentido pedido por los sindicatos, dirección que continuó durante la tercera legislatura. El plan de empleo juvenil fue retirado, y se negoció con el PP y los sindicatos el incremento del gasto social, aprovechando el contexto de recuperación económica, en el que España había adquirido las características relativas que mantendría durante bastantes años: ser uno de los países con mayor crecimiento económico de la Comunidad Económica Europea, aunque con un desempleo y una inflación aún altos. Esta nueva política social implicó una ampliación y profundización del estado del bienestar, pero provocó un gran incremento del déficit público, que se unía al coste económico de la reconversión industrial y a un nuevo impulso de las inversiones educativas. Ahora, pues, el PSOE emprendía por fin la política clásica de los partidos socialdemócratas europeos en el poder: contribuir a la redistribución de la riqueza mediante el gasto público, a través de una decidida acción del Estado, y dando prioridad al sector público sobre el privado en determinados servicios e inversiones. Y esto ocurría precisamente en una época en que en la mayoría de los países occidentales se fomentaba lo contrario: el control del déficit público mediante el desmantelamiento parcial de la implicación estatal en los servicios sociales.

En 1992, habiendo comenzado una nueva fase de recesión económica, el gobierno volvió a la política de contención del gasto. Su principal consecuencia fue un real decreto que reducía las prestaciones por desempleo, y que motivó otra huelga general (mayo de 1992). Pero esta huelga no tuvo tanta aceptación entre los trabajadores como la de 1989; y, además, el gobierno necesitaba cumplir el requisito de reducción del déficit público para incorporarse al nuevo programa de convergencia económica de la Comunidad Económica Europea.

La 1ª Guerra del Golfo Pérsico

Este conflicto se produjo entre agosto de 1990 (invasión de Kuwait por Iraq) y marzo de 1991 (final de la guerra). España participó en él directamente, abandonando así de forma efectiva la política de neutralidad seguida durante tanto tiempo; pero esto produjo una gran movilización, promovida por IU y numerosos grupos sociales, aunque nunca alcanzó el mismo nivel que la oposición a la OTAN. Desde el verano de 1990, España se comprometió con el envío de varios barcos, sin debate parlamentario previo, iniciándose entonces la movilización, la cual fue más intensa entre enero y marzo, cuando se desarrolló la guerra propiamente dicha.

La crisis de gobierno de 1991

Durante esta legislatura, se conocieron graves casos de corrupción política que afectaban principalmente al PSOE, aunque hubo también alguna implicación de miembros del PP. Uno de los primeros casos graves, conocido en 1990, afectaba a un hermano de Alfonso Guerra, de quien se sospechaba cierta implicación, y que no pudo desmentirla. Por tanto, dimitió como vicepresidente del gobierno a principios de 1991, momento que Felipe González aprovechó para una renovación parcial de los ministros. El nuevo vicepresidente fue Narcís Serra, que conservó además el Ministerio de Defensa. Guerra, sin embargo, se mantuvo en la vicesecretaría del partido, en el que tenía aún muchos apoyos, de los que Serra carecía. Por tanto, por primera vez desde 1982 el vicepresidente perdió su función de enlace entre el gobierno y el partido, de modo que aquél se hizo aún más autónomo respecto a éste. Además, se intensificó el conflicto entre los partidarios de Guerra (esto es, precisamente de la dependencia del gobierno respecto al partido y de una política económica más social) y los de la opción defendida por el gobierno, llamados renovadores. En los años siguientes, por otra parte, continuaron surgiendo numerosos casos de corrupción política, que iban reduciendo la credibilidad del PSOE como partido de gobierno. Incluso alguno de estos casos estaba estrechamente vinculado a la financiación del partido y sus campañas electorales, en especial la del referéndum sobre la OTAN. Como se ha dicho antes, se iba produciendo una fusión entre el aparato del Estado y el del partido, pero a veces también el de un cierto sector empresarial interesado en una determinada línea política, que era la practicada por el gobierno.

La cuarta legislatura del PSOE: 1993-1996

Las elecciones generales del 6 de junio de 1993

En esta situación, se intensificaron los conflictos internos en el PSOE. Felipe González, actuando decididamente como solía hacer en momentos de crisis, convocó elecciones generales, y condicionó su candidatura a la presidencia del gobierno a que el partido le otorgase un amplio margen de confianza en la elaboración de la listas electorales y la dirección de la campaña. Su objetivo era convencer al electorado de que podía resolver la corrupción y la desorientación política del partido imponiendo en él una jefatura personal firme; muestra de su decisión (al menos inicial y formal) contra la corrupción fue la incorporación a la listas de jueces progresistas de gran prestigio, como Baltasar Garzón.

El PSOE volvió a ganar, pero solo con mayoría relativa. El PP, por primera vez (y ampliamente) superó los ciento cinco o ciento seis diputados tradicionales, recibiendo finalmente el voto de centro procedente del CDS, el cual no obtuvo representación parlamentaria; Adolfo Suárez se retiró entonces de la actividad política. Izquierda Unida, una vez más, no obtuvo un voto efectivo correspondiente a las expectativas fomentadas por la movilización contra la 1ª Guerra del Golfo Pérsico; se mantuvo en unos resultados similares a los de 1989; la táctica de enfrentamiento al PSOE, por tanto, no había dado un resultado que permitiese influir en la dirección política del gobierno.

La composición de las listas electorales del PSOE había desplazado a los partidarios de Alfonso Guerra de los órganos parlamentarios; tampoco fueron incluidos en el nuevo gobierno; y, finalmente, poco después quedaron fuera de los órganos de dirección del partido en un congreso. Los miembros principales de este gobierno fueron: Narcís Serra, aunque únicamente como vicepresidente; Javier Solana en el Ministerio de Asuntos Exteriores; José Luis Corcuera en el de Interior; y Pedro Solbes en el de Economía y Hacienda. Para conseguir estabilidad parlamentaria, el PSOE llegó a un acuerdo con CiU, habida cuenta de que la oposición de IU era excesivamente firme como para que apoyase al gobierno.

La política exterior y la económica durante la cuarta legislatura: la convergencia europea

El pacto de gobierno con CiU permitió, entre otras cosas, aprobar las normas económicas necesarias para formar parte del proceso de convergencia aprobado por la Unión Europea. Este proceso comprendía una estricta serie de condiciones en política económica, destinada a homogeneizar la economía de los países miembro, y cuyo objetivo era la implantación de un sistema monetario común (y estable) hacia el cambio de siglo. Este proceso era regulado por el Acta Única Europea y el Tratado de Maastricht, por los que la Comunidad Económica Europea se transformaba en Unión Europea. Esta nueva organización limitaba notablemente la soberanía de los Estados en política económica, y muy especialmente en uno de sus mecanismos operativos esenciales, que era la regulación del sistema monetario. Por ello, algunos países miembros de la unión rechazaron la incorporación al sistema monetario común.

Ahora bien, la integración en el nuevo sistema no implicaba solo una renuncia de soberanía, sino que tenía unas condiciones previas a fin de que el sistema monetario común fuese suficientemente estable: contención de la inflación, el déficit y la deuda públicos, y los tipos de interés; además, los tipos de cambio debían ser fijos recíprocamente entre cada moneda nacional y entre éstas y la común. Para alcanzar estos objetivos en 1996, el gobierno español había elaborado un programa de convergencia en 1992, que fue aplicado durante la cuarta legislatura del PSOE. Sin embargo, este proceso coincidiría con una nueva fase de recesión económica general, agravada en España por la deuda pública acumulada durante los años de incremento del gasto social. El programa de convergencia tuvo que ser revisado, pero se ajustó a la situación real y se aplicó eficientemente, de modo que en 1996 las condiciones de convergencia estaban próximas a cumplirse. Puesto que la dirección de la política económica comunitaria no permitía el incremento de la presión fiscal, los objetivos de convergencia solo podían conseguirse mediante el fomento de la inversión y el empleo, y conteniendo el gasto público. No obstante, en el último aspecto no se procuró esta vez reducir las prestaciones sociales, sino evitar que su coste creciese por encima del producto interior bruto como había ocurrido en los años de política económica socialdemócrata.

Respecto a la regulación del mercado de trabajo, sin embargo, se aplicó una política plenamente liberal, con la introducción en 1993 de nuevos tipos de contratos laborales, especialmente precarios para los jóvenes y los trabajadores ocupados a través de las nuevas empresas intermediarias de trabajo temporal. Esta reforma motivó una nueva huelga general en enero de 1994, que, como es habitual en fases de recesión, no tuvo una gran aceptación ni consiguió sus objetivos.

La política de Justicia e Interior: Juan Alberto Belloch y Baltasar Garzón

Uno de los jueces que Felipe González había incluido en las listas electorales para actuar contra la corrupción era Juan Alberto Belloch, que ocupó inicialmente el Ministerio de Justicia, el cual fue después fusionado con el de Interior manteniéndo Belloch como titular, tras el conocimiento del caso de corrupción del antiguo director general de la Guardia Civil. Una de sus actuaciones fue precisamente desmantelar la red clientelar de este último, así como renovar los altos mandos de los cuerpos policiales. Una de sus líneas de acción política fue mantener un estricto control sobre los fondos reservados de los presupuestos de Interior, de los cuales había procedido parte del enriquecimiento del antiguo director de la Guardia Civil. Ahora bien, de los mismos fondos había procedido también la financiación de los GAL, de modo que la política de Belloch favoreció su investigación, y, de este modo, Baltasar Garzón (nuevamente en la Audiencia Nacional) abrió de nuevo este proceso e implicó en él a varios de los altos cargos de la seguridad del Estado de los gobiernos anteriores, incluyendo al antiguo ministro del Interior José Barrionuevo.

Además de esto, durante el ministerio de Belloch continuó la lucha (legal) contra ETA. Ésta, por su parte, practicó una intensa campaña de atentados selectivos.

La decadencia

A pesar del objetivo de Felipe González de controlar la corrupción en su propio partido (manifestado a través de varias leyes), lo cierto es que durante su última legislatura el gobierno del PSOE tuvo una profunda decadencia en la que la corrupción fue un elemento fundamental. Las reformas jurídicas e institucionales (con órganos especiales creados con este fin) no solo no detuvieron la corrupción, sino que ésta aumentó. Uno de los casos más importantes fue el ya mencionado, referido al director general de la Guardia Civil, protegido por el ministro del Interior al comienzo de esta legislatura, José Luis Corcuera. En este asunto, el enriquecimiento ilegal se debió al uso indebido de diversas fuentes de ingresos del Ministerio; pero también al pago ilegal de comisiones por parte de empresarios amenazados por ETA para obtener una protección preferente de las fuerzas de seguridad del Estado; así, la corrupción llegaba a afectar a aspectos especialmente delicados de la acción política. Los casos de corrupción en altos cargos de la administración fueron afectando a los ministros que los protegían, hasta el punto de que en 1995 Baltasar Garzón renunció a su diputación, cuestionando la disposición efectiva de Felipe González para detener la corrupción. Incluso la UGT estuvo implicada en un grave caso relacionado con la promoción inmobiliaria, lo que provocó la dimisión de su secretario general, Nicolás Redondo.

La implicación del antiguo ministro de Interior en el proceso de los GAL intensificó la denuncia de la oposición (sobre todo del PP e IU) y de la prensa contra el gobierno. Se llegó incluso a responsabilizar a González del uso de procedimientos ilegales en la lucha contra ETA, aunque su implicación no se demostró. En esta situación, la credibilidad del PSOE era cada vez menor. Finalmente, CiU le retiró su apoyo, temiendo que su relación con el gobierno le afectase negativamente en las elecciones regionales de Catalunya, y fue necesario disolver las Cortes.

La monarquía constitucional: 1979-1982

2008-05-20T20:15:00.000+02:00

Los procesos electorales de 1979

Las elecciones generales

Éstas se celebraron en marzo de 1979, con un censo mayor por la obtención de los derechos políticos plenos a partir de los dieciocho años de edad. La participación electoral y la distribución de escaños en el Congreso de los Diputados fueron similares a las de 1977, aunque UCD quedó más cerca de la mayoría absoluta. También el PSOE incrementó su representación; pero aún así no fue un éxito pleno, puesto que en los meses anteriores había llegado a esperar la victoria. PCE-PSUC tuvo también una ligera subida, pero se mantenía muy alejado de los partidos mayoritarios. AP concurrió en asociación con otros partidos conservadores, y aún así disminuyó su representación, reducida a bastante menos que la mitad de la correspondiente a PCE-PSUC. También presentaron una candidatura conjunta las organizaciones de ultraderecha, que obtuvieron un único diputado. En Catalunya, se consolidó la coalición de fuerzas nacionalistas de centro-derecha, dirigida por Jordi Pujol, Convergència i Unió. En Euskal Herria, el PNV se mentuvo en niveles de representatividad parecidos a los de 1977, y se produjo el acceso al Congreso de los Diputados de Herri Batasuna. Otros partidos regionalistas tuvieron también presencia en las nuevas Cortes.

El nuevo gobierno tendría que proceder al desarrollo de la Constitución, para lo que se necesitaría el acuerdo con otros partidos, al no tener UCD mayoría absoluta. Los andalucistas y liberales, que apoyaron la investidura de Suárez, se integraron en este gobienro con un ministerio cada grupo. El resto fue esencialmente de composición similar al precedente. Gutiérrez Mellado continuó como vicepresidente primero; pero el Ministerio de Defensa fue asignado a un civil, Agustín Rodríguez Sahagún. Continuó también Leopoldo Calvo Sotelo, en el importante Ministerio de Relaciones con la Comunidad Económica Europea. En cambio, abandonaron el gobierno inicialmente algunos miembros destacados del anterior de penenes: Fernández Ordóñez, Martín Villa y Cabanillas. Los tres, sin embargo, se incorporaron de nuevo meses después, habida cuenta de que esta fase de la presidencia de Suárez fue inestable y hubo numerosos cambios ministeriales.

Las elecciones municipales

Al mes siguiente de las elecciones generales, se celebraron las municipales, muy necesarias para renovar estas corporaciones, aún gestionadas por las autoridades de la dictadura. UCD venció en numerosos ayuntamientos pequeños y medianos. En cambio, los grandes dieron resultados favorables sobre todo al PSOE y, en menor medida, a PCE-PSUC. El éxito de los partidos comunistas debe ponerse en relación con su gran implantación en los movimientos sociales, que incluían las asociaciones de vecinos. Además, su asociación con el PSOE permitió la constitución de numerosos gobiernos municipales de izquierda, especialmente en las grandes ciudades; pero también en pequeñas poblaciones obreras, industriales, mineras y campesinas. En Euskal Herria el PNV confirmó su posición predominante, y en Catalunya CiU lo hizo también respecto a su situación secundaria tras los partidos de izquierda.

La constitución de las comunidades autónomas

Euskal Herria y Catalunya

En 1979, tras los procesos electorales, se debatieron en las Cortes las propuestas de estatutos de autonomía presentadas por las instituciones regionales provisionales de Catalunya y Euskal Herria, el primero elaborado en Sau y el segundo en Gernika. Ambos atribuían a los órganos autonómicos numerosas funciones, especialmente en los asuntos siguientes: política lingüística y cultural, medios de comunicación, enseñanza, sanidad, ordenación territorial, obras públicas y transporte, turismo y trabajo; otras funciones, más limitadas, se referían a orden público y justicia. La financiación de estos servicios se establecía, en el estatuto catalán, mediante participación en los ingresos generales del Estado; y, en el vasco, por los conciertos económicos, consistentes en la negociación periódica con el gobierno central de la parte correspondiente a éste de la recaudación fiscal de la región, que sería ejecutada por los órganos autonómicos; se trataba en este último caso, por tanto, de un sistema similar al aplicado aquí tras la abolición de los fueros vascos al terminar la última guerra carlista en 1876.

Ambos estatutos fueron aprobados en Cortes como leyes orgánicas, y sometidos a referéndum en octubre de 1979. El voto afirmativo estuvo en las dos regiones próximo al 80%, con una alta abstención que coincidía con la desmovilización electoral general que se venía produciendo después de la aprobación de la Ley para la Reforma Política en 1977. En marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones parlamentarias en ambas regiones. En Euskal Herria se produjo un retroceso de los partidos de ámbito estatal; el PNV, Herri Batasuna y Euskadiko Eskerra superaron conjuntamente la mitad d ellos escaños, aunque la segunda rehusó la participación institucional; esto último propició que la mayoría relativa del PNV se convirtiese de hecho en absoluta, siendo elegido presidente del gobierno Carlos Garaikoetxea, cuya prioridad fue la negociación de un traspaso rápido de las funciones ejecutivas.

Mucho más interesante fue el resultado de las elecciones catalanas, y también mucho más indicativo de la situación política general de España, si se excluye su componente nacionalista. Precisamente la principal novedad aquí fue la victoria, con mayoría relativa, del nacionalismo moderado de CiU, que por primera vez desplazó a la izquierda de ámbito estatal constituida por PSOE y PCE-PSUC, la cual parece haberse resentido de cierta abstención en su electorado. También empeoró sus resultados UCD, como primer indicio de su crisis interna. Por su parte, el Partido Socialista Andaluz obtuvo dos escaños en representación de la inmigración. Jordi Pujol formó un gobierno integrado solo por CiU. Su política en los años siguientes se orientó a la identificación del proceso autonómico, y de la alternativa a un gobierno de izquierda, con su coalición.

Galicia, Andalucía y las restantes regiones: la revisión del proceso autonómico

En 1980 se elaboró el estatuto gallego, mediante una negociación mucho menos problemática, habida cuenta de que la Asamblea de Parlamentarios regionales tenía una composición muy similar a la de las Cortes generales, con mayoría de UCD. Lo significativo en esta región fue la muy baja participación, tanto en el referéndum estatuyente como en las primeras elecciones parlamentarias. El Estatuto de Autonomía de Galicia asignaba a las instituciones regionales menos funciones que los dos anteriores. En las elecciones, celebradas en octubre de 1981, UCD se resintió plenamente de su crisis interna, y tuvo un gran retroceso; AP obtuvo por ello la mayoría absoluta.

Durante la negociación del estatuto gallego, el gobierno decidió implantar el sistema autonómico en todo el territorio, habida cuenta de que gran parte de la población había llegado a identificarlo con la democracia, de que esto podía satisfacer a la izquierda por su tradición federalista, de que en varias regiones había ya instituciones provisionales, y de que en algunas de ellas el movimiento autonomista era muy fuerte (ejemplo extremo de lo cual podría ser el acceso del Partido Socialista Andaluz al Parlament de Catalunya). Ahora bien, el gobierno consideró que las nuevas comunidades autónomas debían constituirse según el procedimiento limitado y gradual de la Constitución, con menos funciones.

Esta decisión provocó un grave conflicto en Andalucía, que perjudicó notablemente a la UCD al coincidir con su crisis interna. En esta región, la izquierda y el PSA emprendieron una gran movilización para el acceso a la autonomía en su grado máximo, lo cual, de acuerdo con la Constitución, requería previamente su aprobación en referéndum con mayoría absoluta en todas y cada una de las provincias que integrarían la comunidad autónoma. Esta mayoría no se obtuvo solamente en Almería; pero la movilización autonomista consiguió finalmente, mediante negociación con el gobierno, la aceptación del grado máximo. El debilitamiento de UCD en la región se produjo principalmente porque había pedido la abstención en el referéndum para la decisión sobre el nivel de la autonomía andaluza (febrero de 1980). En octubre de 1981 fue aprobado el estatuto en un nuevo referéndum. En mayo de 1982 se celebraron las elecciones al parlamento regional, obteniendo el PSOE su primera mayoría absoluta en unos comicios de cualquier tipo. UCD tuvo un importante fracaso, siendo ya superada por AP; y también había comenzado el retroceso del PCE. Se iban, por tanto, perfilando los resultados posibles de las elecciones generales de octubre del mismo año.

La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico: julio de 1982

El fracaso de UCD en el primer referéndum andaluz demostró que la nueva política autonómica del gobierno exigía el acuerdo con la oposición, al menos con el PSOE. Por ello, durante 1981 UCD y PSOE negociaron una fórmula de extensión del modelo territorial autonómico, que fue aprobada (con la oposición de los restantes partidos) en julio de 1982, mediante la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. La ley, por sí misma, al oriental la constitución de comunidades autónomas limitaba la iniciativa del proceso, que debía ser en principio de los territorios, siendo después declarada inconstitucional en este aspecto. Por lo demás, en ella se permitía el acceso paulatino al grado máximo de autonomía de todas las regiones. El acuerdo entre ambos partidos para la elaboración de esta ley permitió qu eel proceso autonómico se completase bajo el gobierno del PSOE desde el otoño de 1982.

La crisis económica y la conflictividad social

En 1979 se estaban notando los primeros indicios del fin de la recesión, cuando se produjo la Revolución islámica en Irán. El nuevo gobierno iraní suspendió la exportación de petróleo, y se produjo una segunda crisis internacional provocada por la rápida subida de su precio. En España, esta crisis fue más profunda, dado que los empresarios tendieron a retirar inversiones de capital debido a su rechazo de la nueva política fiscal y, sobre todo, a la consolidación de la negociación colectiva con sindicatos libres. En 1974-1975, la retirada de inversiones nacionales había sido parcialmente compensada por el incremento de la inversión exterior en España; ahora, en cambio, la crisis internacional redujo la llegada de capital extranjero. A ello se añadió un alto riesgo de superproducción. Por otra parte, importantes sectores industriales estaban en proceso de transformación técnica y organizativa, con el objetivo de racionalizar y mecanizar su sistema productivo, lo que contribuyó al gran incremento del desempleo, que se acercó al 80% en los primeros años ochenta. La crisis de 1979 fue, por tanto, más profunda, y duró hasta mediados de la década siguiente.

En este contexto se produjo una gran conflictividad social desde finales de los setenta, motivada por la necesidad de CCOO y UGT de organizarse e implantarse, pero también por el descontento de la clase trabajadora por las consecuencias de los Pactos de la Moncloa: en parte por la repercusión del coste de las medidas de estabilización sobre el empleo y el salario, y en parte por la no ejecución completa de las reformas sociales compensatorias acordadas. Ahora bien, debido a la crisis económica, la movilización obrera había entrado en una fase defensiva: su objetivo no era ya conseguir mejoras, como a comienzos y mediados de la década, sino evitar el empeoramiento de la situación presente. A esto había que añadir una estrategía diferente entre los dos grandes sindicatos: CCOO optó inicialmente por potenciar la acción conjunta de la representación obrera a nivel de corporación, mediante los comités de empresa. UGT, en cambio, prefería la acción individualizada de cada organización sindical, y además de esto la negociación centralizada con el gobierno y la CEOE de las condiciones generales del mercado laboral aplicables a todas las empresas; fruto de esta estrategia fueron varios pactos globales sobre las condiciones de trabajo, firmados por UGT y rechazados por CCOO. No obstante, el golpe de Estado de 1981 hizo a CCOO cambiar de actitud; optó ahora por la moderación en las reivindicaciones para desincentivar la involución política, y por integrarse en los acuerdos generales sobre condiciones de trabajo, a fin de no quedar desplazada de lo que parecía que iba a ser el contexto principal de negociación.

La crisis de los partidos políticos; el eurocomunismo

El sistema de partidos que se había implantado durante la primera etapa de la transición parecía no ser completamente adecuado a las nuevas circunstancias de una democracia que previsiblemente se consolidaría. Por ello, a finales de los años setenta y principios de los años ochenta, los grandes partidos entraron en crisis, y debieron revisar sus discursos y su práctica política. Del éxito de este proceso dependería su implantación en el futuro.

El primer partido que sufrió esta crisis, y posiblemente el que mejor la resolvió, fue el PSOE. Dado que los resultados electorales lo situaban en condiciones de gobernar a medio plazo, los dirigentes (en especial Felipe González) propusieron una adaptación del discurso, que se había mantenido muy radical, a la práctica moderada efectiva, a fin de atraer un voto de centro que garantizase el acceso al poder. Así, en el congreso ordinario de 1979, propusieron, entre otras cosas, la eliminación del partido como marxista, lo que fue rechazado por la mayoría de los congresistas. Ante esta situación, Felipe González dimitió, sin que el sector más radical pudiese organizar una dirección alternativa. El partido fue gestionado interinamente hasta un congreso extraordinario celebrado más tarde el mismo año. En éste, la eliminación de la definición marxista fue finalmente aprobada. También se designó nuevamente a González secretario, y a Alfonso Guerra responsable de organización. Al mismo tiempo, se reformaron los estatutos, con el objeto de aumentar la disciplina interna del partido bajo la dirección de los órganos centrales. El PSOE salía de sus congresos de 1979, por tanto, como una organización socialdemócrata con condiciones para ejercer el gobierno. De hecho, en 1980 el partido presentó en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra Adolfo Suárez que, aunque no fue aprobada, debilitó la posición del presidente y consolidó la de González.

Pocas semanas después de esta moción de censura, en el seno de UCD se inició abiertamente la crítica contra la dirección de Suárez, favorecida también por la mala gestión del primer referéndum andaluz y el retroceso electoral en los parlamentos regionales. La crisis económica, el incremento del terrorismo y el riesgo de involución militar empeoraban la situación. Así, en enero de 1981 Suárez dimitió como presidente del gobierno y de UCD. Pocas semanas después se celebró un congreso del partido, que solo resolvió temporalmente (y por muy breve tiempo) la crisis interna.

Estos fueron también los años de la crisis del PCE, que se debía no solo a los resultados electorales, siempre pobres en relación con la implantación social del partido en los movimientos sociales. Otra de sus causas fundamentales era que precisamente a través de esta implicación social el PCE tenía una base de afiliados formados en una cultura de participación activa y decisión desde la base; mientras que la legalización había propiciado el regreso de una elite dirigente de vanguardia formada en la rígida disciplina de partido desde los órganos centrales, propias de los tiempos del exilio (coincidentes, por lo demás, con los de la Guerra Fría). Entre estos dos sectores hubo continuos conflictos, especialmente cuando la dirección trató de imponer una moderación del discurso y los objetivos políticos con el fin de mejorar los resultados electorales, y ello sin el suficiente debate ideológico.

El principal ejemplo de esto fue la supresión de la definición del partido como leninista, aprobada en un congreso celebrado en 1978, y defendida principalmente por Santiago Carrillo. Éste, además, proponía como discurso político el llamado eurocomunismo, siendo uno de sus mayores defensores a nivel internacional. El eurocomunismo era una tendencia basada en la renuncia a la revolución socialista y a la dictadura del proletariado; en su lugar, proponía la consecución del socialismo a partir del sistema democrático, mediante la participación en las instituciones de éste y de acuerdo con sus procedimientos. Esto implicaba, además, la renuncia a elementos simbólicos importantes, como la misma definición leninista y la revolución obrera. Para una parte de los afiliados, y sobre todo para las bases, el eurocomunismo era una desviación grave de las características del pensamiento comunista, que además estaba siendo impuesta de forma poco participativa por la dirección. En los años siguientes se fue agravando la crisis interna, especialmente en el ámbito catalán (PSUC), finalizando con la ruptura a principios de los ochenta. En efecto, a lo largo de 1981 la crítica a la rígida disciplina ideológica impuesta desde la dirección aumentó de forma importante. Al final del año, los partidarios de Carrillo optaron por la expulsión sistemática de los afiliados críticos. Se produjo entonces una gran desmovilización de la base del partido, que repercutió meses después en un importante retroceso electoral.

El terrorismo y el golpe de Estado de febrero de 1981

Durante el gobierno constitucional de Adolfo Suárez hubo una gran actividad terrorista por parte de ETA, GRAPO y grupos de ultraderecha. Solo hubo un éxito parcial importante, al detenerse a los principales dirigentes de los GRAPO, cuya capacidad de acción se resintió desde entonces. En cambio, hubo un gran éxito político durante los últimos meses de gobierno de UCD, cuando ETA-Político Militar se disolvió aprovechando la posibilidad de reinserción social ofrecida por el gobierno. Por el contrario, ETA-Militar sostuvo la lucha armada, destacando especialmente la frecuencia de sus atentados indiscriminados con numerosas víctimas civiles, cuyo objetivo era, o bien conseguir la independencia negociada, o bien provocar una involución política que propiciara la cohesión de la sociedad vasca en torno a la misma ETA.

El golpe de Estado de febrero de 1981, durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno (por la dimisión de Suárez el mes anterior), fue un pronunciamiento militar que culminaba el descontento de una parte del ejército y los civiles ultraderechistas respecto al sistema constitucional en general, y muy especialmente en cuanto al proceso autonómico y la debilidad en la lucha antiterrorista causada por la falta de experiencia en ella mediante procedimientos democráticos. La crisis de UCD y de su gobierno parecían confirmar el diagnóstico de los sectores reaccionarios sobre la inadecuación del sistema constitucional.

Mientras Antonio Tejero dirigía el secuestro del Congreso de los Diputados, el capitán general de València, Jaime Miláns del Bosch, decretaba el estado de guerra. Se esperaba la adhesión de otras capitanías generales al pronunciamiento, e incluso la de Juan Carlos 1º. Aunque no hubo una oposición firme de muchos capitanes generales al golpe de Estado, sí se produjo la del rey, que provocó el aislamiento de los sublevados. Ni siquiera había un proyecto consensuado entre ellos, pues el general Alfonso Armada defendía un régimen autoritario instaurado con la colaboración de los representantes parlamentarios, aspecto no compartido por los restantes jefes del pronunciamiento. Siguieron a ésta otras conspiraciones, abortadas antes de su ejecución. No obstante, el fracaso del golpe de Estado fortaleció las instituciones democráticas, cohesionó a la clase política y a la sociedad en el apoyo a la gobernabilidad del país, e incluso legitimó a la corona, que superó así el aspecto que había tenido de representar la monarquía del 18 de julio. En conclusión, el golpe de Estado involucionista de 1981 hizo definitivamente imposible la involución.

El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo: febrero de 1981-noviembre de 1982; el ingreso en la OTAN

El gobierno de Calvo Sotelo buscó la negociación con la oposición respecto a la solución de los principales problemas, sobre todo la crisis económica y el proceso autonómico. No obstante, UCD seguía sin superar su propia crisis, que fue la causa de frecuentes cambios ministeriales en este gobierno. El acuerdo con el PSOE, sin embargo, se rompió en política exterior. En este aspecto, Suárez había defendido el no alineamiento; Calvo Sotelo, en cambio, desde su investidura propuso la incorporación a la OTAN, que quería no obstante negociar con la oposición. Durante el debate, el gobierno retrasó la renovación del acuerdo de cooperación con Estados Unidos hasta que se decidiese sobre la adhesión a la OTAN. Ésta fue aprobada con los votos de UCD y los partidos nacionalistas de centro y derecha, pero con dos condiciones: el rechazo de la instalación o almacenamiento de armas nucleares, y el impulso de la negociación para la obtención de la soberanía sobre Gibraltar y la integración en la Comunidad Económica Europea. La incorporación a la OTAN suscitó la movilización de la izquierda, encabezada por PSOE y PCE, reclamando la celebración de un referéndum sobr ela cuestión, habida cuenta de que la mayor parte de la población parecía rechazar el proyecto gubernamental. Éste, no obstante, se cumplió en 1982 con la admisión por parte de los restantes países miembro.

A lo largo de 1981, la crisis interna de UCD se agravó, ejemplo de lo cual fue la aprobación de la Ley de Divorcio propuesta por el gobierno, pero con el voto negativo de parte de los parlamentarios de su propio grupo. Este mismo año, se produjo la salida del partido del sector socialdemócrata, dirigido por Francisco Fernández Ordóñez, que se había ido aproximando al PSOE. El sector conservador, representado a su vez por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, se fue acercando a las posturas políticas de Alianza Popular, en la que parte de sus miembros ingresó a principios de 1982. Meses después, el mismo Suárez abandonó el partido para constituir Centro Democrático y Social. En esta situación, el gobierno no tenía ya base parlamentaria para sostenerse, y convocó elecciones generales para octubre de 1982, en las cuales el candidato de UCD sería Landelino Lavilla.

La transición española: la monarquía del 18 de julio y la Constitución de 1978: 1975-1978

2008-05-13T10:54:00.001+02:00

La monarquía del 18 de julio: el gobierno de Arias Navarro bajo Juan Carlos 1º: 1976

En sus primeros meses, el reinado de Juan Carlos 1º fue esta monarquía legitimada por la Guerra Civil, sin que hubiese cambios políticos significativos. Arias Navarro siguió siendo presidente del nuevo gobierno constituido a principios de 1976, con los mismos componentes esenciales pero con algunos cambios importantes. Adolfo Suárez fue en este gobierno el último ministro secretario general del Movimiento; Rodolfo Martín Villa ocupó el Ministerio de Relaciones Sindicales; Manuel Fraga fue ministro de Gobernación, puesto desde el que trató de impulsar un reformismo basado en la continuidad esencial de los principios del régimen con una cierta apertura a algunas tendencias políticas; y José María de Areilza ocupó el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la misión de conseguir el reconocimiento internacional de la monarquía, lo que para él debía basarse en la renovación de su legitimación sobre bases distintas que la Guerra Civil. Como todos los gobiernos del franquismo, éste se caracterizó por las diferencias ideológicas entre sus miembros, ahora complicadas por la divergencia entre continuismo, reforma y ruptura democrática, siendo esta última opción la defendida sobre todo por Areilza. Ahora bien, todos los ministros coincidían en el rechazo hacia el presidente Arias, lo que restó eficacia al gobierno y fortaleció a la oposición, descontenta además con lo que parecía ser un proyecto esencialmente continuista. La actitud del presidente fue ahora precisamente la de comprometerse con este continuismo, representado al mismo tiempo por José Antonio Girón de Velasco, vuelto a la acción política en estos últimos años de dictadura como presidente de la Confederación Nacional de Excombatientes. Juntos, entre otros, constituyeron la esencia del bunker franquista y restauraron el discurso de la posguerra.

Fraga, por su parte, tenía un proyecto de reforma, aunque esencialmente similar a la democracia orgánica de familia, municipio y sindicato: una cierta ampliación de la diversidad ideológica, con una representatividad en unas Cortes bicamerales elegidas solo parcialmente, puesto que otra parte de los representantes sería designada por el rey, y otra más por la organización sindical. El gobierno asumió esta propuesta, pero en su discusión con el Consejo Nacional del Movimiento no se llegó a un acuerdo. Más aún, se reguló por fin el derecho de asociación mediante una ley; pero esto exigía la modificación de los artículos del Código Penal que castigaban la pertenencia a partidos políticos, y esta reforma complementaria imprescindible fue rechazada por las Cortes. Esta situación, unida al contexto de gran agitación social, hizo imposible la continuidad de Arias como presidente del gobierno.

Protesta y oposición bajo Arias Navarro

La agitación social

En los primeros meses de 1976 hubo, una vez más, un aumento de los desórdenes públicos y las huelgas, ahora a una escala mucho mayor, y ya definitivamente vinculados a reclamaciones políticas. Algunas de las huelgas se produjeron en sectores con gran impacto social (Metro de Madrid, Renfe), por lo que el gobierno recurrió a la militarización de estos servicios para disminuir sus efectos. Quizá lo más importante es la extensión de la movilización a empresas pequeñas y sectores económicos en los que la agitación social no había sido importante hasta entonces. Como antes, la represión fue contundente. El caso más grave se produjo en Gasteiz en marzo de 1976, al asaltar la policía la iglesia de San Francisco, en la que se había reunido una asamblea obrera. Hubo varios muertos y numerosos heridos, y se produjo una gran huelga de protesta en Euskal Herria, extendida con menor fuerza al resto de España. Hay que tener en cuenta que, dada la desconfianza de los trabajadores hacia la OSE, su organización debía realizarse necesariamente mediante este tipo de asambleas ilegales, a menudo reunidas en edificios eclesiásticos por no disponerse de otras sedes. Además, las reivindicaciones de las asambleas obreras no podían ser estrictamente laborales, sino que dada la grave represión tenían que incluir la libertad sindical, el derecho de huelga y la amnistía de los represaliados.

La oposición política

La amnistía por delitos sociales y políticos fue, por tanto, una de las reivindicaciones fundamentales de 1976, y una de las que sirvió para fusionar la movilización social y la política. La amnistía, sin embargo, implicaba la negación de la legitimidad del régimen franquista y de su prolongación presente bajo la monarquía del 18 de julio, por lo que los miembros más influyentes del gobierno la rechazaban plenamente, destacando en ello Fraga. La misma dialéctica de reivindicación social-represión-politización de la movilización, se produjo en el ámbito de las asociaciones de vecinos, constituidas como alternativa a los ayuntamientos franquistas para reclamar solución a los problemas cotidianos del vecindario, y que terminaron uniendo a ello la petición de democratización de las corporaciones locales. Y en algunas zonas, especialmente Euskal Herria, participaban también de la reivindicación de la amnistía, habida cuenta del gran número de represaliados locales y de su pertenencia a una gran cantidad de familias. Al mismo tiempo, estas y otras movilizaciones tenían una gran repercusión en la prensa, que a su vez también sufría la represión y se iba posicionando abiertamente en favor de la ruptura democrática. Núcleos universitarios, intelectuales y culturales se sumaban a las mismas reivindicaciones. La agitación social ya no era separable de la oposición política.

Coordinación Democrática (la Platajunta): marzo de 1976

La confluencia de las distintas formas de oposición llevó a la unificación de la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática, en la organización Coordinación Democrática, constituida en marzo de 1976, en un contexto de grave agitación. Su proyecto político emanaba de las similitudes entre los de las asociaciones precedentes: un gobierno provisional basado en las garantías y los derechos civiles, que presidiese un proceso constituyente en el que la voluntad popular decidiese la forma del Estado y del gobierno; reconocimiento de los derechos políticos de las regiones y naciones de España; libertad política y sindical efectivas, con la disolución del sindicato vertical; y amnistía general. Coordinadora Democrática era la extensión a todo el territorio, por fin, de la iniciativa unitaria de oposición representada por la Assemblea de Catalunya desde 1971. Para llegar a este acuerdo, el principal obstáculo era el carácter radical que podía darle la presencia del PCE; sin embargo, éste no podía ser excluido de una iniciativa democrática común, cuando era la organización de oposición con mayor implantación social. Pero la unión de la oposición incluyendo al PCE era precisamente lo que más preocupaba al gobierno, que había esperado que los comunistas quedasen fuera de la iniciativa unitaria.

La organización de los sindicatos

En el ámbito sindial, las Comisiones Obreras promovieron también el desarrollo de una estrategia unitaria similar a Coordinación Democrática. Esto, sin embargo, fue rechazado por la UGT, la cual se encontraba exactamente en la situación contraria que las Comisiones Obreras: tenía una estructura organizativa central y una base ideológica desarrollada, pero ninguna implantación en las empresas. Las Comisiones Obreras, por su parte, habían sido siempre un movimiento asambleario de trabajadores para la presión sobre la OSE a través de los enlaces sindicales, y tenían por tanto gran presencia y prestigio en las empresas; pero, precisamente por su carácter de movimiento social asambleario, carecían de estructura orgánica y de corpus ideológico; y esto último a pesar de la importante presencia comunista entre sus miembros, debido a la estrategia mantenida por el PCE desde finales de los años cuarenta de supeditar la doctrina a la actividad unitaria de oposición. En esta situación, la UGT temía quedar subordinada a las Comisiones Obreras, un movimiento que no controlaba, si se producía la unificación, por lo que la rechazó, con el apoyo del gobierno al que tampoco interesaba la unidad sindical. Ahora bien, ambos grupos colaboraron puntualmente en la convocatoria de huelgas, y en reivindicaciones políticas como la libertad sindical y la disolución de la OSE.

El primer gobierno de Adolfo Suárez y la Ley para la Reforma Política: 1976-1977

El gobierno de penenes: julio de 1976-julio de 1977; la amnistía de 1976

La agitación social y el terrorismo ponían en peligro la misma monarquía, por lo que era urgente para su mantenimiento la aceleración de las reformas. Puesto que Arias Navarro se había convertido en el máximo representante del inmovilismo, se necesitaba sustituirlo. Para este fin sirvió la posición muy influyente de Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, puestos para los que Juan Carlos 1º había conseguido su nombramiento precisamente aceptando la continuidad de Arias en la presidencia del gobierno. Ahora, podía ya prescindirse de este último, al que el rey pidió la dimisión en julio de 1976; se precisaba también que el nuevo presidente tuviese voluntad y capacidad para ejecutar las reformas rápidamente. Fernández Miranda y Juan Carlos 1º habían tratado esta cuestión con Adolfo Suárez, y el primero de ellos se encargó de incluirlo en la terna ofrecida al rey para su elección por el Consejo del Reino. Su designación definitiva sorprendió a la mayor parte de la clase política, lo que indica que el proyecto de reforma rápida que los tres preparaban no era conocido de forma generalizada. Fernández Miranda, por su conocimiento del sistema jurídico franquista, proporcionó además el procedimiento para la transición: una sola ley de reforma, con carácter fundamental para que pudiese modificar las restantes leyes de este rango, y que abriese un proceso de legalización de fuerzas políticas para la constitución de unas Cortes democráticas que revisasen el corpus jurídico de la dictadura. Suárez, procedente de la Secretaría General del Movimiento, era por ello incapaz de emprender reformas profundas por algunos sectores de la clase política y la oposición. Fraga, por ejemplo, creía estar más cualificado él mismo, por lo que se negó a formar parte del nuevo gobierno; sin embargo, él era precisamente, como ministro de la Gobernación, la imagen de la dura represión del último gobierno de Arias.

El primer gobierno de Suárez implicó cierto relevo generacional, así como el paso a los principales ministerios de contenido político de algunas personas que habían ocupado previamente ministerios económicos. Este incremento de la relevancia de ciertas personas jóvenes, en un gobierno que no parecía que tuviera posibilidades de durar, dio lugar a que se le llamase gobierno de penenes (en referencia al profesorado universitario precario, muy implicado en las movilizaciones sociales y la oposición). Sin embargo, a diferencia de los gobiernos de la dictadura, el primero de Suárez tuvo una actuación muy cohesionada y coherente, con una dirección clara por parte del presidente. Sus principales miembros fueron: Rodolfo Martín Villa, Alfonso Osorio, Marcelino Oreja, Landelino Lavilla y Leopoldo Calvo Sotelo, la mayoría procedentes de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas.

Los medios para asegurar el éxito de la reforma fueron: la anulación de la influencia política del sector inmovilista de la dictadura, lo que resultó bastante fácil; y atraer la confianza y la colaboración de la oposición hacia el proyecto reformista, para lo que Suárez empleó la opinión pública desde el principio. No obstante, a los sectores inmovilistas les garantizó que la apertura no incluiría, por ejemplo, la legalización del PCE, lo que preocupaba sobre todo a los ministros militares, que inicialmente fueron los mismos que en el último gobierno de Arias. En la práctica, Suárez desarrolló una política dirigida a controlar la capacidad de agitación de la oposición; pero no por el procedimiento tradicional de la represión, sino asumiendo sus principales reivindicaciones como política gubernamental. El mejor ejemplo de ello fue el decreto de amnistía por delitos políticos y de opinión (excepto los de sangre), aprobado el mismo mes de constitución del nuevo gobierno como respuesta a una nueva movilización de la oposición reclamando precisamente esta amnistía.

La Ley para la Reforma Política: noviembre de 1976

En los anteriores intentos de reforma parcial, los procuradores en Cortes del sector inmovilista habían empleado procedimientos de dilación parlamentaria para impedir su aprobación; así había ocurrido, por ejemplo, con la derogación de los artículos del Código Penal que condenaban la pertenencia a partidos políticos, lo que impedía el ejercicio efectivo del derecho de asociación. Por este motivo, Torcuato Fernández Miranda, como presidente de las Cortes, aplicó el procedimiento de urgencia para el debate sobre las leyes de reforma presentadas por el Gobierno. Así, por fin, se romovieron los artículos penales que impedían la asociación, solo una semana después de la constitución del nuevo gobierno.

Un mes después, en pleno verano, el gobierno inició la preparación del anteproyecto de la Ley para la Reforma Política, que debía ser breve, y que finalmente se aprobó en Cortes en noviembre. Mientras tanto, el gobierno nogoció con la oposición su colaboración para el éxito de la reforma, especialmente respecto al control de la agitación social, a fin de que el temor a la subversión no decidiese a la acción al sector inmovilista de la clase política. Así, por ejemplo, el ministro de Relaciones Sindicales negoció con las organizaciones de trabajadores (incluidas las Comisiones Obreras) su legalización. Ésta fue la causa de dimisión de uno de los ministros militares, ofendido por el proyecto de implantación de la libertad sindical. Además, intentó que el ejército retirase su apoyo al gobierno; pero en esto tuvo pocos seguidores, lo que demostraba que las fuerzas armadas globalmente no aspiraban a intervenir en el proceso político. Fue sustituido en el ministerio por Manuel Gutiérrez Mellado, militar de la línea profesional y por tanto no vinculado ideológicamente al régimen franquista.

Tampoco era firme la resistencia de los procuradores inmovilistas, ya que no estaban organizados para presionar al gobierno. Además, éste les aseguró que podría controlar la reforma si era aprobada en Cortes, y así evitar una ruptura; les garantizó también su situación personal en los cargos públicos que ocupaban. No obstante, algunos de ellos rechazaron plenamente la reforma, presentando una enmienda contra la totalidad del proyecto de ley; pero no fueron suficientes.

La ley aprobada modificaba la composición de las Cortes, convocaba unas nuevas mediante elecciones libres, y autorizaba a estas últimas a revisar las leyes fundamentales. Se basaba para ello en el principio de soberanía popular, que venía siendo debatido en España desde las Cortes de Cádiz. Las nuevas Cortes serían bicamerales. El Congreso de los Diputados se elegiría por sufragio universal, con distribución proporcional limitada para asegurar la representatividad de las provincias pequeñas (previsiblemente más conservadoras). El Senado sería la representación territorial, teniendo un porcentaje de sus miembros de designación real; no obstante, su función política sería secundaria; la iniciativa legislativa correspondería al gobierno y al Congreso de los Diputados. Las reformas aprobadas por estas Cortes tendrían que ser sometidas a referéndum. Finalmente, se asignaba al gobierno la regulación de las primeras elecciones.

Tal como se había argumentado en la enmienda contra la totalidad presentada por una parte del sector inmovilista de los procuradores en Cortes, la ley no era realmente una reforma, sino una ruptura. Pero, en este caso, dirigida por el gobierno, al tiempo que negociaba con la oposición su colaboración al objetivo democratizador común.

El referéndum sobre la Ley para la Reforma Política se celebró el 15 de diciembre de 1976. El gobierno movilizó los recursos disponibles para conseguir la participación y el voto afirmativo en la mayor proporción posible. La oposición, por su parte, pidió la abstención como muestra de desconfianza hacia el proyecto gubernamental; pero solo el PCE y algún grupo minoritario tuvieron capacidad para participar activamente en la campaña propagandística. La participación en el referéndum fue cercana al 80% del censo, y casi el 95% de los votos fue afirmativo; la abstención solo fue importante en Euskal Herria. Este resultado consolidaba el proyecto reformista del gobierno. Pero éste no podía obtener legitimidad suficiente, a menos que se consiguiera la participación de la oposición en las próximas elecciones a Cortes; y, de momento, la oposición había pedido la abstención en el referéndum.

La legalización de las asociaciones políticas y sindicales; el eurocomunismo; el terrorismo

En el otoño de 1976 se constituyó la Plataforma de Organismos Democráticos, mediante la fusión de Coordinación Democrática, la Assemblea de Catalunya y otras asociaciones regionales similares, y la integración de grupos liberales y socialdemócratas hasta ahora no vinculados a ninguna federación. Así, se organizaba una oposición más unida, pero por eso mismo quedaban diluidas las posturas más radicales de algunos de sus grupos miembro.

La presencia de la oposición en la vida política era cada vez mayor. Así, las organizaciones sindicales convocaron una huelga general en septiembre, que tuvo un gran éxito. Más adelante, el PSOE fue autorizado a celebrar su congreso en diciembre, a pesar de no ser aún una organización legal. Este congreso sirvió para presentar el partido a la sociedad española, con el apoyo de la Internacional Socialista. Como en Suresnes, se empleó ahora un discurso radical (reafirmándose la doctrina marxista), pero con una disposición a la acción efectiva moderada. El PCE incrementó también su presencia pública; en diciembre, Santiago Carrillo (que llevaba varios meses viviendo clandestinamente en España) salió a la luz; fue detenido tras una inicial vacilación del gobierno; pero, al ser rápidamente puesto en libertad, se le otorgó de hecho la posibilidad de acción. Por tanto, el gobierno empezaba a actuar como si las asociaciones políticas fuesen legales, antes de su reconocimiento jurídico.

Como ya se ha dicho, la abstención de la oposición en el referéndum obligaba al gobierno a acordar con ella su participación en las elecciones. Para ello, en el mismo mes de diciembre emprendió la negociación con una comisión unitaria de la Plataforma de Organismos Democráticos, formada, entre otros, por Francisco Fernández Ordóñez, Jordi Pujol, Enrique Tierno Galván y Felipe González; Carrillo, aún en la clandestinidad en este momento, debió ser sustituido. El programa de la comisión seguía básicamente el de las distintas federaciones de oposición que se venían constituyendo desde hacía años, incluyendo ahora la disolución de los órganos del movimiento nacional, la negociación de la regulación de las elecciones, y el acceso a los medios de comunicación públicos. Naturalmente, se exigía también la legalización de todas las fuerzas políticas, la cual se acometió en los primeros meses de 1977, siendo la más problemática la del PCE, respecto al cual el gobierno había asegurado a los militares inmovilistas que no sería reconocido. La oposición negoció con el gobierno las condiciones de legalización de los partidos. Una vez aprobadas en febrero, fueron ya reconocidos, con la importante excepción del PCE.

Ahora bien, es difícil separar este proceso político del terrorismo, muy activo en estos meses. En primer lugar, había un terrorismo con un discurso de extrema izquierda, destacando el del GRAPO, que llegó a secuestrar al presidente del Consejo de Estado, José María de Oriol. Sin embargo, la consecuencia principal de la acción del GRAPO fue incentivar a su vez un terrorismo ultraderechista, ejercido sobre todo por los Guerrilleros de Cristo Rey, que llegaron a asesinar a un estudiante en una manifestación reivindicando la amnistía política. El atentado más importante fue el de la extrema derecha contra un bufete de abogados laboralistas en la calle de Atocha de Madrid, vinculados a las Comisiones Obreras y al PCE. Este hecho reforzó la presión de la oposición, y así el PCE exigió al gobierno que se le permitiese celebrar un funeral público. Sin embargo, el PCE ordenó también que este funeral fuese tranquilo y en silencio, y lo consiguió incluso participando en él decenas de miles de personas. Esta muestra de firmeza y responsabilidad del PCE impresionó profundamente a la sociedad y la clase política. En adelante, la legalización del PCE sería una cuestión fundamental para el gobierno, y poco después Suárez y Carrillo emprendieron personalmente las negociaciones.

El PCE no solo mostró responsabilidad política y capacidad de negociación, sino también de movilización en todos los ámbitos en que tenía influencia social, a fin de concurrir a las elecciones legalmente bajo su propio nombre. Un ejemplo de esta gran movilización fue la celebración en Madrid de la cumbre eurocomunista, en la que participaron Carrillo y los dirigentes de los dos grandes partidos comunistas de Europa occidental (el italiano y el francés); de este modo, el movimiento comunista occidental respaldaba al español en la misma capital.

El gobierno intentó separar la decisión definitiva sobre la legalización del PCE de la iniciativa reformista, por lo que la traspasó al Tribunal Supremo, el cual sin embargo se inhibió. Ante esto, se encargó a la Junta de Fiscales el estudio urgente de la posible condición de asociación ilícita del PCE, respondiendo aquélla que no había pruebas de que el partido tuviese tal condición. Así, quedaba legalizado el Partido Comunista de España, el sábado santo de 1977. La fecha fue elegida pensando en la menor posibilidad de acción por la situación vacacional, y especialmente en la actitud de las fuerzas armadas. La reacción militar se redujo, así, a la dimisión del ministro de Marina, y a un comunicado del ejército en el que expresaba su repulsa por la legalización.

Durante estos meses, el gobierno fue desmantelando mediante decretos-leyes las instituciones fundamentales de la dictadura: el Tribunal de Orden Público; la Organización Sindical Española y por tanto su afiliación obligatoria; en incluso el Movimiento Nacional. Se reconocieron la libertad sindical y el derecho de huelga. Se suscribieron tratados internacionales relativos a los derechos civiles. Y se decretó una nueva amnistía que incluía ahora a parte de los presos de ETA. Eran básicamente las reivindicaciones de la oposición; pero la iniciativa había sido completamente ejercida por un gobierno basado en las instituciones y el sistema jurídico de la dictadura.

Las elecciones a Cortes del 15 de junio de 1977

Resuelta la legalización del PCE, y negociado el procedimiento de distribución de escaños con la oposición, se convocaron las elecciones sin que existiera un partido gubernamental. Éste se constituyó en mayo como Unión de Centro Democrático, una coalición cuya iniciativa había sido de José María de Areilza, quien ahora quedaría fuera del nivel dirigente en beneficio de Adolfo Suárez. La coalición estaba integrada por pequeños grupos liberales, democristianos, socialdemócratas y regionalistas, teniendo una gran presencia de antiguos miembros de la clase política franquista.

UCD ganó estas elecciones, que no fueron manipuladas; no obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, pero quedó a gran distancia del PSOE, segundo partido más votado. El PCE y el PSUC presentaron candidaturas conjuntas, aunque con un resultado inferior al que podía esperarse por su gran implicación en los movimientos sociales. Por debajo incluso del PCE-PSUC quedó la candidatura de Alianza Popular, coalición derechista dirigida por Manuel Fraga, que incluía a un gran número de antiguos ministros de la dictadura; y ello a pesar de que AP había sido la organización que más insistió en la modificación de la proporcionalidad en la distribución de escaños para dar mayor representación a las provincias poco pobladas, en las que el voto sería previsiblemente conservador. El nacionalismo estuvo representado por el PNV y una coalición organizada en torno a Pujol (esta última quedando dentro de las circunscripciones catalanas debajo también de PCE-PSUC). El fracaso más importante fue el de la iniciativa democristiana de Joaquín Ruiz-Giménez y José María Gil Robles, que no obtuvo representación. En Catalunya y Euskal Herria, UCD quedó por detrás de los grupos socialistas y nacionalistas (en Catalunya también del comunista), por lo que sería imprescindible satisfacer la demanda de autonomía que todos esos grupos defendían. No obtuvieron representación tampoco grupos de ultraderecha como Fuerza Nueva (de Blas Piñar) y FET-JONS.

El nuevo gobierno tuvo una composición tan heterogénea como la coalición UCD. Los tres ministerios militares se unieron en el único de Defensa, ocupado por Manuel Gutiérrez Mellado; Marcelino Oreja recibió el Ministerio de Asuntos Exteriores; Rodolfo Martín Villa, el de Interior (que sustituía al antiguo de Gobernación); otros ministros eran Landelino Lavilla y Francisco Fernández Ordóñez. Había, por tanto, una importante presencia de miembros jóvenes del anterior gobierno de penenes. Puesto que UCD no tenía mayoría absoluta, Suárez gobernó mediante acuerdos puntuales. Rechazó expresamente una asociación con AP, ya que su postura muy conservadora impedía el acuerdo con los partidos de izquierda y nacionalistas, necesario para emprender las reformas previstas. Tampoco había acuerdo suficiente para constituir un gobierno de integración nacional, como proponía el PCE, para acometer las reformas fundamentales y la resolución de la crisis económica.

Una de las primeras acciones del gobierno, que tuvo el apoyo de todos los partidos parlamentarios, fue la solicitud de negociaciones de adhesión a la Comunidad Económica Europea; el mismo año, España fue admitida ya al Consejo de Europa. Empezaba por tanto el reconocimiento internacional del nuevo régimen.

Los Pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978

La transformación de las Cortes en Constituyentes

El resultado básico de las elecciones había sido la exclusión completa de los grupos ultraderechistas contrarios al desmantelamiento del régimen franquista, y la reducción a una presencia testimonial de otros como AP cuyo objetivo era la reforma limitada y sometida al control de la clase política por encima de la voluntad popular. Por tanto, las reformas deberían ser profundas y completas, y no limitarse siquiera a la modificación de las leyes fundamentales. De este modo, unas Cortes que no habían sido convocadas como constituyentes se convirtieron en tales.

El proyecto constituyente fue encargado a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de los Diputados, y elaborado por una ponencia compuesta por: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y otros dos representantes de UCD; Gregorio Peces Barba por el PSOE; Jordi Solé Tura por PCE-PSUC; Manuel Fraga por AP; y Miquel Roca i Junyent por los nacionalistas catalanes y vascos, aunque estos últimos rechazaron esta representación. La estrategia consistió en la adopción de acuerdos mínimos compartidos por la mayor cantidad posible de grupos políticos, renunciando cada uno de ellos a sus objetivos máximos; fue el procedimiento habitual de negociación durante la transición, y se aplicó a los asuntos más urgentes y en particular a la reforma política. Este sistema, sin embargo, perjudicó sobre todo a los comunistas, cuya influencia social se redujo notablemente al aceptar una política de negociación y renuncia.

En la primavera de 1978, la ponencia presentó el proyecto a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Aquí surgieron algunas diferencias, resueltas mediante la negociación entre UCD y PSOE, que eran los grupos mayoritarios. En los plenos del Congreso de los Diputados y el Senado hubo ya menos obstáculos. En octubre, el proyecto fue aprobado por ambas cámaras, en sesión conjunta como establecía la Ley para la Reforma Política, casi sin votos negativos, y la mayoría de estos de AP; algunos grupos nacionalistas se abstuvieron. El 6 de diciembre se sometió a referéndum; la participación fue de dos tercios del censo, y el voto afirmativo de casi el 90%. La mayor abstención se produjo en Euskal Herria, donde había sido pedida por el PNV; en cambio, Catalunya tuvo unos resultados similares a los del resto de España.

La Constitución de 1978

No se analizarán aquí los aspectos más evidentes de la Constitución. Uno de los menos evidentes, pero más interesantes, es que algunas cuestiones de difícil acuerdo se formularon ambiguamente o se dejaron abierta para su futura concreción por el legislador. Ejemplo de ello es el derecho a la vida, que permitió posteriormente la regulación limitada del aborto. También, la libertad de enseñanza, que igualmente remite a la legislación posterior la regulación de sus contenidos y su organización. En cuanto a la economía, se establecieron la libertad de empresa y los derechos de propiedad y herencia, pero dentro del contexto de un Estado social con facultades redistributivas (las cuales sin embargo se ejecutarían a través de la política fiscal y los servicios públicos a fin de respetar la propiedad). El Estado podría además planificar la actividad económica con fines de desarrollo, interés general y redistribución.

Uno de los aspectos más problemáticos era el de la estructura territorial del Estado, respecto a la cual se rompía el rígido centralismo tradicional durante la Edad Contemporánea; se recuperaba en su lugar el modelo de autonomía municipal, provincial y regional de la segunda República, aunque ahora con la posibilidad de extender la autonomía regional a todo el territorio. No obstante, la iniciativa del proceso fue fundamentalmente de Catalunya, cuyos diputados (mayoritariamente socialistas y comunistas) constituyeron una Asamblea de Parlamentarios orientada a la consecución de un estatuto de autonomía. Para contrarrestar su influencia, Suárez negoció directamente con Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat de Catalunya en el exilio. Como resultado de ello, en septiembre de 1977 se restauró por decreto-ley la Generalitat, pero sin admitir la reivindicación nacionalista: el Estatut de 1932. Se constituyó un gobierno regional de concentración, presidido por Tarradellas, sin apenas funciones pero con una gran importancia simbólica.

Suárez intentó desarrollar un proceso similar en Euskal Herria, donde también se había constituido una Asamblea de Parlamentarios, aunque aquí con una presencia mucho menor de izquierdistas. Sin embargo, el nacionalismo vasco reclamaba la aldhesión de Nafarroa, pero los parlamentarios de esta provincia, mayoritariamente de UCD, la rechazaron. El acuerdo fue, pues, difícil, pero también aquí se formó un gobierno autonómico provisional. A lo largo de 1978 se fueron incorporando otras regiones al proceso de constitución de gobiernos provisionales, incluyendo algunas que no tenían tradición nacionalista o regionalista. Este fenómeno influyó notablemente en la elaboración (paralela) del proyecto constitucional.

El resultado, en el texto constitucional, fue el otorgamiento de la autonomía a las nacionalidades y regiones. El término nacionalidades no fue definido, dando a la fórmula una gran ambigüedad que podría resolverse posteriormente por la ley; no obstante, se extendía aplicable a Catalunya, Euskal Herria y Galicia, las tres regiones con características lingüísticas propias y estatutos de autonomía aprobados por la segunda República. Pero otras regiones, principalmente Andalucía, aspiraban a conseguir el reconocimiento del mismo status, aún faltándoles signos diferenciadores como la lengua. Ahora bien, estas nacionalidades y regiones se encuadraban en una sola nación, que se definía de forma enfática como indisoluble e indivisible. Las fuerzas armadas, por otra parte, tendrían como una de sus funciones la defensa de la integridad territorial; y la soberanía residiría únicamente en el pueblo español.

Respecto al proceso de constitución de las comunidades autónomas, se establecían dos variantes, con instituciones de rangos diferentes y desigual asignación de funciones, al menos durante una fase inicial. No obstante, muchos aspectos del proceso y de su conclusión se dejaron para la posterior regulación. Y, así, en 1978 ni siquiera era seguro que todo el territorio se organizase en comunidades autónomas, ni qué provincias incluirían algunas de ellas.

La Constitución finalizaba derogando expresamente toda la legislación anterior contradictoria con ella, y en particular las leyes fundamentales de la dictadura. El proceso de reforma, por tanto, se había convertido en una ruptura con el corpus jurídico del franquismo y con sus instituciones más significativas; pero no con sus instituciones susceptibles de adaptación ni, sobre todo, con su clase política.

La crisis económica y los Pactos de la Moncloa: octubre de 1977

Además de la elaboración de la Constitución, el problema más importante de esta legislatura fue la resolución de la crisis económica, que precisamente en estos años llegó a una situación muy grave. Había también tensiones políticas muy fuertes, en el sentido de desestabilizar un proceso político que no se aceptaba, y que tenía dos direcciones que se alimentaban mutuamente: el involucionismo franquista y el terrorismo de ETA. Para garantizar la estabilidad política hasta la aprobación de la Constitución, el gobierno solicitó la colaboración de la oposición parlamentaria. El PCE la ofreció rápidamente, siendo como era partidario de un gobierno de concentración nacional (que finalmente no se formaría nunca); después se fue adhiriendo la mayoría de grupos parlamentarios. El resultado de la colaboración fueron dos acuerdos firmados en octubre de 1977, conocidos como Pactos de la Moncloa: uno de contenido político, y otro económico y social. Su análisis debe abordarse a partir de la situación de crisis económica.

En 1974, la economía española había dejado de crecer, y en 1975 comenzó el crecimiento negativo. En este momento, coincidieron la pérdida de empleo y la incorporación al mercado de trabajo de una generación producida por la explosión demográfica; había por tanto un desempleo importante y creciente. Por otra parte, desde el comienzo de la recesión, el gobierno franquista había empleado las reservas nacionales de divisas para cubrir la subida del precio del petróleo, a fin de no hacerla repercutir en los precios internos y por tanto agravar la agitación social, que era el problema más importante al final de la dictadura; cuando las reservas no bastaron, se recurrió al endeudamiento. Además, la Hacienda pública asumió las pérdidas de grandes empresas (sobre todo siderúrgicas) afectadas por la crisis, en algunos casos nacionalizándolas, incrementando así la deuda pública. Ésta, y la subida general de los costes de producción, fueron las causas de una inflación muy grave, que alcanzó algunos años el 30%. En este contexto, había una gran movilización obrera para conseguir subidas salariales que compensaran la inflación; pero los logros de los trabajadores en este sentido eran repercutidos inmediatamente en los precios.

La resolución de la crisis exigía, por tanto, la colaboración de los partidos obreros, a fin de garantizar la estabilidad política. Éste es el motivo por el que el gobierno buscó el acuerdo con la oposición. El primero de los Pactos de la Moncloa se refería, por tanto, a cuestiones económicas y sociales; contenía reformas estructurales, y medidas de estabilización y de política de rentas. En el último aspecto, se acordó la moderación de las subidas salariales, vinculándolas a la inflación prevista y no a la pasada, siendo siempre la primera muy inferior a la segunda; se produciría, por tanto, una importante pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores; pero los partidos obreros estaban dispuestos a aceptarla a cambio de la estabilidad política necesaria para eliminar el riesgo de involución. Como compensación a esta disminución de la participación obrera en la distribución de la riqueza, se acordaron también medidas de reforma de la seguridad social: se incrementó su financiación pública, se extendió el seguro de desempleo a más trabajadores, y se subieron las pensiones. Además, se aprobó una reforma fiscal orientada a gravar, en los impuestos personales, rentas adicionales diferentes de las salariales, que eran las únicas sometidas hasta ahora a esta tributación. Finalmente, se acordaron reformas estructurales en algunos sectores estratégicos de la economía, a fin de favorecer su reactivación.

El segundo pacto de la Moncloa establecía las líneas generales de la reforma política y jurídica de lo que aún quedaba del franquismo, mediante una serie de modificaciones cuya aplicación correspondería al gobierno, y que éste emprendió inmediatamente. Entre las reformas urgentes acordadas se encontraban, por ejemplo, la despenalización del adulterio y de la venta de anticonceptivos; por tanto, los pactos incluyeron asuntos muy específicos pero importantes para el ejercicio libre de la vida privada. Las decisiones políticas principales fueron las libertades de reunión, asociación, expresión y prensa, con la regulación del uso de los medios de comunicación del Estado. Se acordó también una nueva política de orden público, basada en el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos.

En el aspecto político, por tanto, los Pactos de la Moncloa permitieron el consenso para la implantación de forma urgente por el gobierno de cuestiones que estaban siendo negociadas al mismo tiempo en el proceso constituyente, pero que eran necesarias de forma inmediata para calmar la agitación política y favorecer la aplicación de las reformas económicas y sociales también exigidas por la situación de crisis. Los dos acuerdos estaban, pues, muy relacionados. De este modo, los Pactos de la Moncloa se convirtieron en una transación entre derechos democráticos y ampliación de los servicios asistenciales del Estado, a cambio de aceptación del coste económico y social de estas reformas. Su compensación social dependía de una justa distribución del coste económico; pero después de 1978 fueron los trabajadores quienes soportaron mayormente sus consecuencias. Así, por ejemplo, la recuperación económica se retrasó varios años debido a la reducción de la inversión de capital nacional. Además, parte de las reformas sociales en beneficio de los trabajadores no se ejecutó, por la presión empresarial y el empeoramiento de la crisis debido a esa disminución de la inversión. Es importante, pues, que el empresariado no se sintiera vinculado con los compromisos económicos del gobierno. Pero tampoco se sintió vinculada a ellos una parte del movimiento obrero, desencantada con los partidos de izquierda (especialmente PCE-PSUC) que habían defendido los acuerdos.

La práctica del pluralismo político y la libertad sindical

Así pues, el principal resultado positivo de los Pactos de la Moncloa fue el acuerdo sobre la reforma política y los derechos civiles. En cuanto a los aspectos económicos, si bien los sindicatos que apoyaron los pactos se resintieron por el incumplimiento de algunos derechos sociales, esto no contribuyó tampoco a una mayor adhesión a las organizaciones obreras que habían rechazado los acuerdos (principalmente CNT y Unión Sindical Obrera). Por otra parte, los sindicatos, ahora por fin libres, debían asegurar su implantación social, para lo cual necesitaban conseguir éxitos en su canalización de las demandas obreras, y ello en un contexto económico desfavorable y con un peligro continuo de involución política. A pesar de ello, todas las organizaciones sindicales crecieron en afiliación, aunque consolidándose el predominio de UGT y las Comisiones Obreras (estas últimas, ya, como organización estructurada y no como movimiento social); pero esto ocurría paralelamente a un proceso de divergencia e incluso competencia entre las distintas organizaciones. A principios de 1978 se produjeron las primeras elecciones sindicales libres; Las CCOO y las candidaturas de trabajadores independientes obtuvieron cada una un tercio de los representantes; se consolidó también la UGT como segunda fuerza sindical, dato importante debido a su escasa implantación social hasta entonces.

Los empresarios, por su parte, se fueron gradualmente asociando a través de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que trató de consolidar el movimiento patronal ante el gran desarrollo de la actividad sindical que se estaba produciendo y la tendencia del gobierno a negociar con los partidos de izquierda. Así, por ejemplo, la organización patronal rechazó el coste empresarial de los Pactos de la Moncloa, y presionó sobre el gobierno para obstaculizar la aplicación completa de algunas de las medidas sociales acordadas.

A lo largo de 1978, en el nuevo contexto de libertad sindical, las organizaciones obreras promovieron una gran movilización de los trabajadores para intervenir sobre la negociación colectiva. Las garantías políticas de los Pactos de la Moncloa, especialmente las relativas a los derechos de reunión y asociación y la nueva concepción del orden público, permitieron ampliar la movilización social a sectores en los que antes no era posible por el gran riesgo represivo. La conflictividad laboral en 1978 fue, por tanto, nuevamente muy elevada.

El terrorismo y el involucionismo en 1978

Éste fue también un año de gran presión terrorista por parte de ETA y GRAPO, que trataban de deslegitimar el proceso de reforma como mera continuación de la dictadura, e incluso buscando quizá provocar una intervención militar involucionista que justificase su análisis negativo de la transición. También en esta época se constituyó Herri Batasuna, en el ámbito político de ETA Militar.

En cuanto al involucionismo del ejército, éste se manifestó en numerosas ocasiones, a menudo mediante actos de indisciplina. No obstante, se trataba casi siempre de meras expresiones de rechazo al gobierno y al proceso de reforma, habida cuenta de que aquél había tratado de neutralizar la capacidad de acción política del ejército y las fuerzas de orden público. No obstante, hubo algún intento de intervención efectiva, destacando la Operación Galaxia. Fue un plan de pronunciamiento militar dirigido por Antonio Tejero y Ricardo Sáenz de Ynestrillas, consistente en el secuestro del gobierno en el Palacio de la Moncloa. La conspiración fue descubierta, y sus responsables condenados (a penas leves) en un proceso militar.

El franquismo tardío: 1969-1975

2008-05-09T20:03:00.000+02:00

El duodécimo gobierno de Franco: 1969-1975

El nuevo gobierno tuvo un claro predominio de ministros técnicos, rompiéndose así en su favor el tradicional equilibrio de las distintas tendencias políticas del régimen. Además, Carrero Blanco, que continuó como vicepresidente, ejerció de hecho la presidencia de forma habitual, y finalmente fue designado para este puesto en junio de 1973, cuando por primera vez se separaron las jefaturas del Estado y el gobierno. Los cambios de 1969 estuvieron, por tanto, entre los más profundos de la historia gubernamental del franquismo.

Una de las sustituciones más importantes fue la de José Solís. Para anular completamente su proyecto de fortalecimiento de la influencia de FET-JONS, a propuesta de Carrero se separaron por primera vez los cargos de secretario general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, aunque ambos conservaron el rango ministerial. Para el primero de ellos se designó a Torcuato Fernández Miranda, antiguo profesor de Juan Carlos de Borbón. Otra sustitución importante se produjo en el Ministerio de Gobernación, encargado ahora a un militar experimentado como gobernador civil en provincias con gran agitación social, lo que indica la preocupación de la clase política por la generalización de aquélla. Carrero Blanco estableció los objetivos fundamentales de este gobierno: garantizar su unidad de acción frente a las claras disidencias del gobierno precedente; mejorar las relaciones exteriores vitales para el reconocimiento internacional del régimen, en especial respecto a Estados Unidos y los países occidentales; rectificar la política de información y prensa de Fraga; y asegurar firmemente el orden público frente a la agitación. El primer objetivo, sin embargo, no se consiguió, habida cuenta de que en el nuevo gobierno quedaba reducida la influencia de los falangistas, quienes sin embargo tenían un gran peso en otras instituciones, como las Cortes y el Consejo Nacional del Movimiento. Ejemplo de ello fue la Ley Sindical aprobada en 1971, y que los falangistas habían tratado una vez de más de convertir en un instrumento para incrementar su influencia política. Esta nueva disidencia con la tendencia técnica predominante en los ministerios económicos (contraria a relajar el control gubernamental sobre la estructura sindical) alargó el debate para la aprobación de esta ley. Esta dilación fue aprovechada por el movimiento obrero de oposición para reclamar un sindicalismo libre y democrático. El doble conflicto se resolvió mediante una ley que reafirmaba lo esencial del sindicalismo vertical controlado por el gobierno, sin atender a las reivindicaciones de los falangistas ni lógicamente de los obreros de oposición.

El mismo año de 1971 se celebraron elecciones a procuradores en Cortes en representación de la familia. Tuvieron en esta ocasión una muy baja participación, signo del desinterés de gran parte de la población en el sistema político de la democracia orgánica. Lo mismo ocurrió con las elecciones para el tercio de representación familiar en las corporaciones municipales; los dos comicios de este tipo celebrados en la primera mitad de los años setenta también tuvieron una alta abstención, salvo en algunos puntos concretos en que se presentaron candidaturas no vinculadas al régimen.

El proceso de Burgos: diciembre de 1970

En agosto de 1968, como consecuencia del primer asesinato de ETA (el de Melitón Manzanas), se aprobó un decreto-ley relativo a los delitos de bandidaje y terrorismo, que identificaba estos como rebelión militar y, por tanto, los sometía a la jurisdicción castrense, tal como había ocurrido con la resistencia armada durante la posguerra.

En diciembre de 1970, por tanto, se celebró un consejo de guerra en Burgos contra dieciséis militantes nacionalistas vascos (dos de ellos sacerdotes, y varios para los que se pedía la pena demuerte), bajo la acusación principal del asesinato de Manzanas. Los objetivos eran desarticular ETA y demostrar su carácter separatista y violento; sin embargo, el proceso tuvo una gran repercusión interior y exterior inesperada para el gobierno. El obispo de Donostia y otros clérigos publicaron una carta pastoral solicitando la transferencia del proceso a la jurisdicción civil, para garantizar una defensa más justa de los acusados, y condenando tanto la violencia subversiva como la estatal, lo cual ofendió al gobierno ya que situaba a ambas en el mismo nivel. Rechazada la petición, la defensa (en la que participó, entre otros, Gregorio Peces Barba) se centró en denunciar las irregularidades procesales del caso y el empleo de la tortura. Al mismo tiempo, se produjo un gran movimiento de protesta, que incluyó manifestaciones, agitación social y huelgas, con la participación de intelectuales, obreros y estudiantes; aunque esta actividad se centró en Gipuzkoa y Bizkaia, estuvo extendida a toda España. Las protestas se produjeron también en el extranjero, incluyendo en la repercusión internacional del proceso el hecho de que ETA secuestrase al cónsul alemán occidental en Bilbo. El gobierno decretó el estado de excepción, y reprimió duramente la agitación social, al tiempo que organizaba una gran campaña de adhesión y reafirmación entre los partidarios del régimen. A finales de mes, fue dictada la sentencia, que cofirmaba todas las penas demuerte solicitadas y condenaba a largas penas de prisión a los restantes; este resultado, naturalmente, intensificó las protestas. Dos días después, Franco ejerció el derecho de gracia en beneficio de todos los procesados, de acuerdo con el gobierno. El régimen, por tanto, resultó debilitado, y la oposición a él muy fortalecida y además legitimada en el exterior. Especialmente quedó reforzada la estrategia violenta de ETA, respecto a la cual se entró definitivamente en un círculo de acción acción subversiva, represión y represalia contra ésta, participando incluso grupos paramilitares franquistas, a veces apoyados por las instituciones. Estos últimos grupos eran la vanguardia armada de un movimiento ultraderechista, constituido principalmente por falangistas que rechazaban cualquier reforma o apertura de las estructuras del régimen, e incluso denunciaban públicamente a los miembros de la clase política que las defendían. El principal grupo ultraderechista de estrategia política era Fuerza Nueva, dirigida por Blas Piñar; y el grupo violento más importante fue el de los Guerrilleros de Cristo Rey, dedicado al asalto de manifestantes, librerías, etc.

La Iglesia en el franquismo tardío

En los años setenta, el distanciamiento entre la Iglesia y la dictadura se incrementó hasta hacerse insalvable. La renovación parcial del episcopado había reducido notablemente la influencia de los representantes eclesiásticos del nacionalcatolicismo, al tiempo que los clérigos jóvenes se implicaban en los movimientos sociales y políticos antifranquistas, especialmente allí donde había una identidad nacional o cultural reprimida (Catalunya y Euskal Herria) y en las zonas obreras donde el conflicto social era más evidente. Además, Franco seguía negándose a renunciar al derecho de presentación de los obispos, lo que afectaba a las relaciones con el papado. Los dos mayores signos del distanciamiento entre el régimen y la Iglesia fueron la incorporación de ésta a la protesta contra el proceso de Burgos, y el nombramiento de Vicente Enrique y Tarancón como arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Esta disidencia eclesiástica hizo que los clérigos fuesen cada vez más vigilados por los cuerpos policiales, y que los sectores ultraderechistas del régimen se manifestasen como anticlericales y denunciasen a la Iglesia como traidora al movimiento nacional. En 1971, una reunión de obispos y sacerdotes llegó a aprobar una resolución por la que se reconocía el error del posicionamiento político de la Iglesia durante la Guerra Civil, y se pedía perdón por ello. De este modo, la Iglesia cuestionaba el concepto de cruzada nacional e incluso la legitimidad que había otorgado al régimen desde el principio. Incluso Carrero Blanco, en nombre del gobierno, denunció la traición de la Iglesia, y recordó los beneficios proporcionados a ésta por el régimen. Esta “traición” culminó en 1973, cuando el episcopado aprobó el manifiesto denominado La Iglesia y la comunidad política. En él, de acuerdo con los principios del Concilio Vaticano 2º, se proponía la renuncia recíproca de privilegios entre la Iglesia y el Estado, y por tanto su separación; y el pluralismo político y religioso.

Protesta y oposición a principios de los setenta

La conflictividad social; el sumario 1001 contra las Comisiones Obreras

Como ya se ha dicho, el estado de excepción de 1969 no redujo la conflictividad social. En la primera mitad de los años setenta, aquélla fue intensa y muy extendida por todo el país. El origen de la movilización obrera solía seguir siendo la movilización salarial, pero se tranrformaba rápidamente en protesta política debido al carácter ilegal (y por tanto sujeto a represión) de cualquier forma de agitación. Ejemplo de esto fue la huelga de la construcción de Granada, en el verano de 1970, en una de cuyas manifestaciones la represión policial provocó la muerte de varios obreros; la protesta se extendió inmediatamente como consecuencia de ello; pero, sobre todo, el caso demostraba el surgimiento de la conflictividad social y sectores de la economía hasta ahora poco movilizados. Algunas de las protestas obreras de este período tuvieron una gran repercusión internacional, afectando una vez más a la legitimidad del régimen. Destacó sobre todo la huelga general de 1972 en O Ferrol, convocada como protesta por la muerte de varios obreros en la represión policial de una movilización sectorial de la industria naval local; esta protesta se extendió, como otras similares, a todos los centros industriales del país.

Respecto a las Comisiones Obreras, habían tenido una crisis a finales de los años sesenta, como consecuencia de la represión y las disensiones internas. Superada la crisis a principios de los setenta, se incorporaron plenamente a la creciente agitación obrera, y se renovó por tanto su represión. En 1972, fueron detenidos los miembros de su coordinadora estatal, entre los que destacaban Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius, cuyo proceso ante el Tribunal de Orden Público se conoció como el sumario 1001. Fueron condenados a graves penas de prisión, y se produjo una gran campaña nacional e internacional de protesta y solidaridad, en la que una vez más se denunciaba también la falta de libertad sindical.

A menudo, la agitación obrera contaba con el apoyo de la movilización universitaria, especialmente cuando las protestas se politizaban como consecuencia de la represión policial o judicial. La principal novedad de los años setenta fue la incorporación a la movilización estudiantil de un sector del profesorado joven y precario: los profesores no numerarios, conocidos como PNN.

La oposición antifranquista: la Assemblea de Catalunya; la Nueva Izquierda

En esta oposición tuvieron una especial importancia los partidos comunistas, PCE y PSUC, presentes en todos los movimientos sociales antifranquistas gracias a su estrategia de acción unitaria con el objetivo de la democratización. Sobre todo, fue importante la presencia social del PSUC, miembro con organizaciones socialistas, nacionalistas y democristianas, y con sindicatos y grupos profesionales y culturales, de la Assemblea de Catalunya, constituida en 1971 como primera gran entidad unitaria de lucha contra la dictadura.

A pesar de la implicación de los partidos comunistas en el objetivo prioritario de la oposición común al régimen, el comunismo español estuvo afectado, como el de otros países europeos, por el surgimiento del movimiento de la Nueva Izquierda. Se trataba de un conjunto de tendencias políticas radicales, tanto en sus medios como en sus objetivos. En general, rechazaban la colaboración con las organizaciones burguesas, y también la democracia liberal como fin; su objetivo principal era la implantación de un régimen socialista. Se trataba de pequeñas organizaciones de tipo marxista-leninista o maoísta, algunas de ellas procedentes de escisiones del PCE, el PSUC e incluso de ETA (priorizando en este caso el componente obrero sobre el nacional), y también con antiguos católicos que habían evolucionado hacia el marxismo. Estas escisiones se basaban generalmente en el rechazo por revisionista de la estrategia de colaboración con fuerzas burguesas para la restauración de un régimen democrático, que el PCE y el PSUC sostenían desde finales de los años cuarenta.

También en los primeros años de la década de los setenta se produjo un conflicto abierto en el interior del movimiento socialista, entre los dirigentes históricos del exilio y los activistas del interior que preferían revitalizar el PSOE aún asumiendo el riesgo de represión. En 1972, la tendencia renovadora del interior consiguió controlar el partido, y emprendió su reactivación y su inserción en la acción opositora, en la que había perdido influencia sobre todo en beneficio del PCE.

La oposición liberal y democristiana tuvo cierta tolerancia del régimen, dado que procedía en parte de antiguos miembros de su clase política, como Joaquín Ruiz-Giménez. Y ello, a pesar de que colaboró en algunos de los organismos de acción opositoria unitaria; pero nunca tuvo la misma implicación que la izquierda en la agitación social. Su principal aportación a la oposición fue la participación en publicaciones de pensamiento y debate políticos, legales pero generalmente con un contenido crítico hacia el régimen; no obstante, el endurecimiento en la aplicación de la Ley de Prensa tras la sustitución de Fraga afectó a estas publicaciones, con sanciones, secuestros y cierres. No obstante, esta prensa permitió que fueran saliendo a la luz las divergencias en el seno de la clase política del régimen en torno a la discusión entre inmovilismo y evolución. Precisamente este debate se fue haciendo cada vez más tenso en estos años de creciente agitación social y “traición” de la Iglesia y de algunos antiguos colaboradores del régimen.

El décimo tercer gobierno de la dictadura: la presidencia de Luis Carrero Blanco: junio-diciembre de 1973

Una de las cuestiones que se observaban a través de la prensa y, sobre todo, de los medios audiovisuales, era el envejecimiento de Franco, cuya capacidad física disminuía rápidamente que cada vez intervenía menos en los Consejos de Ministros y actos públicos. En 1973, dimitió el ministro de Gobernación, acusado por el sector ultraderechista del régimen de ser excesivamente tolerante con la gitación social, que precisamente en este año alcanzó su máximo nivel. Esta dimisión provocó una crisis parcial de gobierno, cuya consecuencia más notable fue la ejecución por primera vez de los cargos de jefe del gobierno y del Estado, la cual había sido ya prevista en la Ley Orgánica del Estado de 1966. El presidente debía ser elegido por Franco de entre una terna propuesta por el Consejo del Reino, que debía incluir necesariamente al candidato preferido por el dictador, que era Carrero Blanco.

El nuevo presidente del gobierno trató de recuperar la fidelidad de los falangistas disidentes restaurando en parte su presencia en el gobierno. Sin embargo, la secretaría general la continuó ejerciendo Torcuato Fernández Miranda, designado además vicepresidente del gobierno. Para el Ministerio de Gobernación (origen de la presente crisis gubernamental) fue elegido Carlos Arias Navarro, con una gran experiencia en la represión de la agitación social. Aunque hubo numerosos cambios personales en los restantes ministerios, no efectaban fundamentalmente a su orientación política. No obstante, el cambio principal fue una reducción de la influencia del Opus Dei, antes protegido por Carrero, y ahora compensada por el aumento de la presencia de miembros del sector más duro de la clase política, partidario de la represión contundente. Una vez más, era un indicio de la preocupación de Carrero por el problema de orden público, identificado con la subversión masónica-comunista internacional. Era también un signo del fortalecimiento del sector inmovilista del régimen, conocido ahora como bunker. Una vez más, el gobierno intentaba conciliar a todos los grupos políticos que apoyaban al régimen para garantizar la continuidad de éste, problema especialmente importante ahora que Franco envejecía.

El 2o de diciembre de 1973, Carrero fue asesinado por ETA, al día siguiente de reunirse con Henry Kissinger, ante el que reafirmó la teoría gubernamental sobre la conspiración comunista internacional. Este acontecimiento fue no solo un gran éxito de la acción terrorista, sino también un gran fracaso de los servicios de seguridad del régimen. Y, por último, desorientó a la oposición que, por ejemplo, tenía prevista una gran movilización para el mismo día 20 en que debía juzgarse los procesados por el sumario 1001 contra las Comisiones Obreras. El vicepresidente, Fernández Miranda, asumió la presidencia del gobierno e impidió la represión indiscriminada reclamada por los sectores ultraderechistas.

La misión principal de Carrero Blanco como presidente había sido asegurar la continuidad constitucional del régimen en el proceso de sucesión a la jefatura del Estado, motivo por el que su muerte ha sido muy discutida. El debate se basa en las posibilidades de prolongación de la dictadura tras el asesinato de uno de los principales colaboradores de Franco, existiendo disparidad de oponiones en cuanto al carácter fatal o no para el régimen de su muerte.

El décimo cuarto gobierno de la dictadura: la presidencia de Carlos Arias Navarro bajo Franco: enero de 1974-noviembre de 1975

Una vez más, con motivo del reemplazo de Carrero Blanco hubo disidencias entre los distintos sectores del régimen, pareciendo que fueron las relaciones personales de Franco (y en especial su esposa) las que determinaron la opción por Arias Navarro, con el objetivo de aplicar una severa represión contra la agitación social y la subversión, las cuales se habían convertido en un problema especialmente grave como consecuencia del asesinato del presidente. El nuevo gobierno desplazó aún más a los técnicos del Opus Dei de lo que lo había hecho Carrero. Concedió mayor influencia a los falangistas asociados al bunker, destacando la designación de José Utrera Molina como ministro secretario general del Movimiento; pero también reforzó la posición de los reformistas, como Pío Cabanillas, antiguo colaborador de Fraga que ocupó ahora el Ministerio de Información y Turismo.

La toma de posesión del nuevo gobierno coincidió con los primeros signos de la repercusión en España de la crisis del petróleo, consistentes en una aceleración de la inflación (sostenida por otra parte durante los años del desarrollo), el inicio de las regulaciones de empleo en las industrias poco competitivas (muy numerosas por otra parte), y la recesión del turismo (ya que era una crisis internacional). Era por tanto previsible un incremento de la conflictividad social, precisamente en este momento de grave crisis política del régimen.

El espíritu del 12 de febrero

El nuevo gobierno, como los de los años sesenta, incluía miembros aperturistas (Pío Cabanillas) y otros vinculados al bunker (José Utrera Molina), tendencias difíciles de conciliar. La postura reformista fue, sin embargo, la defendida por Arias en un discurso pronunciado en las Cortes del 12 de febrero de 1974, que dio nombre a un proyecto de apertura. Se basaba principalmente en la regulación de formas abiertas de participación política, pero dentro de la legalidad y principios del régimen, excluyendo expresamente aquellas formas que fuesen revolucionarias o subversivas en sus medios o en sus fines. Esta política se desarrollaría principalmente a través de la reforma del sistema de elección para las corporaciones locales, la aplicación de la Ley Sindical (que en teoría era algo más abierta aunque dentro del sindicalismo vertical) y la regulación de las asociaciones políticas (una cuestión largamente debatida por la clase dirigente del régimen). No obstante, el espíritu del 12 de febrero no implicaba ninguna revisión de los principios y leyes fundamentales del Estado, motivo por el que fue inicialmente bien recibido por casi todos los sectores del régimen. El problema era que un sistema político autoritario y excluyente por definición, difícilmente podía renovarse sin alterar su naturaleza, y esta alteración llevaría posiblemente a su disolución. Precisamente por eso, el espíritu del 12 de febrero fue rechazado por la oposición, pero también más tarde por el sector inmovilista del régimen, recurriendo este último cada vez más a la acción violenta callejera.

En este contexto, se produjo la declaración pastoral del obispo de Bilbo, en la que proclamaba la identidad vasca y la imposibilidad de su realización en la situación política presente. El gobierno ordenó, primero, el arresto domiciliario del obispo, y después su expulsión de España. Puesto que el episcopado apoyó al obispo bilbaíno, las autoridades tendrían que recurrir a la fuerza para desterrarlo; pero en ese caso podrían ser excomulgadas, y se rompería definitivamente su legitimación basada en la defensa del catolicismo. El gobierno debió ceder, una vez más, ante la oposición eclesiástica. Pero quedaba demostrada su debilidad ejecutiva, además de su carácter autoritario, al tiempo que la Iglesia probaba su fuerza y también su independencia respecto a los planteamientos políticos de la dictadura. Por las mismas fechas, era ejecutado en Barcelona el militante anarquista Salvador Puig Antich, a pesar de una muy importante campaña internacional de solidaridad. Incluso el Parlamento Europeo aprobó una condena de las violaciones de los derechos humanos en España. Para la oposición, el espíritu del 12 de febrero no tenía ningún significado.

En abril, se produjo la Revolución de los Claveles en Portugal. Entonces, José Antonio Girón de Velasco volvió a la línea de vanguardia de la lucha política, mediante un artículo (conocido como el gironazo), en el que denunciaba la infiltración liberal en los órganos de poder (el aperturismo gubernamental), y anunciaba la fidelidad absoluta a Franco y a los principios del movimiento, y la voluntad de sostenerlos por la fuerza si era preciso. Se convertía Girón, así, en portavoz del bunker, y en los meses siguientes fue designado presidente de una de sus organizaciones características, la Confederación Nacional de Excombatientes. En particular, la ultraderecha estaba ofendida por el proyecto gubernamental de regulación de las asociaciones. Sin embargo, la gestión de Pío Cabanillas en el Ministerio de Información y Turismo permitió que la prensa crítica contrarrestase la ofensiva del bunker, y en especial la acción de Girón y su artículo. Fue entonces cuando Arias Navarro aclaró que el espíritu del 12 de febrero no era diferente del espíritu fundacional del régimen, el del 18 de julio, precisando que las asociaciones políticas a regular no serían disidentes respecto a los principios del movimiento nacional. La oposición, por tanto, tenía razón.

En esta situación, en el verano de 1974 se produjo un agravamiento múltiple de la salud de Franco, que puso en peligro su vida. El dictador ofreció la jefatura interina del Estado a Juan Carlos de Borbón, quien, al no controlar de forma efectiva el poder político, la aceptó solo porque era preciso ratificar un acuerdo con Estados Unidos negociado durante la visita diplomática de Kissinger a finales de 1973. Los sectores reformistas planearon la sucesión definitiva (indicio quizá de que confiaban ya que el reinado de Juan Carlos de Borbón no sería la monarquía del 18 de julio, como estaba previsto en las leyes fundamentales del Estado); pero esto fracasó cuando a finales del verano Franco asumió de nuevo la jefatura del Estado.

Protesta y oposición bajo Arias Navarro: en la lucha final

La agitación social

Durante el gobierno de Arias Navarro se mantuvo la conflictividad social en el nivel, muy alto, alcanzado durante 1973. Pero ahora se vivían muy intensamente las reivindicaciones laborales, como consecuencia de la crisis económica, y también sus aspectos políticos, como respuesta a la rigidez del régimen; en particular, se reclamaba la legitimidad de los representantes sindicales elegidos por los obreros al margen de la Organización Sindical Española. En algunas de estas huelgas se consiguieron los objetivos laborales reivindicados sin represalias contra los trabajadores. La clase política y la empresarial iban comprendiendo que la represión intensificaba la agitación social; pero que la tolerancia tampoco la resolvía, sino que antes al contrario la incentivaba. La necesidad de introducir reformas en el régimen se iba haciendo más apremiante.

El incremento de la agitación social se debía en parte al gran desarrollo de las organizaciones sindicales antifranquistas, especialmente de las Comisiones Obreras, pero también de la UGT, que empezaba a reconstituirse fuera de los escasos núcleos donde se había podido sostener. Y todo ello a pesar de la creciente represión contra los dirigentes más activos. Como en el sindicalismo antifranquista, el comunismo estaba muy presente en el movimiento vecinal, que empezaba a ser otro foco de agitación social, especialmente en los barrios obreros de las grandes ciudades; como en el contexto laboral, su organización partía de reivindicciones relacionadas con las condiciones de la vida cotidiana.

La Junta Democrática de España y el Congreso de Suresnes del PSOE: 1974

Precisamente el PCE y las Comisiones Obreras promovieron una organización unitaria para la implantación de un régimen democrático por consenso. Se trató de la Junta Democrática de España, constituida públicamente en París en 1974. Se integraron en ellas monárquicos vinculados a Juan de Borbón, socialistas del interior seguidores de Tierno Galván, pequeños grupos comunistas, e incluso el Partido Carlista de tendencia socialista dirigido por Carlos Hugo. El objetivo político de la Junta Democrática de España era la constitución de un gobierno provisional que restableciese la democracia y los derechos y garantías civiles. Su programa incluía la amnistía por las responsabilidades políticas y sindicales; la legalización de todos los partidos; la libertad sindical y la entrega al movimiento obrero autónomo del patrimonio acumulado por la Organización Sindical Española; los derechos de huelga, reunión, asociación, manifestación, expresión y prensa; el reconocimiento de la personalidad política de los pueblos de España; y el sometimiento de la forma política del Estado a una consulta popular. Todos estos objetivos, excepto el último, se conseguirían en menos de una década. Este programa comprendía las reivindicaciones comunes a la mayor parte de la oposición; pero no todas sus organizaciones estaban presentes en la Junta Democrática de España. Faltaban de ella, sobre todo, el PSOE y la UGT, los liberales y los democristianos, grupos todos ellos que aspiraban a representar a una parte importante de la sociedad española. Se ausencia se debía al rechazo de estos movimientos a la dirección de la Junta Democrática de España por el PCE, y por ello intentaban constituir una nueva organización unitaria alternativa a aquélla. No obstante, entre tanto la existencia de la Junta Democrática de España propició la formación de juntas locales y regionales de oposición.

El mismo año de la constitución de la Junta Democrática de España, unos meses después, se celebró el décimo tercer congreso del PSOE, en Suresnes. En éste, se consolidó el reconocimiento del partido histórico español por la Internacional Socialista, una vez asegurado el control de la organización por los militantes del interior partidarios de su reactivación. Estos últimos conservaron la dirección del partido, designándose a Felipe González primer secretario. En el congreso se decidió recuperar la implantación social del PSOE en el interior de España, mediante una estrategia basada en un discurso radicaly una actuación efectiva muy moderada, combinación que resultó ser muy eficaz. Ejemplo de este discurso radical fue la justificación de la falta de participación en la Junta Democrática de España porque el carácter unitario de ésta, tendente a una democracia burguesa, excluía el enfoque de clase en la alianza antifranquista. Cabe comparar esta argumentación con la política de colaboración con las organizaciones de la democracia burguesa que el PCE sostenía ya desde finales de los años cuarenta. El PSOE, en su lugar, proponía no renunciar a los planteamientos políticos de clase.

A pesar de la falta de unidad de la oposición, su actividad continua hacía cada vez más inviable el sostenimiento del régimen, ni siquiera con unas reformas superficiales.

El terrorismo: el atentado de la calle del Correo

En septiembre de 1974, se produjo un atentado de ETA en una cafetería de la calle del Correo de Madrid. Provocó varios muertos y numerosos heridos, incluyendo civiles no relacionados con el objetivo principal, que era el personal civil y policial de la Dirección General de Seguridad, cuya sede estaba próxima. ETA tuvo la colaboración de algunos comunistas disidentes respecto al PCE, el cual sin embargo fue acusado también por el gobierno. Por ello, la dirección del PCE condenó el atentado y prohibió incluso a sus abogados defender a los procesados independientemente del carácter arbitrario de algunas acusaciones. El atentado, por tanto, provocó situaciones muy tensas en la oposición de izquierda. En la misma ETA se produjo una escisión, cuando un sector rechazó la violencia indiscriminada, y optó por combinar la lucha armada contra objetivos selectivos con la movilización política de masas, constituyendo el grupo llamado ETA Político-Militar. Los restantes miembros sostuvieron la acción violenta al estilo del atentado de la cafetería, justificando las víctimas no politizadas como imprescindibles: era ETA Militar.

El final del franquismo

La crisis de gobierno; el Estatuto de Asociaciones

El atentado de la calle del Correo tuvo también consecuencias para la clase política del régimen. En primer lugar, se incrementaron notablemente los ataques del sector inmovilista contra los ministros reformistas, representados sobre todo por Pío Cabanillas, al que se acusaba en particular de una relajación del control de la prensa. Se llegó incluso a presentar el atentado de ETA como una consecuencia de la apertura propuesta a través del espíritu del 12 de febrero, y como muestra de la violencia política que se produciría si se cumplían plenamente los objetivos reformistas. Como consecuencia de esta presión, Pío Cabanillas fue cesado. Su destitución, sin embargo, provocó la dimisión del ministro de Hacienda y de varios altos cargos de los ministerios económicos y del de Información y Turismo. Esta crisis de gobierno implicaba la derrota del espíritu del 12 de febrero. Ejemplo de ello fue la gran cantidad de multas, secuestros y suspensiones que hubo contra la prensa en los meses siguientes.

Para tratar de recuperar la iniciativa política frente a inmovilistas y reformistas, Arias impulsó un proyecto paralizado durante años: el Estatuto de Asociaciones. El texto aprobado exigía su fidelidad a los principios y leyes fundamentales del Estado, y las sometía al Consejo Nacional del Movimiento; pero autorizaba a medio plazo su participación en los procesos electorales. Para los inmovilistas, este estatuto era el comienzo de la disolución del régimen. Para los reformistas no suponía ningún avance en el sentido de la libre asociación, y rehusaron legitimar el proyecto constituyendo una organización como el gobierno les había pedido. En realidad, el Estatuto de Asociaciones implicaba la separación de las distintas tendencias políticas que habían confluido en el movimiento nacional, unitario hasta ahora, formado durante la Guerra Civil y al que más tarde se habían incorporado otros grupos. Era, por tanto, la revisión del Decreto de Unificación de 1937.

En febrero de 1975, un proyecto de regulación (muy restrictiva) del derecho de huelga provocó una nueva crisis de gobierno, al dimitir el ministro de Trabajo por rechazarse su propuesta. Arias aprovechó la ocasión para sustituir a algunos ministros, entre ellos José Utrera Molina como secretario general del Movimiento, sustituido por el falangista y miembro del Opus Dei Fernando Herrero Tejedor. Su vicesecretario general fue Adolfo Suárez. Ambos impulsaron el asociacionismo, buscando el acuerdo con las distintas tendencias políticas del régimen, cada una de las cuales fue constituyendo sus asociaciones. Sin embargo, este proceso se detuvo a los pocos meses al morir accidentalmente Fernando Herrero, y ser reemplazado nuevamente por José Solís Ruiz por decisión del propio Franco. El sector inmovilista, por tanto, seguía controlando la política general en sus aspectos fundamentales.

Pero en la primavera de 1975 hubo también elecciones sindicales, para las cuales las Comisiones Obreras promovieron candidaturas unitarias con un fin objetivo abiertamente político: acaparar los puestos obreros de la OSE para provocar su colapso, como instrumento que era de la patronal y la dictadura. Y lo consiguieron, además en un contexto de gran conflictividad social.

La Unión Militar Democrática

Entre las disidencias internas del régimen, se produjo en 1974 la muy importante de un sector de la oficialidad del ejército que, pocos meses después de la Revolución de los Claveles en Portugal, constituyó la Unión Militar Democrática. Se trataba de una asociación ilegal que denunciaba la legitimidad de un régimen surgido de una guerra civil, y proponía la reconciliación nacional a través de un régimen democrático, objetivo para el cual apelaba al patriotismo de los militares profesionales. A lo largo de 1975 se produjeron varias detenciones de miembros de la Unión Militar Democrática, con gran repercusión en la opinión pública, lo que implicaba el reconocimiento por parte del régimen de esta disidencia en el seno del ejército.

La Plataforma de Convergencia Democrática; Juan de Borbón

Como ya se ha dicho, el PSOE y algunos grupos de la derecha moderada había rechazado integrarse en la Junta Democrática de España por el gran peso que tenía en ésta el PCE. En junio de 1975, finalmente, estos sectores de oposición disidente constituyeron la Plataforma de Convergencia Democrática. Estaba formada por el PSOE y la UGT; el partido democristiano Izquierda Democrática, de Joaquín Ruiz-Giménez; Unión Socialdemócrata Española, de Dionisio Ridruejo; el PNV y otros partidos nacionalistas regionales; algunos grupos comunistas de tipo marxista-leninista. El programa político de la Plataforma de Convergencia Democrática era similar al de la Junta Democrática de España, variando principalmente respecto a la colaboración o no con el sector reformista del régimen; esta cooperación era defendida por la Plataforma y no por la Junta. Sin embargo, ambas organizaciones mantuvieron negociaciones para su unificación, que se produciría en 1976.

Simultáneamente, Juan de Borbón publicó un manifiesto denunciando el proyecto continuista previsto en las normas sucesorias del régimen, así como la ilegitimidad misma de éste. Proponía, una vez más, la restauración monárquica sobre la base de la democracia, las garantías de los derechos humanos y la voluntad popular. A Juan de Borbón el gobierno le recomendó entonces no entrar en territorio español, y Arias Navarro reafirmó los principios fundamentales del régimen.

El terrorismo: ETA, FRAP y GRAPO

Tras el atentado de la calle del Correo, ETA Militar emprendió una gran ofensiva, que provocó numerosas víctimas en el último año de vida de Franco. A ello se unió el surgimiento de dos nuevos grupos terroristas de extrema izquierda, que iniciaron su actividad en 1975: el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) y los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO).

La agonía del franquismo y de España

Ante esta situación, en el verano de 1975 el gobierno aprobó un decreto-ley antiterrorista que implicaba el estado de excepción permanente. Con ello, se eliminaban las garantías procesales (siempre insuficientes en la dictadura), se reforzaba la jurisdicción militar contra los actos considerados subversivos, y se establecía que los delitos relacionados con todo ello debían castigarse con penas en su grado máximo. Esta vuelta a la represión abierta se justificaba como medio necesario para combatir el terrorismo; pero se aplicó sobre todo a la oposición no violenta. Así, el decreto-ley confirmaba la ilegalidad de las organizaciones comunistas, socialistas (incluidos el PSOE y la UGT), nacionalistas y anarquistas, e insistía en que éstas defendían la estrategia subversiva basada en la violencia política; las relacionaba, por tanto, con el terrorismo presente.

La aplicación del decreto-ley provocó un gran número de detenciones y consejos de guerra por subversión y terrorismo, mediante procesos sumarísimos. Entre finales de agosto y principios de septiembre de 1975, había ya once condenas a muerte contra miembros de ETA y FRAP, y era previsible que se seguiría acumulando este tipo de penas en el futuro inmediato. Por tanto, hubo una gran campaña nacional e internacional pidiendo la conmutación de las penas y la moderación en la represión, en la que participaron activamente la Conferencia Episcopal Española, el Parlamento Europeo, los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembro de la Comunidad Económica Europea, y el papa Pablo 6º. A finales de septiembre, el gobierno español aprobó la ejecución de cinco condenados e indultó a los restantes. Al día siguiente, el gobierno estadounidense renovó el Convenio de Cooperación, legitimando así una vez al régimen español; pero la mayoría de los Estados europeo occidentales (incluido Portugal, que no pertenecía aún a la CEE) retiró a sus embajadores de Madrid. Las ejecuciones no solo no detuvieron la ofensiva terrorista, sino que ésta se intensificó en las semanas siguientes.

El 1 de octubre, en la conmemoración del aniversario de la designación de Franco como jefe del Estado, éste definió la campaña internacional como muestra del contubernio masónico-comunista contra la esencia de España, volviendo por tanto al discurso de la posguerra civil. Pero fue su último discurso.

Desde mediados de octubre, mortalmente enfermo Franco, su círculo privado desarrolló una serie de intrigas para conseguir la prórroga del mandato del presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, persona clave del sector inmovilista, habida cuenta de la gran influencia que ambos cargos tenían en la elección de la terna entre la que el jefe del Estado debía designar presidente del gobierno. La profunda crisis de la dictadura en sus últimos años, sin embargo, hacía inviable la continuidad del régimen bajo un nuevo jefe de Estado; a pesar de que el sector inmovilista contaba con los principales cargos ejecutivos del Estado, la monarquía del 18 de julio no sería posible.

El franquismo en la década prodigiosa: 1960-1969

2008-05-07T11:48:00.002+02:00

La reorganización de la oposición; el 4º Congreso del Movimiento Europeo: Munich, 1962

Como ya se ha dicho, los problemas provocados por el reajuste implícito en el Plan de Estabilización duraron pocos años, en los cuales se produjo una reducción de la protesta obrera como consecuencia de la retracción del empleo y la emigración exterior. Pero hacia 1962 la crisis de reajuste estaba ya superada, y se inició un importante crecimiento de la economía española, que se sostendría hasta la nueva crisis del petróleo. Además, 1962 fue también el año en que las organizaciones obreras consiguieron poner en práctica a gran escala las negociaciones de convenios colectivos, que habían side reguladas en 1958. Con este motivo, 1962 fue un año de huelgas de reivindicación económica en sectores estratégicos, como la minería y la metalurgia, especialmente intensas en provincias con tradición de lucha obrera. Esta movilización sería cada vez más importante durante la década de los sesenta.

El 4º Congreso del Movimiento Europeo: Munich, 1962

En 1957 se había firmado el Tratado de Roma, por el que se constituía la Comunidad Económica Europea, que en los años siguientes se consolidó y se convirtió en un símbolo político de Europa. Por ello, a principios de 1962 España solicitó su incorporación a la comunidad, con dos objetivos: que contribuyese a incrementar el desarrollo económico (lo que implicaba por tanto que se había renunciado definitivamente a la autarquía), y mejorar el reconocimiento internacional del régimen. Paralelamente a la integración europea, se había constituido una organización internacional, denominada Movimiento Europeo, que incluía distintas asociaciones y celebraba congresos periódicos. Para su 4º congreso, convocado en Munich en junio de 1962, invitó a una delegación española, formada por democristianos, liberales, socialdemócratas y socialistas, tanto del interior como del exterior de España. Este congreso, a propuesta de la delegación española, aprobó una resolución apoyando la instaruración en España de un régimen democrático, y el requisito de este tipo de regímenes para aquellos países que quisieran integrarse en la Comunidad Económica Europea; con ello, ésta se identificba plenamente como símbolo político, y no solo económico.

El gobierno español reaccionó de forma exagerada ante esta resolución. En particular, preparó la represión de los participantes residentes en España, por lo que algunos de ellos optaron por el exilio. Además, emprendió una campaña de prensa muy agresiva, para denunciar lo que llamó el contubernio de Munich como conspiración internacional contra España. De este modo, el gobierno retomaba el discurso de los años cuarenta, confirmando así las críticas contenidas en la resolución congresual y la prensa extranjera. Al mismo tiempo, el congreso había supuesto una alianza entre sectores moderador de la derecha y la izquierda (incluyendo a José María Gil Robles, participante en la delegación española en nombre del conservadurismo monárquico); así, se demostraba la existencia de una oposición nacional partidaria de una democracia moderada similar a las europeas occidentales, en contraste con un régimen que volvía al autoritarismo cuando lo condieraba necesario. Sobre todo, el congreso de Munich significó la opción del Movimiento Europeo por vincular la integración económica a condiciones políticas, principio que sería fundamental en el futuro de la Comunidad Económica Europea; al tiempo, quedaba descartado que ésta admitiese al régimen español, el cual por tanto no podía aspirar a mejorar su reconocimiento internacional. De hecho, ocurrió lo contrario, puesto que la limitada legitimidad conseguida en los últimos años se resintió por la vuelta al discurso de la posguerra.

Puesto que esta pérdida de credibilidad había sido consecuencia de una decisión gubernamental, debió profundizarse la renovación del gobierno emprendida en 1957, a fin de recuperar el prestigio. Por este motivo, se produjo una nueva crisis de gobierno.

El décimo y undécimo gobiernos de Franco: 1962-1965 y 1965-1969

Un mes después de la reacción contra el contubernio de Munich se renovó el gobierno. El nuevo se caracterizó por la institución de la vicepresindencia del gobierno, el incremento de la participación del Opus Dei y la vigorosa actividad de algunos ministros falangistas.

La vicepresidencia era ya necesaria para reemplazar a Franco en caso de ausencia o enfermedad, dada su avanzada edad. Fue encargada al falangista Agustín Muñoz Grandes, antiguo jefe de la División Azul. En 1967, la vicepresidencia del gobierno fue ocupada por Carrero Blanco, que de hecho venía ejerciendo un gran poder en la dirección política del régimen. El reforzamiento del Opus Dei en los ministerios económicos, protegido por Carrero, se produjo sobre todo por la incorporación de Gregorio López Bravo como ministro de Industria, quien dio a la gestión del desarrollo un objetivo de eficacia. Los ministros falangistas más importantes fueron José Solís Ruiz en la Secretaría General del Movimiento, y Manuel Fraga Iribarne en Información y Turismo. El primero de ellos procuró aumentar la función política de FET-JONS en el régimen, contrarrestando por tanto su pérdida de influencia en beneficio de los técnicos apoyados por Carrero. En cuanto a Fraga, promovió una apertura de ciertas instituciones del régimen (en especial el control de la prensa), pero con el objetivo de asegurar su continuidad adaptándolo a los nuevos tiempos; su política provocaría importantes conflictos entre los distintos grupos que apoyaban el régimen.

En 1965, se produjo una renovación parcial del gobierno (ahora el undécimo), pero sin varias la distribución de poder entre los grupos ni los objetivos políticos del gobierno de 1962. Ahora, la novedad más importante fue la incorporación como ministro sin cartera de Laureano López Rodó, que seguía además coordinando el plan de desarrollo entre los distintos ministerios económicos.

La represión: el Tribunal de Orden Público

Todos los sectores del régimen creían necesario reformarlo para asegurar su viabilidad; pero diferían en cuanto al carácter de las reformas que debían emprenderse. La tensión entre ellos fue aumentando a lo largo de la década de los sesenta, a medida que la transformación económica y social de España, y la reorganización de la oposición, hacían más difícil el sostenimiento de la dictadura.

También coincidían todos en la necesidad de sostener la represión. Ésta, sin embargo, ya no tenía el carácter masivo e indiscriminado de la posguerra; era mucho más selectiva, y solía centrase en dirigentes destacados de la oposición. La represión masiva, no obstante, se mantuvo para contrarrestar la creciente movilización obrera, y, así, fue muy importante durante las grandes huelgas en las provincias mineras e industriales. En cuanto a la represión selectiva, destacaron en 1963 los procesos contra el comunista Julián Grimau y los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado, todos ellos ejecutados en juicios militares con numerosas irregularidades. Estos procesos provocaron grandes campañas internacionales de protesta, incluyendo la petición de indulto por parte de importantes jefes políticos de distintos países. El descrédito que causaba la intervención de la jurisdicción militar en la represión hizo que en el mismo 1963 se constituyese el Tribunal de Orden Público, con el cual se ancargaba a la jurisdicción civil el procesamiento de los opositores. No obstante, su actuación se seguía basando en la consideración de cuaqluier oposición como subversiva.

El reformismo: la Ley de Prensa; la apertura sindical de Solís: 1966

Para la clase política, la represión no era incompatible con ciertas reformas puntuales, denominadas globalmente aperturismo, cuyo objetivo era, como se ha dicho, el sostenimiento del régimen. El principal implicado en los proyectos reformistas fue Manuel Fraga.

Una de sus primeras operaciones fue la gran campaña propagandística de los 25 Años de Paz, celebrada en 1964. En ésta, se sustituyó el discurso conspiratorio de 1962 en relación con el contubernio de Munich, por otro que celebraba el desarrollo económico (que ya empezaba a ser claramente perceptible) como consecuencia de las instituciones y principios del régimen. En particular, se destacaba el principio de unidad y la eliminación de la lucha de clases (resuelta ésta según el régimen por el mecanismo de cooperación del sindicato vertical), conseguidos por el triunfo del alzamiento, como elementos clave del desarrollo económico. Pero la alusión a la lucha de clases implicaba que, en 1964, la clase política estaba preocupada por el impulso creciente del movimiento obrero.

La obra ministerial más importante de Fraga fue la Ley de Prensa, aprobada en 1966 con una importante oposición dentro del régimen, incluyendo la de Franco y Carrero, que no obstante consideraban que las circunstancias interiores y exteriores obligaban a aceptarla. La ley otorgaba a las corporaciones editoriales la libre designación del director de las publicaciones (en la que antes intervenía el gobierno) y eliminaba la censura previa, que no obstante sería sustituida por una regulación ambigua de sanciones por el ejercicio de la expresión contra los principios del movimiento, las leyes fundamentales del Estado, la moral y el orden público. Puesto que estos límites eran tan difusos, se produjo una actuación arbitraria del gobierno, mediante sanciones y secuestros de publicaciones, que incidiría en el mismo aspecto de represión selectiva antes comentado. No obstante, se inició también un proceso dialéctico, entre editores y autores por un lado y órganos de control de prensa e información por otro, del cual surgiría en cierto modo una primera posibilidad de expresión y difusión. Esta situación incrementó las tensiones internas de la clase política del régimen, consecuencia de lo cual sería la salida de Fraga del gobierno en 1969.

El proyecto reformista de José Solís, como ministro secretario general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, consistía en el reforzamiento de FET-JONS y su mayor presencia social e institucional, de modo que el partido garantizase la continuidad del régimen a la muerte de Franco. Respecto al desarrollo de su implantación social, propuso la concesión del derecho de asociación, como medio de participación, pero dentro del contexto corporativo de la democracia orgánica y de acuerdo con los principios del movimiento. Por iniciativa suya, se elaboró un estatuto de asociaciones, que pretendía que éstas canalizasen las distintas tendencias políticas de los sectores que apoyaban al régimen, pero excluyendo la disidencia y la oposición. En el mismo sentido de ampliar la participación social en el contexto de la democracia orgánica se orientaba la reforma sindical emprendida por Solís. Su objetivo era reforzar la posición de la Organización Sindical Española en el ambiente de creciente movilización obrera; el medio fue la constitución de nuevos órganos conjuntos entre trabajadores, cuadros técnicos y empresarios; pero los puestos asignados a los obreros siguieron estando controlados por los dirigentes de la OSE. No obstante, ésta optó en las elecciones sindicales de 1966 por ampliar su base social permitiendol cierto grado de libertad de candidaturas y voto. La consecuencia de ello fue una alta participación, que se canalizó en beneficio del movimiento obrero antifranquista, que hacía ya tiempo que trataba de introducirse en la OSE a través de los enlaces sindicales, al tiempo que la denunciaba como organización que no permitía la defensa real de los intereses obreros. Este éxito del sindicalismo de oposición hizo que fracasara la reforma sindical de Solís. Casi al mismo tiempo, el Tribunal Supremo declaró ilegales las Comisiones Obreras, movimiento vinculado al Partido Comunista de España que iba convirtiéndose en la estructura básica del sindicalismo de oposición.

La sucesión a la jefatura del Estado

La Ley Orgánica del Estado y su referéndum: 1966

En 1966, tras un proceso de elaboración especialmente largo, fue aprobada en Cortes y sometida a referéndum la Ley Orgánica del Estado, culminación de la institucionalización del régimen. Su objetivo era garantizar el sometimiento de los órganos del Estado y del sucesor de Franco a los principios del movimiento nacional, una vez que el dictador muriese y se aplicase la Ley de Sucesión. Serían las instituciones del Estado y del movimiento las que deberían garantizar la continuidad, habida cuenta de que el sucesor no tendría los poderes ejecutivos extraordinarios que Franco había adquirido durante la Guerra Civil y que conservó toda su vida. Además, la Ley Orgánica del Estado ejerció una función reformista, en el sentido de que renovó parcialmente el discurso de algunas de las otras leyes fundamentales, para alejarlo de los principios fascistas y totalitarios de la época en que se elaboraron.

La Ley Orgánica del Estado establecía las siguientes disposiciones, algunas concebidas específicamente para su aplicación tras ka sucesión, y otras ejecutables en vida de Franco:

Separación de la jefatura del gobierno y la del Estado; la primera sería designada por la segunda de entre tres candidatos propuestos por el Consejo del Reino.

Reforma de la democracia orgánica, en el sentido de que, en cada provincia, los cabezas de familia y las mujeres casadas elegirían dos procuradores en Cortes en representación de la familia. Esta decisión se aplicó por primera vez en 1967. Pero los requisitos exigidos para ser candidato aseguraban la fidelidad al régimen.

El Consejo Nacional del Movimiento se encargaría de velar por el respeto a los principios generales y a las leyes fundamentales del Estado, teniendo además el medio jurídico para ello del recurso de contrafuero, que permitiría contrarrestar las decisiones gubernamentales que se desviasen de la naturaleza del régimen.

Para el referéndum, se emprendió una ambiciosa campaña dirigida por Manuel Fraga, y con la participación personal de Carrero y el mismo Franco. Estos dos últimos destacaron especialmente que la legitimidad del régimen procedía de la Guerra Civil, y que los poderes extraordinarios de la jefatura del Estado, emanados de aquélla, hacían innecesario el recurso al referéndum. Por tanto, presentaban éste como una concesión de Franco al pueblo. Sin embargo, su objetivo era conseguir un apoyo popular suficiente que proporcionase una legitimidad al régimen, tanto en el interior como en el exterior, alternativa a la bélica. Para asegurar esto último, se manipuló el censo, hasta el punto de que los votos emitidos en algunas circunscripciones fueron más que los electores censados, debiendo modificarse el censo de forma urgente para corregir el desfase. Los votos afirmativos fueron más del 95%, pero en las provincias con más movimiento opositor este porcentaje se redujo notablemente.

La designación del sucesor

Una vez aprobada y ratificada la Ley Orgánica del Estado, el problema siguiente era la designación del sucesor. Los monárquicos emprendieron entonces una activa campaña en favor de Juan de Borbón. Pero Franco rechazó esta candidatura, habida cuenta de que implicaba la restauración de la monarquía liberal, mientras que su proyecto sucesorio consistía simplemente en el mantenimiento del régimen presente con un rey como jefe del Estado. Franco y Carrero coincidían en que la persona adecuada para ello, dentro de la familia real, era Juan Carlos de Borbón. En 1969, finalmente, se presentó a las Cortes la propuesta para su designación como sucesor a la jefatura del Estado con el título de rey; no obstante, Franco insistió en que su legitimidad no debía ser la dinástica, sino la emanada de la victoria en la Guerra Civil. Los falangistas, contrarios a la monarquía, intentaron que el voto en las Cortes fuera secreto, sin conseguirlo, por lo que Juan Carlos de Borbón fue designado sin apenas oposición. Al día siguiente, el sucesor juró fidelidad a Franco y a los principios fundamentales del movimiento, y fue proclamado príncipe de España, y no de Asturias, para destacar que no se trataba de una mera restauración de la monarquía tradicional.

Desarrollo económico y social

La transformación económica

No obstante la reafirmación de la legitimidad emanada de la Guerra Civil, para Carrero y los técnicos del gobierno había otra fuente de legitimidad nueva, que era la estabilidad política y el desarrollo económico que se venían consiguiendo desde mediados de los años cincuenta. Estos logros estaban plenamente manifestados a mediados de los sesenta. Eran consecuencia del plan de desarrollo, coordinado por Laureano López Rodó. La política económica tenía dos frentes. El primero era el abandono de la economía autárquica, mediante una importante reducción de la intervención estatal y una mayor libertad empresarial. El segundo frente era el fomento del desarrollo económico, que tenía a su vez dos objetivos: promover con capital público la inversión en sectores estratégicos por su capacidad de arrastre y de activación económica general, pero cuya implantación inicial era poco atractiva para la empresa privada; y favorecer la industrialización de determinadas comarcas de difícil crecimiento, mediante la instalación en ellas de los llamados polos de desarrollo. En conjunto, estas medidas promovieron una reactivación económica que, además de elevar el nivel de vida general, atraía el capital tanto nacional como extranjero. A pesar de todo, la eficiencia de la política económica del plan de desarrollo fue muy limitada, la producción muy poco competitiva, y el producto sometido a menudo a especulación. Además, se mantuvo la inflación a un nivel muy alto, y siempre hubo un gran déficit comercial exterior (debido a la necesidad de importar materias primas y maquinaria).

Pero todo esto ocurría en un contexto económico internacional muy favorable para la expansión, y España pudo ahora integrarse en él. Los países desarrollados (principalmente europeo occidentales) demandaban mano de obra, sobre todo no cualificada; España aportó una parte importante de su población subempleada, que envió al lugar de origen parte de sus ingresos exteriores, o bien invirtió en España sus ahorros al retornar. En los países de destino de estos emigrantes, la población local iba subiendo de nivel de vida, al tiempo que mejoraban sus derechos laborales al descanso, y esto facilitó el turismo exterior en esos países, convirtiéndose España en un destino frecuente. Las divisas aportadas por la emigración y el turismo compensaron, por primera vez, el déficit comercial. Finalmente, un factor de desarrollo fue el incremento de la inversión extranjera en España, atraída por las perspectivas de crecimiento y por las condiciones de sometimiento de la mano de obra debidas a la falta de libertad sindical.

En todo caso, el factor fundamental de desarrollo fue la difinitiva conversión de España en un país industrial, proceso interrumpido durante la Guerra Civil y el período autárquico. Destacaron las industrias de producción de maquinaria para el consumo privado (automóviles, etc.), destinada principalmente al consumo interior habida cuenta de su falta de competitividad en el mercado internacional. La industria química y la construcción fueron también sectores importantes. La conversión de España en una economía moderna se completó con el gran incremento de actividad de los servicios, y la reducción consiguiente del sector primario.

Este último fue, por tanto, la fuente de mano de obra excedente para satisfacer la demanda de ella de los otros dos sectores. La agricultura redujo su importancia en la economía nacional, al tiempo que se modernizó notablemente e incrementó la variedad de la producción como consecuencia del aumento general del nivel de vida.

Las migraciones; tranformación social y cultural

La transformación de la agricultura provocó un gran fenómeno migratorio, iniciado a principios de los años cincuenta, cuando el estancamiento del campo le impedía absorber su propia población; estas migraciones de origen rural no se detuvieron hasta la crisis del petróleo de 1973. Las regiones de origen eran naturalmente las deprimidas, y muy especialmente las de agricultura latifundista además de Galicia. Y los lugares de destino fueron también las tradicionales provincias industrializadas, además del Levate (por el desarrollo turístico) y los países europeos occidentales. El éxodo rural coincidió con un gran crecimiento demográfico promovido por la subida del nivel de vida, y concentrado precisamente en las zonas de inmigración que era donde se instalaba la población migrante (generalmente joven). Por ello, los desequilibrios demográficos entre distintas regiones y comarcas se incrementaron notablemente.

Las migraciones de origen rural solían constituir, en la ciudad, una clase obrera no cualificada, que aumentó en una gran proporción su participación en la población activa total. Esta proletarización del campesinado pobre se completó con el mencionado desarrollo de la construcción, necesario para proveer de viviendas e infraestructuras los nuevos barrios de inmigración de las ciudades industriales. Este fenómeno de crecimiento urbano fue especialmente impactante en muchas ciudades de reciente industrialización. A la proletarización se unió el surgimiento de una clase obrera de servicios, así como una clase media muy diversificada generalmente también producida por los servicios. Esta clase media, con un nivel formativo y cultural superior a la media nacional, fue la principal impulsora del cambio social y cultural que se produjo en los años sesenta, asociado precisamente a la vida urbana. Era también una clase muy presente en la movilización política, a la que se adhería también una parte de los migrantes cuya participación política era favorecida por su juventud.

El incremento de la población activa, su acceso a puestos de trabajo mejor retribuidos, su traslado a ciudades con mejores infraestructuras y servicios, y la mejora general del nivel de vida, favorecieron un gran ascenso de la capacidad adquisitiva durante los años sesenta. Así, al final de la década ya se puede considerar que España era una sociedad de consumo; aunque éste para la clase obrera implicaba a menudo el endeudamiento, era un cambio importante que al menos tuviese acceso al crédito. La mejora del nivel de vida y la capacidad adquisitiva permitieron también a muchas familias obreras ampliar los períodos formativos de sus hijos, incluyendo (por primera vez intensamente) a las mujeres.

Esta diversificación de la población española y su acceso a formas de vida más complejas dificultó la capacidad de control y encuadramiento social del régimen, garantizada hasta ahora por la Iglesia y los órganos del partido. Hubo, por tanto, nuevas formas de encuadramiento social y cultural. A ello contribuyeron varios factores relacionados con el contacto con las formas de vida extranjeras: la televisión y el cine, el turismo, el retorno vacacional o permanente de los emigrantes, y los escasos pero crecientes viajes de españoles al exterior. Este mayor conocimiento por parte de la población de las sociedades democráticas y sus costumbres hacía difícil sostener el cerrado sistema de comunicación, información y opinión que había caracterizado al régimen desde sus comienzos; y ésta es una cuestión que debe tenerse en cuenta en relación con los proyectos de apertura (especialmente el de Fraga) y con las tensiones que generaban en el interior de la clase política. Porque incidían en el incremento de la oposición y la protesta social.

Protesta y oposición

La conflictividad social y el movimiento de las Comisiones Obreras; la movilización estudiantil

La segunda mitad de la década de los sesenta se inició con una alta conflictividad social, basada fundamentalmente en grandes huelgas desarrolladas entre 1966 y 1967, especialmente en las zonas mineras y siderúrgicas del norte. Destacó sobre todo la huelga de la compañía vizcaína Bandas en Frío, que constituyó un hito importante en la historia del movimiento obrero vasco. Los huelguistas fueron despedidos, y así la huelga se generalizó en Euskal Herria y se extendió en menor medida a otras regiones. El gobierno decretó el estado de excepción en Bizkaia, y se produjo una fuerte represión de la movilización obrera. A finales de la década, la congelación salarial impuesta por el gobierno dentro de los reajustes económicos asociados al Plan de Estabilización hizo que las huelgas nuevamente fueran numerosas y muy tensas en las zonas de gran movilización obrera; el gobierno llegó a decretar el estado de excepción en todo el territorio, recurriendo también a la represión. Aunque el gobierno denunciaba el carácter político de las huelgas, lo cierto es que sus motivaciones eran habitualmente de tipo laboral (sobre todo salarial), y que lo que les añadía una dimensión política era precisamente la respuesta represiva del régimen. Por ello, muchos conflictos inicialmente laborales terminaban, como el de Bandas en Frío, en luchas generales politizadas en solidaridad con los represaliados. Así, por ejemplo, en 1967, el Tribunal Supremo confirmó la ilegalidad toda huelga independientemente de sus motivos, y declaró ilegales también las Comisiones Obreras.

Estas últimas eran un movimiento social (no un sindicato), basado en la constitución espontánea de comisiones de trabajadores encargadas de hacer llegar a los representantes de la OSE y los patronos las reivindicaciones obreras. Surgió como consecuencia del establecimiento de la negociación colectiva, que requería la organización obrera; pero también de la decisión tomada por el PCE a finales de los años cuarenta de introducirse en el sindicato vertical a través del fomento de reivindicaciones laborales sin contenido político. Aunque el objetivo final de las Comisiones Obreras era la transformación política y social en un sentido democrático, no se constituyeron como las organizaciones políticas y sindicales tradicionales, poco efectivas en el contexto de represión presente (y que de hecho a menudo tenían sus principales estructuras fuera de España). Ejemplo de esto era su recurso a la asamblea soberana de trabajadores, que permitía una forma de organización alternativa y atraía a obreros no politizados. Esta táctica resultó muy efectiva en las elecciones sindicales de 1966, en las cuales hubo una gran participación y los candidatos de las Comisiones Obreras tuvieron un gran éxito. Precisamente, el ministro secretario general del Movimiento, José Solís, había promovido mediante la apertura sindical la ampliación de la base social del régimen. Pero el triunfo de las Comisiones Obreras alarmó a la clase política, y el proyecto reformista de Solís fue interrumpido. A partir de su ilegalización en 1967, las Comisiones Obreras combinaron la táctica de participación en el sistema sindical a través de los enlaces, con la actividad política clandestina de los militantes más comprometidos. Por esta razón, aumentó la influencia comunista en el movimiento, el cual anteriormente había estado integrado en mayor proporción por católicos obreros de las HOAC y la JOC.

Uno de los aspectos políticos del movimiento de las Comisiones Obreras era la denuncia de la OSE como medio controlado por el régimen e inadecuado para canalizar las reivindicaciones de los trabajadores. El mismo principio estaba incluido en otro intenso movimiento de conflicto social de la segunda mitad de los sesenta: el estudiantil. En este ámbito, se denunciaba igualmente el carácter controlado del SEU, ya muy desacreditado; el movimiento organizativo estudiantil se estructuró en los Sindicatos Democráticos de Estudiantes Universitarios. Este contexto reivindicativo tenía la importante particularidad de la condición social de sus activistas, de modo que la clase media se iba apartando del régimen. Sus movilizaciones (y su represión) tuvieron una gran intensidad, como en otros países europeos a finales de los sesenta, pero en España con el elemento añadido de lucha contra la dictadura.

La oposición antifranquista

Durante los años sesenta, la oposición fue organizándose y fortaleciéndose, al tiempo que daba un contenido político democratizador a las reivindicaciones sociales. La actividad clandestina se articuló principalmente a través del PCE y el Partit Socialista Unificat de Catalunya (también comunista), cuyos miembros tuvieron una importante presencia en los distintos movimientos sociales y culturales, de acuerdo con la táctica de participación social adoptada por el comunismo a finales de la década de los cuarenta, uno de cuyos aspectos eran las Comisiones Obreras. En esta concepción social de la oposición política, el cominismo coincidió con las organizaciones católicas obreras. Esto formaba parte de la prioridad dada por el PCE a la reconciliación nacional, frente a los objetivos revolucionarios últimos. Este aspecto, junto con su gran capacidad organizativa, convirtieron el comunismo en un movimiento atractivo para los opositores al régimen, atraidos a menudo más por la acción inmediata democratizadora que por el modelo socialista final. El PSUC desarrolló la misma estrategia en Catalunya, con la particularidad de que aquí la oposición era mayor, y por tanto pudieron organizarse las primeras acciones unitarias en favor de la democratización.

El movimiento socialista, al contrario que el comunista, no estaba organizado con un grado alto de disciplina. Además, se produjeron en su seno importantes debates ideológicos, y, de este modo, la acción de reivindicación cotidiana tuvo en él una función secundaria, alcanzando por tanto menor implantación en la oposición. Ejemplo de ello fue el mismo PSOE, cuya dirección en el exilio sostuvo un firme rechazo a la colaboración con el comunismo, al tiempo que promovía la inacción de los miembros del interior de España para evitar su represión. Así, los partidos comunistas fueron los canales principales de la oposición interior. Pero en territorio español había socialistas partidarios no solo de incorporarse a la acción, sino también de cooperar para ello con los comunistas; dieron lugar a varias formaciones políticas, entre las que destaca el Partido Socialista del Interior, dirigido por Enrique Tierno Galván.

Al mismo tiempo, continuaba el alejamiento del régimen de sectores del liberalismo y la democracia cristiana que lo habían apoyado inicialmente. Este proceso se intensificó tras el congreso del Movimiento Europeo de Munich en 1962, cuando se comprobó que era posible una oposición unitaria y moderada en la que la derecha democrática pudiese tener una gran influencia. A finales de los años sesenta, la incapacidad del régimen para controlar la agitación social promovió que estos sectores moderados emprendiesen una mayor actividad política, destacando por ejemplo en la defensa jurídica de los opositores represaliados. La derecha moderada de oposición fue especialmente importante en Catalunya y Euskal Herria, asociada en estas regiones al nacionalismo.

En Euskal Herria, además, se consolidó durante los años sesenta la actitud radical de ETA, que tras una larga época de debate político optó por el discurso nacional en su versión tercermundista, basada en la idea de la colonización por un invasor exterior al que era preciso expulsar violentamente. Este planteamiento tuvo cierto éxito, ya que la actuación represiva del régimen respecto a las manifestaciones nacionales apoyaba la argumentación de una colonización opresora.

La Iglesia y el catolicismo social

Desde la segunda mitad de los años cincuenta, y con más intensidad en los sesenta, los obispos españoles difundieron una doctrina social mediante cartas pastorales. Especialmente como consecuencia del desarrollo económico, insistían en la necesidad de atender las necesidades obreras, aunque canalizando el proceso a través de una forma corporativa de organización de trabajadores y empresarios. También ejercieron una gran influencia en los opositores católicos (especialmente Joaquín Ruiz-Giménez) las encíclicas de Juan 23 relacionadas con la doctrina social y las conclusiones del Concilio Vaticano 2º (1959-1965). Además del contenido social, esta nueva actitud de la Iglesia defendía los derechos humanos, incluida la tolerancia religiosa. Esto implicaba la aceptación por parte de la Iglesia de la secularización de la sociedad; pero al mismo tiempo llevaba a la moderación del anticlericalismo de los no católicos. Aunque la Iglesia española no era unánime en relación con estos nuevos principios, la parte de ella contraria al mantenimiento del régimen promovió un alejamiento del conjunto de la Iglesia respecto a éste. Esta parte estaba constituida fundamentalmente por clérigos jóvenes y seglares, especialmente relacionados con las clases obreras, y en Euskal Herria y Catalunya a menudo asociados al nacionalismo. La confirmación pontificia de la renovación eclesiástica permitía a estos sectores actuar con mayor legitimidad. Una vez más, destacaron en este proceso las organizaciones apostólicas seglares HOAC y JOC, que a veces empleaban un discurso muy radical (tomado, por otra parte, del evangelio) que competía por la adhesión obrera con el comunismo.

Ahora bien, el episcopado tendió a moderar esos movimientos de base, y a detenerlos cuando expresaban una oposición firme al régimen. En especial, rechazó la aproximación a los movimientos de origen marxista, cuyo discurso se basaba en el concepto de lucha de clases. Al mismo tiempo, los obispos intentaron controlar el movimiento de base incrementando su dependencia jerárquica respecto al mismo episcopado. Pero esto provocó la paralización de las organizaciones seglares tradicionales, como Acción Católica, y la canalización del catolicismo social por otros medios no controlados.

Respecto al papado, Juan 23 y Pablo 6º promovieron también el alejamiento del Vaticano respecto a la dictadura. Más aún, se reclamó la renuncia por el Estado español al derecho de presentación de los obispos, con la finalidad de renovar el episcopado con personas ajenas al régimen y por tanto más acordes con los movimientos católicos de base; esta petición, sin embargo, fue rechazada. Por ello, el papado optó por la designación de obispos auxiliares, no sujetos a la intervención gubernamental ni al derecho de presentación, que podían sustituir al obispo titular tras su muerte o jubilación. En la misma dirección renovadora apuntaba apuntaba la constitución en 1966 de la Conferencia Episcopal Española, en cuyo seno los obispos jóvenes pudieron incrementar su influencia.

El estado de excepción en 1969

A principios de 1969, el gobierno decretó el estado de excepción en todo el territorio, con la finalidad principal de desarticular los movimientos de oposición mediante la mayor capacidad ejecutiva para reprimir a sus dirigentes que este estado permitía. El motivo era la gran agitación social de los años precedentes, que previsiblemente aumentaría en 1969, en el contexto de la movilización estudiantil internacional. Además de aplicar la represión contra los dirigentes de los movimientos sociales, se restableció la censura previa de prensa, a fin de controlar lo que se publicaba sobre estas cuestiones, que tanta repercusión internacional solían tener. El estado de escepción se justificó recurriendo al argumento, muy empleado por las autoridades, de la paz y la colaboración sociales como factores fundamentales del gran desarrollo económico de la última década. También se atribuía la iniciativa de la agitación social al comunismo internacional, repitiendo el discurso sostenido desde la Guerra Civil, discurso que recordaba a la oposición precisamente que el régimen era el mismo que durante los peores tiempos del alzamiento y la represión de posguerra.

Estos argumentos, sin embargo, no eran correctos, ya que, cuando el estado de excepción se levantó, a los casi tres meses de su instauración, la agitación social continuó, demostrando precisamente el éxito de la táctica comunista de basarla en las reivindicaciones cotidianas y no en la ideología.

La crisis de gobierno de 1969

Para Carrero Blanco, los problemas principales vinculados a la oposición al régminen estaban relacionados con los ministerios de Información y Turismo, Secretaría General del Movimiento y Asuntos Exteriores, ocupados respectivamente por tres ministros reformistas: Fraga, Solís y Fernando María Castiella. Carrero insistió a Franco en la necesidad de sustituirlos a los tres. Respecto a la política exterior, el alejamiento del papado no era el único problema. Castiella había fracasado en su intento de mejorar las condiciones del Convenio con Estados Unidos, llegando incluso a poner en peligro su renovación, la cual era imprescindible para otros sectores del régimen partidarios de mantener el reconocimiento internacional a cualquier precio.

Por otra parte, en el verano de 1969 se conoció el más importante caso de corrupción de la dictadura, en torno a la empresa MATESA, vinculada a miembros del Opus Dei y a los ministerios económicos ejercidos por miembros de esta organización. Los ministros falangistas (especialmente Fraga y Solís) aprovecharon el caso para realizar una campaña contra el sector técnico del gobierno protegido por Carrero Blanco, a fin de fortalecer en él la influencia falangista. Así, el caso tuvo una gran repercusión en la prensa independiente, pero también en la controlada por el movimiento (fenómeno en el que Fraga y Solís eran respectivamente responsables). Carrero solicitó, una vez más, a Franco la sustitución de los ministros Fraga, Solís y Castiella, aunque ahora también la de los implicados en la corrupción. No obstante, su motivación fundamental no fue la corrupción, sino una vez más contrarrestar los proyectos reformistas de orientación política y no económica. Respecto a Solís, rechazaba su plan de fortalecimiento de la organización sindical en el régimen. A Fraga lo acusaba de favorecer el énfasis de la prensa en el caso MATESA; pero, sobre todo, de permitir la difusión de publicaciones de oposición, y la relajación de las costumbres morales a través del turismo y los medios de comunicación de masas.